La nueva ordenanza de animales todavía debe completar su tramitación. La sanción por excrementos subiría 110 euros respecto al importe actual.
Vitoria-Gasteiz aprobó inicialmente el 25 de septiembre su nueva ordenanza de animales, según informó el Ayuntamiento. El texto prevé multas de 200 euros por no limpiar con agua los orines y por abandonar excrementos en la vía pública. Estas cuantías aún dependen de la tramitación pendiente. Para los excrementos, el salto desde los 90 euros actuales supondría 110 euros más, un incremento aproximado del 122,2%.
La ordenanza de animales todavía no activa las nuevas multas
La votación del Pleno abre una fase administrativa que interesa tanto a propietarios de mascotas como a vecinos. La propuesta tendrá exposición pública durante 30 días hábiles, tras su publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava. El Consistorio sitúa su aprobación definitiva como una previsión para comienzos de 2027. Por tanto, la fecha de la votación no equivale al inicio de las nuevas sanciones. El anuncio modifica el escenario futuro de las multas por limpieza urbana, cuyo contenido depende de cada municipio.
El artículo 49 de la Ley de Bases del Régimen Local separa aprobación inicial, información pública y aprobación definitiva. Durante la exposición pueden presentarse reclamaciones y sugerencias, que deberán resolverse antes de cerrar el procedimiento. Si nadie presenta alegaciones, el acuerdo inicial puede convertirse en definitivo conforme a esa norma. La entrada en vigor exige además cumplir las condiciones de publicación aplicables. Esta secuencia permite distinguir una propuesta votada de una obligación nueva que ya pueda exigirse con ese régimen sancionador.
Qué representan los 200 euros y qué cifras no deben confundirse
La comparación económica procede de restar 90 a 200 y dividir la diferencia entre el importe de partida. Una misma infracción por excrementos tendría una sanción 2,22 veces superior, si la redacción termina aprobándose en esos términos. El porcentaje calculado describe el cambio anunciado, no una subida ya aplicada a expedientes anteriores. Tampoco corresponde sumar automáticamente otros 200 euros por orines a cualquier denuncia. Cada posible incumplimiento requerirá sus propios hechos y la aplicación del precepto que finalmente entre en vigor.
El anuncio también contempla 501 euros por carecer del seguro de responsabilidad civil exigido para los perros. Las infracciones graves se moverían entre 3.001 y 10.000 euros; las muy graves, entre 10.001 y 100.000 euros. Estos últimos importes corresponden a supuestos especialmente dañinos para los animales. No describen la sanción prevista por olvidar limpiar una micción. La protección de perros y gatos incluye obligaciones diferentes, por lo que identificar correctamente la conducta evita confundir cuantías municipales con otros regímenes legales.
La reforma convive con obligaciones que ya contempla la ley estatal
La Ley 7/2023 de bienestar animal ya contiene reglas sobre higiene, identificación y atención de los animales de compañía. Entre ellas figura evitar sus deposiciones y micciones en zonas de paso habitual y limpiar o retirar aquellas que se produzcan. También prohíbe mantener habitualmente perros y gatos en terrazas, balcones y otros espacios enumerados. El nuevo anuncio local no significa que antes pudiera desatenderse el cuidado del animal. La obligación sustantiva y el importe concreto de una sanción municipal son cuestiones que deben examinarse separadamente.
El texto estatal también exige identificar mediante microchip a perros, gatos y hurones. Para los gatos establece la esterilización antes de los seis meses, salvo los inscritos como reproductores conforme a su regulación. Son obligaciones cuyo alcance no se deduce únicamente del comunicado municipal. Quien tenga dudas sobre su mascota puede contrastar su documentación veterinaria con la norma aplicable. Una reforma municipal puede incorporar exigencias existentes y novedades propias dentro de sus competencias. Cada apartado anunciado no representa necesariamente una obligación inédita.
Dónde presentar observaciones y cómo distinguir una propuesta de una sanción
Para participar, el documento decisivo será el anuncio de exposición pública y el texto completo sometido a alegaciones. Allí deben comprobarse el inicio del plazo, los canales de presentación y la identificación del expediente. La Ley 39/2015 permite presentar escritos en los registros previstos legalmente y reconoce el derecho a formular alegaciones. El escrito puede identificar el artículo cuestionado, explicar el motivo y proponer una redacción concreta. Conservar el justificante de registro permite acreditar cuándo se presentó y qué documentación acompañaba la petición.
Una denuncia concreta plantea otra situación y exige atender la notificación recibida, los hechos atribuidos y la norma citada. La Ley 39/2015 reconoce derechos de defensa a quienes figuran como interesados en un procedimiento sancionador. Participar en la consulta de una ordenanza no sustituye la respuesta a un expediente individual.
El Ayuntamiento mantiene una página con la ordenanza vigente y ha publicado el acuerdo inicial del Pleno. Esas referencias permiten seguir la reforma sin dar por aplicadas unas cuantías que todavía están en tramitación.