El reglamento alcanza sanidad, transporte, telecomunicaciones, empleo, Justicia y administraciones. La fecha de aplicación dependerá de su publicación definitiva en el BOE.
El Consejo de Ministros aprobó el 1 de septiembre de 2026 un real decreto sobre accesibilidad cognitiva. El texto prevé lenguaje claro, lectura fácil, pictogramas, apoyos sonoros y herramientas tecnológicas para comprender información, espacios y servicios. El Ministerio de Derechos Sociales lo presenta como el primer marco estatal transversal de esta materia. La publicación definitiva en el BOE y su entrada en vigor todavía deben verificarse antes de atribuir obligaciones inmediatas.
Las medidas alcanzan sanidad, transporte, empleo y Justicia
El reglamento comprende telecomunicaciones, espacios públicos, edificios, infraestructuras, transportes y bienes abiertos al público. También afecta a trámites como obtener el certificado digital con el móvil, cuando la información resulte difícil de comprender. Cada ámbito deberá adaptar la comunicación y la orientación a las necesidades de las personas usuarias.
Las herramientas pueden incluir documentos claros, versiones de lectura fácil, pictogramas, sonido y sistemas alternativos de comunicación. Digitalizar un procedimiento no garantiza por sí solo que resulte comprensible. La norma abarca relaciones con las administraciones, participación política, patrimonio cultural, empleo y Administración de Justicia. Una persona también debe entender los pasos, las consecuencias y la información solicitada.
La información accesible no podrá añadir costes ni retrasos
El Ministerio de Derechos Sociales indica que los apoyos deben ofrecerse sin coste adicional ni demora para la persona. Esta condición pretende evitar que la accesibilidad se convierta en un servicio opcional más lento o más caro. La adaptación deberá responder a la barrera concreta de cada comunicación, edificio o trámite.
Los potenciales beneficiarios incluyen personas con discapacidad intelectual, autismo, daño cerebral, problemas de salud mental o parálisis cerebral. También puede ayudar a mayores con deterioro cognitivo, personas con dificultades de lectura y migrantes que no dominan las lenguas oficiales. Estos apoyos complementan otros beneficios del 33% de discapacidad. Aquí, la barrera concreta es comprender la información y orientarse por el servicio.
La norma desarrolla una obligación legal aprobada en 2022
El real decreto desarrolla la disposición adicional segunda de la Ley 6/2022. Esa norma incorporó la accesibilidad cognitiva a la legislación sobre derechos de las personas con discapacidad. El Centro Español de Accesibilidad Cognitiva, CEACOG, prepara guías para ayudar a organismos y empresas. Sus trabajos incluyen la mejora de trámites como el ingreso mínimo vital, el DNI, extranjería o la declaración de la renta.
La aprobación por el Consejo de Ministros no significa que todas las medidas sean exigibles desde el 1 de septiembre. El articulado definitivo debe publicarse en el BOE y fijar la fecha de entrada en vigor. También puede establecer periodos de adaptación. Hasta que aparezca esa publicación, la formulación rigurosa es que el Gobierno ha aprobado el reglamento y ha anunciado sus principales ámbitos y herramientas.