El dueño conoció y consintió la reforma de la vivienda, financiada por la mujer para instalar allí su hogar familiar.
Una mujer que pagó la reforma de la vivienda donde convivió con su pareja recuperará 47.463,02 euros del propietario, padre de su expareja. El Tribunal Supremo aprecia enriquecimiento injusto tras quedar acreditada su aportación económica y el beneficio recibido por el dueño. La sentencia fue dictada el 23 de julio donde la demandante había abandonado el inmueble con su hijo menor después de terminar la relación.
La reforma de la vivienda transformó una planta vacía en el hogar familiar
El edificio pertenecía al padre de la pareja y estaba situado en la provincia de Córdoba. Cuando comenzaron las obras, la planta que iba a ocupar la familia no reunía las condiciones necesarias para vivir. Los trabajos realizados entre julio de 2009 y junio de 2010 incluyeron albañilería, fontanería, carpintería, electricidad y pintura. También se equiparon espacios como la cocina y el baño. El importe reclamado comprendía esas actuaciones y mejoras posteriores. La pareja residió allí con su hijo hasta que la convivencia se deterioró.
Los tribunales de instancia consideraron probado que la mujer había sufragado íntegramente el coste económico de las obras. Para llegar a esa conclusión valoraron transferencias, documentación y movimientos bancarios. Parte del dinero procedía de sus padres y abuelas. El tratamiento fiscal del dinero recibido de familiares es una cuestión diferente del reembolso reclamado en este proceso. Esas aportaciones permitieron reconstruir el origen de los fondos. También sirvieron para contrastar las explicaciones del propietario sobre quién había pagado la mejora.
El propietario permitió las obras y conservó todo su valor
El dueño y su hijo participaron con trabajo personal durante el acondicionamiento. Sin embargo, esa colaboración no desvirtuó la prueba sobre la financiación aportada por la demandante. Las resoluciones examinaron la cuenta compartida de la pareja y apreciaron que la contribución económica del hombre era insignificante. Tampoco quedó acreditado que el propietario hubiera dispuesto de cantidades suficientes para asumir el coste. Cuando la mujer se marchó, el inmueble conservó la mejora obtenida: una planta terminada, acondicionada y amueblada que antes era un espacio sin habilitar.
La demandante sostuvo que existía una promesa de poner la vivienda a nombre de ambos miembros de la pareja. Esa alegación formó parte de su reclamación, pero el fallo se apoya en las condiciones acreditadas del enriquecimiento injusto. El Supremo destaca el conocimiento y consentimiento del propietario durante la realización de los trabajos. No se trataba de una intervención ocultada al dueño ni ejecutada frente a su oposición. Esa circunstancia resulta decisiva para identificar la acción jurídica adecuada y corregir la respuesta que habían dado los tribunales anteriores.
Dos tribunales rechazaron la reclamación por la vía jurídica elegida
La mujer presentó su demanda en febrero de 2019. Tanto el juzgado de Montilla como la Audiencia Provincial de Córdoba rechazaron la petición, pese a considerar probada la inversión. Entendieron que debía haberse utilizado la regulación de la accesión inmobiliaria del artículo 361 del Código Civil. Ese régimen contempla determinadas construcciones realizadas en terreno ajeno y las opciones del propietario. Al considerar que existía una acción específica, descartaron la reclamación por enriquecimiento injusto, una vía subsidiaria que no sustituye libremente a cualquier otra prevista legalmente.
El Supremo corrige ese razonamiento. Subraya que se acondicionó una planta ya existente y, además, que el propietario conoció y autorizó las obras. Su jurisprudencia excluye aplicar automáticamente las reglas de accesión a situaciones de esas características. La Sala recuerda precedentes sobre mejoras realizadas con consentimiento de los dueños, incluidas viviendas familiares en inmuebles de los suegros. El conflicto no giraba sobre los límites de las reformas frente a vecinos o elementos comunes. Debía decidirse quién podía conservar el beneficio económico de una inversión ajena después de romperse la convivencia.
El fallo concede el importe probado y los intereses desde la demanda
La Sala aprecia los elementos necesarios para estimar el enriquecimiento injusto en este caso. La mujer sufrió una disminución de su patrimonio al financiar el acondicionamiento. El propietario obtuvo un aumento correlativo del valor de su inmueble, sin asumir aquel desembolso. Entre ambos hechos existía una relación directa. Además, tras la ruptura y la salida de la demandante, faltaba una causa que justificara conservar gratuitamente toda esa ventaja. La sentencia no se limita a constatar que hubo una separación: examina el destino del dinero y la situación patrimonial resultante.
El Supremo estima íntegramente la demanda y condena al propietario a pagar 47.463,02 euros, más los intereses legales desde su presentación. También le impone las costas de primera instancia, mientras cada parte asume las correspondientes a su intervención en los recursos. El fallo no adjudica a la mujer una participación en la propiedad. Le reconoce el reembolso económico acreditado en este litigio. La decisión depende de esas pruebas y del consentimiento del dueño. No convierte cualquier gasto durante una convivencia en una deuda automáticamente exigible al terminarla.
