El Boletín Oficial del Estado ha confirmado que el personal funcionario que participe en el operativo extraordinario vinculado al Real Decreto 316/2026 podrá percibir gratificaciones por su intervención en este proceso. La medida figura expresamente en los acuerdos de encomienda de gestión publicados el 16 de abril, donde se establece que la Secretaría de Estado de Migraciones asumirá los gastos extraordinarios derivados del dispositivo, incluidas las “gratificaciones del personal funcionario que participe en el proceso” y las horas previas de preparación y formación.
La previsión no supone una paga generalizada para toda la plantilla de la Administración, sino una compensación vinculada únicamente al personal que intervenga de forma directa en las oficinas habilitadas para este procedimiento excepcional. El acuerdo también contempla otros costes asociados al operativo, como seguridad, limpieza, mantenimiento o desarrollos informáticos necesarios para su puesta en marcha.
Una compensación limitada al personal implicado
El operativo se enmarca en la aplicación del Real Decreto 316/2026, aprobado el 14 de abril y en vigor desde el 16 de abril. La norma regula un procedimiento extraordinario para determinadas personas extranjeras que ya se encontraban en España antes del 1 de enero de 2026 y que cumplan los requisitos fijados por la legislación.
Para absorber el volumen de solicitudes, el Ministerio ha recurrido no solo a la estructura de Migraciones, sino también a la red territorial de la Seguridad Social. El acuerdo publicado en el BOE encomienda tareas de apoyo a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social y Pensiones, al Instituto Nacional de la Seguridad Social, a la Tesorería General de la Seguridad Social y a la Gerencia de Informática.
Seguridad Social asume parte del operativo
La función del personal movilizado será asistir en la recepción de solicitudes, la digitalización de documentos y su grabación en la plataforma Mercurio. El texto oficial precisa además que estos funcionarios no resolverán los expedientes ni comprobarán el fondo de la documentación presentada, ya que esa competencia seguirá correspondiendo a los órganos de Migraciones.
Su labor se limitará a ayudar a la persona solicitante en el uso de medios electrónicos, escanear y adjuntar la documentación, devolver los originales y facilitar el justificante de presentación. De este modo, el refuerzo administrativo se concentra en la atención presencial y en la carga material de expedientes, sin alterar el reparto formal de competencias.
Qué harán exactamente los funcionarios movilizados
En cuanto al despliegue territorial, el acuerdo prevé con carácter general una oficina por capital de provincia, con refuerzos adicionales en los territorios donde se espera una mayor carga de trabajo. En concreto, se contemplan dos oficinas en Alicante, Málaga, Murcia y Valencia, y tres en Madrid y Barcelona.
El BOE justifica esta red extraordinaria por la insuficiencia de medios propios de Migraciones para asumir en solitario toda la atención presencial del proceso. Por ello, la Administración ha optado por apoyarse en organismos con presencia territorial consolidada para dar salida al aumento de solicitudes.
Más oficinas y refuerzo en las zonas con mayor demanda
El dispositivo irá acompañado de una ampliación horaria temporal. Las oficinas habilitadas podrán atender solicitudes en horario de tarde, de 16:00 a 19:00 horas, de lunes a viernes, entre el 20 de abril y el 30 de junio de 2026.
Esa ampliación se concibe exclusivamente para este proceso extraordinario y es uno de los elementos que explican la previsión de gastos adicionales para el personal participante. La combinación de refuerzo horario, despliegue territorial y gratificaciones busca sostener un operativo excepcional durante algo más de dos meses.
Horario ampliado hasta finales de junio
En paralelo, el sindicato CSIF ha anunciado movilizaciones en la Agencia Tributaria y ha convocado una jornada de huelga general para el 8 de junio en todos los centros de trabajo de la AEAT. La protesta forma parte de un calendario que incluye también concentraciones y paros parciales durante el mes de mayo.
La convocatoria sindical coincide así con un momento de especial tensión en la Administración, marcado por nuevas cargas de trabajo y por la discusión sobre la compensación económica del personal implicado en operativos extraordinarios.