La asociación sostiene que el Ayuntamiento podría tener que «indemnizar a los automovilistas afectados con el mismo importe de lo cobrado».
Pocas cosas fastidian más que abrir el buzón y encontrarse una multa cuando el asunto sigue atascado en los tribunales. Eso es lo que Automovilistas Europeos Asociados (AEA) ha puesto ahora sobre la mesa en Madrid. La organización ha pedido al alcalde, José Luis Martínez-Almeida, que paralice de inmediato el cobro de las sanciones por acceder a las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), las áreas con restricciones para determinados vehículos, hasta el pasado 6 de abril.
Todo queda pendiente de que el Tribunal Supremo decida si admite el recurso de casación del Ayuntamiento, que es el recurso con el que intenta que se revise la resolución judicial. AEA denuncia un perjuicio económico para cientos de miles de conductores madrileños y cuestiona la legalidad de esas multas. Además, sostiene que, si el recurso no es admitido, el Consistorio podría verse obligado a indemnizar a quienes ya pagaron, una posibilidad que no es precisamente menor.
¿Qué ha pedido AEA al alcalde de Madrid sobre las multas de la ZBE?
AEA ha solicitado a Martínez-Almeida la paralización inmediata del cobro de las multas impuestas por acceder a las ZBE hasta el pasado 6 de abril. Lo hace a la espera de que el Tribunal Supremo decida sobre la admisión del recurso de casación presentado por el Ayuntamiento de Madrid.
La asociación justifica esa petición por «el daño económico que desde hace más de cinco años se está causando a cientos de miles de conductores madrileños» y porque considera que se están cobrando sanciones de «dudosa legalidad». Dicho de forma sencilla, AEA pide poner el freno al cobro mientras el alto tribunal aclara si el recurso sigue adelante o ni siquiera entra a trámite.
¿Cuántas sanciones de la ZBE se han impuesto y cuánto dinero está en juego?
En su comunicado, AEA pone cifras muy concretas sobre la mesa. Desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2025, el Ayuntamiento ha impuesto 3.361.751 sanciones por un importe superior a 650 millones de euros, un volumen que, según la asociación, podría quedar sin efecto si el Tribunal Supremo inadmite el recurso, es decir, si no lo acepta a trámite.
| Periodo | Número de sanciones | Importe | Escenario que plantea AEA |
|---|---|---|---|
| Desde septiembre de 2021 hasta noviembre de 2025 | 3.361.751 | Más de 650 millones de euros | Las sanciones podrían quedar sin efecto si el Supremo inadmite el recurso |
La magnitud del conflicto se entiende mejor así, negro sobre blanco. Y sí, más de 650 millones de euros no son precisamente calderilla, de ahí que el choque entre recaudación, tribunales y conductores esté cogiendo tanto peso.
¿Por qué sigue el pulso judicial tras la nueva ordenanza aprobada en Cibeles?
El asunto viene de lejos. El pasado mes de marzo, el Pleno de Cibeles aprobó, con los votos en solitario del PP, la nueva ordenanza de Movilidad Sostenible, la norma municipal que regula este terreno. Lo hizo un año y medio después de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) anulara parte del texto aprobado en 2021, en concreto las Zonas de Bajas Emisiones, a raíz de un recurso de Vox.
Para Mario Arnaldo, presidente de AEA, el recurso de casación del Ayuntamiento responde a una «estrategia dilatoria», es decir, una maniobra para ganar tiempo, y no a razones de interés general, con el objetivo de «seguir recaudando». Frente a esa postura, el delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad, Borja Carabante, rechazó a finales de año devolver las multas en función de la postura del Tribunal Supremo porque, según defendió, cuando se produjo la infracción la ordenanza estaba vigente. Ahí está el nudo del problema: una parte discute la validez del cobro y el Ayuntamiento se agarra a que la norma estaba en pie cuando llegaron las sanciones.
¿Qué pueden hacer los automovilistas afectados según AEA?
En la parte más práctica, AEA lanza una recomendación clara para los conductores afectados. La asociación pide recurrir todas las sanciones y agotar las vías de defensa, es decir, no dejar el procedimiento en el primer intento porque el frente judicial sigue abierto.
- Recurrir todas las sanciones impuestas por acceder a las ZBE.
- Agotar todas las vías de defensa disponibles.
Respecto a las multas ya pagadas, AEA va un paso más allá y sostiene que el Ayuntamiento estaría obligado a «indemnizar a los automovilistas afectados con el mismo importe de lo cobrado». Esa tesis choca con la posición municipal expresada por Carabante, así que la última palabra, al menos por ahora, sigue en manos de los tribunales.