Lidl paga más de 38.500 euros tras ser sancionado en Cataluña por descuentos falsos y otras infracciones

FACUA comunica el pago reducido de Lidl por publicidad engañosa, falta de información a la inspección y vulneración de derechos lingüísticos.

Lidl ha pagado 38.500,50 euros tras aceptar una propuesta sancionadora de la Agencia Catalana de Consumo, según comunicó FACUA el 6 de noviembre. La cuantía inicial era de 77.001 euros y comprendía tres incumplimientos, entre ellos anunciar descuentos falsos. La asociación, que presentó la denuncia, explica que la cadena abonó la mitad dentro del plazo previsto. El caso distingue una multa administrativa de las reclamaciones que puedan plantear consumidores por sus compras concretas.

La sanción a Lidl reúne tres partidas y no corresponde íntegramente a las falsas rebajas

Según FACUA, la propuesta asignaba 35.000 euros a la publicidad engañosa y otros 35.000 a no facilitar información requerida por la autoridad. Los 7.001 restantes correspondían a derechos lingüísticos, al no estar el tique redactado en catalán. La reducción se aplicó tras aceptar la propuesta y pagar en quince días hábiles. Son los datos comunicados por la entidad denunciante. Su suma explica por qué la cantidad inicialmente fijada supera el importe finalmente abonado, sin convertir toda la sanción en una multa exclusiva por precios.

El antecedente público se remonta a la denuncia que FACUA anunció el 27 de junio de 2023. Entonces cuestionó productos promocionados en junio cuyo precio coincidía con el aplicado en mayo, cuando no figuraban como rebajados. Una oferta debe poder contrastarse con datos anteriores, además de con el cartel del momento. Las advertencias sobre las rebajas recuerdan la importancia de conservar información de compra. El expediente comunicado ahora aporta una consecuencia administrativa a aquella actuación de la asociación, años después de su presentación.

La publicidad obliga al comercio y debe permitir entender lo que realmente se ofrece

La Agencia Catalana del Consumo explica que la publicidad vincula a la empresa y que el comprador puede exigir su cumplimiento. La información comercial debe ser veraz y objetiva, sin inducir a confusión sobre el producto o sus condiciones. Si una promoción promete una prestación concreta, esa promesa forma parte de la información que debe valorarse al reclamar. La autoridad recomienda conservar catálogos, anuncios, ofertas y capturas. Esos documentos permiten comparar lo anunciado con lo entregado, especialmente cuando el reclamo desaparece después de la compra.

En las reducciones de precio, el artículo 20 de la ley estatal de comercio minorista establece una referencia precisa. Debe figurar el precio anterior junto al reducido, con la excepción prevista para artículos puestos a la venta por primera vez. El anterior es el menor aplicado a productos idénticos en los treinta días precedentes. Esta regla evita que la comparación dependa simplemente de un importe elegido para destacar el descuento. La normativa contempla también una excepción específica para precios reducidos por proximidad de caducidad o consumo preferente, destinados a evitar desperdicio alimentario.

Los derechos lingüísticos y la colaboración con los inspectores tienen obligaciones propias

El Código de consumo de Cataluña reconoce el derecho a recibir en catalán determinada documentación vinculada a las relaciones de consumo. Su artículo 128-1 incluye facturas, presupuestos, resguardos de depósito y documentación contractual, entre otros documentos. Por eso, el soporte que acredita una compra también queda dentro de las obligaciones informativas del comercio. Esta regulación pertenece al ámbito catalán. La sanción comunicada por FACUA no permite trasladar idéntica exigencia lingüística a establecimientos de otras comunidades autónomas, aunque pertenezcan a la misma cadena.

Otra obligación consiste en facilitar la información requerida durante una inspección. El artículo 331-6 del código catalán tipifica su incumplimiento y contempla también obstrucciones a las actuaciones de control. Los inspectores necesitan contrastar documentación para comprobar si la información comercial coincide con la actividad del establecimiento. Esa función es distinta de atender una reclamación particular en caja. El expediente puede examinar ambos aspectos, pero cada incumplimiento responde a obligaciones diferentes. Separarlos permite entender la composición de una sanción sin atribuir todo su importe a un único comportamiento.

Reclamar una cantidad y denunciar una infracción siguen caminos diferentes

La denuncia comunica a la Administración hechos que podrían vulnerar las normas de consumo, para que los investigue y actúe cuando corresponda. Una reclamación, en cambio, busca resolver un perjuicio individual, como una facturación incorrecta o el incumplimiento de una oferta. Los reembolsos por cobros indebidos muestran ese segundo terreno. Para plantearlo, resulta útil describir qué se compró, cuánto se pagó y qué solución se solicita. La multa a una empresa no implica, por sí sola, un ingreso automático para cada cliente.

La guía catalana exige reclamar primero a la empresa y conservar un justificante, como un correo, una hoja sellada o un número de seguimiento. La compañía dispone de hasta treinta días para contestar. Si no responde o la respuesta resulta insatisfactoria, el consumidor puede acudir a la oficina correspondiente. Quienes residan fuera de Cataluña deben dirigirse al organismo próximo a su domicilio. La mediación y el arbitraje permiten intentar una solución conforme a sus requisitos. El documento de compra y la prueba del anuncio ayudan a concretar lo ocurrido en cada caso.

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