El Real Decreto 387/2026, que aprueba la OEP de 2026, no incorpora un máster obligatorio de dos años para acceder a A1 o A2. La norma indica que la fase de oposición debe intentar limitarse a un máximo de tres pruebas, salvo causa justificada. También establece que los cursos selectivos y los periodos de prácticas no podrán superar, con carácter general, seis meses en conjunto. Es una diferencia importante frente al diseño anunciado en 2025, aunque una futura reforma normativa podría modificar este marco. La OEP prevé además cronogramas, más descentralización y medidas para acelerar los procesos.
Un ejemplo concreto es la convocatoria del Cuerpo Superior de Administradores Civiles del Estado, subgrupo A1, publicada en diciembre de 2025 y ejecutada durante 2026. El proceso mantiene una fase de oposición con cuatro ejercicios y un curso selectivo cuya duración estimada es de cuatro meses. Quienes preparan ese proceso siguen sujetos a esas bases, no al modelo de posgrado anunciado meses antes.
Qué proponía Función Pública para A1 y A2 en 2025
La propuesta presentada el 21 de julio de 2025 planteaba pruebas de acceso a institutos o escuelas vinculadas a la Administración. Entraría más alumnado que plazas disponibles, con una selección posterior para ordenar a los aspirantes. El Ministerio anunció itinerarios formativos de 120 créditos ECTS para A1 y 90 para A2. También contempló que quienes superasen la formación sin obtener plaza pudieran recibir un título oficial de posgrado. El esquema incluía becas y ayudas vinculadas a criterios económicos.
El diseño provocó rechazo entre asociaciones de cuerpos superiores y abrió una negociación que no llegó a concretar una reforma. El País informó en septiembre de 2026 de que FEDECA no había vuelto a ser convocada para abordar el proyecto. El relevo en la Secretaría de Estado se produjo el 21 de octubre de 2025, cuando Consuelo Sánchez Naranjo sustituyó a Clara Mapelli. FEDECA relacionó ese cambio con la pérdida de impulso, pero Función Pública no ha atribuido oficialmente la situación a ese relevo.
Función Pública centra 2026 en acelerar procesos y cubrir vacantes
La OEP de 2026 autoriza 27.232 plazas en la Administración General del Estado, incluidas 346 vinculadas a emergencias climáticas. El Gobierno señala que existen 6.000 plazas de turno libre más que las bajas producidas el año anterior. La norma obliga además a elaborar un diagnóstico cuando la última convocatoria de un cuerpo cubrió menos del 75% de las plazas. Ese informe puede proponer cambios en pruebas, temarios, plazos, comunicación y captación de talento.
El envejecimiento de la plantilla explica parte de la presión para atraer candidatos. El estudio oficial con datos de enero de 2025 sitúa la edad media de la AGE en 49,89 años. Además, el 57% de su personal supera los 50 años. Esa necesidad de relevo convive con procesos que no siempre logran cubrir todas las plazas. Recientemente se han analizado 1.510 plazas de la Seguridad Social y 23 becas de preparación para determinados cuerpos superiores.
Qué deben hacer ahora los opositores A1 y A2
A fecha de 21 de septiembre de 2026, la OEP vigente no impone con carácter general un máster de dos años para acceder a A1 o A2. Cada aspirante debe seguir la convocatoria concreta de su cuerpo, las bases publicadas en el BOE y los avisos del organismo convocante. No basta con el anuncio de 2025 para cambiar los requisitos de una convocatoria ya publicada. Existe información sobre procesos selectivos abiertos y nuevas convocatorias de empleo público.
La estrategia Consenso por una Administración Abierta fue presentada con un horizonte general de despliegue hasta 2027. Sin embargo, la documentación oficial consultada no fija una fecha de entrada en vigor para el posgrado de acceso A1 y A2. Cualquier cambio aplicable deberá aparecer en la normativa y en las bases correspondientes. Hasta entonces, los opositores deben preparar el programa vigente de su cuerpo y vigilar las