Juan Carlos Nieto ayudaba en Mérida a vecinos que no lograban realizar trámites online para pedir prestaciones y subsidios cuando la oficina estaba vacía.
Juan Carlos Nieto, funcionario del Servicio Público de Empleo Estatal en Mérida, ha sido sancionado tras atender a ciudadanos que acudían sin cita previa para gestionar una prestación por desempleo o un subsidio. Según la información facilitada, estas personas no habían conseguido completar el trámite por internet, bien por falta de medios, desconocimiento digital o por las dificultades para conseguir turno.
El caso ha provocado malestar porque la atención se habría realizado cuando la oficina estaba vacía y después de haber atendido a quienes sí tenían cita. Es decir, no se trataba de saltarse una cola ni de perjudicar a otros usuarios. Se trataba, según la versión recogida, de ayudar a quienes se quedaban atrapados en una administración cada vez más difícil de entender.
La sanción del SEPE reabre el debate sobre la cita previa obligatoria
Juan Carlos Nieto llevaba casi 40 años en el mismo puesto y, con 56 años, se encontró con un expediente sancionador por una actuación que él vincula a la atención de personas con problemas para acceder a los trámites. ¿Qué ocurre cuando alguien necesita cobrar una prestación y no consigue ni siquiera una cita?
El Ministerio de Trabajo sostiene que el expediente contiene otros motivos que no pueden hacerse públicos por la confidencialidad del procedimiento. Sin embargo, en la información aportada se recoge que el funcionario asegura que la notificación hacía referencia a la atención de personas sin cita y a la entrega de documentación necesaria para solicitar ayudas sociales.
La situación deja una imagen incómoda: ciudadanos con necesidad de ingresos, oficinas con huecos vacíos y trabajadores públicos que, si ayudan fuera del circuito marcado, pueden acabar señalados. Vamos, que la burocracia vuelve a ponerse por delante de la persona.
La brecha digital dificulta pedir prestaciones del SEPE a muchos ciudadanos
El problema de fondo no es solo una sanción. Es la dificultad de muchas personas para moverse por canales digitales que no siempre entienden o a los que ni siquiera tienen acceso. Personas mayores, familias con pocos recursos o ciudadanos sin conocimientos informáticos pueden quedar fuera de ayudas que necesitan para pagar el alquiler, comprar comida o mantener a sus hijos.
Según expone Juan Carlos, trámites que antes podían resolverse en pocos días ahora se alargan durante semanas. Incluso se menciona que vecinos de Mérida han tenido que desplazarse más de 100 kilómetros para realizar una gestión administrativa.
Mientras tanto, el ciudadano queda pendiente de una cita, de un documento o de una llamada que no llega. Y ahí es donde este caso abre una pregunta difícil de esquivar: cuando una administración no llega a tiempo, ¿debe castigarse a quien intenta tender una mano?