El Pleno del Congreso debatió y votó ayer, martes 24 de febrero, la toma en consideración de una proposición de ley de Sumar para impedir despidos colectivos cuando una empresa traslada su actividad fuera de la UE o del Espacio Económico Europeo. La decisión solo determinaba si la iniciativa se admite a trámite.
Ayer martes 24 de febrero, el Congreso celebró el debate y la votación sobre si abría la puerta a tramitar esta proposición de ley registrada por Sumar. ¿Qué significa esto en la práctica? Que la Cámara no decidía aún sobre la entrada en vigor de la norma, sino únicamente si la iniciativa continúa su camino parlamentario, un proceso que podría prolongarse durante meses antes de una eventual aprobación definitiva.
La propuesta de Sumar busca frenar despidos por deslocalizaciones fuera de la UE
La iniciativa del grupo plurinacional pretende reforzar la protección de las plantillas en procesos de deslocalización empresarial. Según el texto, la finalidad es garantizar los derechos de las personas trabajadoras cuando se produce un traslado de actividad o la transmisión de unidades productivas, en un contexto en el que determinadas multinacionales han desplazado parte de su producción a terceros países.
Sumar justifica la propuesta con ejemplos como el de la planta de Sekurit, perteneciente a la multinacional francesa Saint Gobain en Avilés, inmersa en un despido colectivo que, según la formación, culmina un proceso en el que buena parte de la actividad productiva se ha trasladado a fábricas fuera de la Unión Europea. También menciona a empresas como “Zara o H&M” y al conjunto de la industria textil, que, a su juicio, ha afrontado sucesivas oleadas de deslocalizaciones hacia “países que no consiguen garantizar los derechos mínimos de las personas trabajadoras”.
Además, en la exposición de motivos, Sumar sostiene que las deslocalizaciones tienen efectos directos como la desinversión y el cierre de centros productivos, lo que conllevaría reducción del tejido económico y destrucción de empleo.
La reforma del Estatuto de los Trabajadores plantea prohibiciones y límites claros
El núcleo de la proposición de ley pasa por introducir una nueva disposición adicional en el Estatuto de los Trabajadores. Con esa modificación, se impediría que las empresas que deslocalicen su actividad fuera de la UE recurran a varias medidas laborales cuando estén vinculadas a esos traslados: despidos colectivos, extinciones contractuales por causas objetivas, modificaciones sustanciales de las condiciones de trabajo o inaplicaciones de convenios colectivos. Para entenderlo de un vistazo, estas son las claves que recoge el texto:
| Medida incluida en la proposición | Qué pretende impedir u obligar | Cuándo se aplicaría |
|---|---|---|
| Limitación de despidos colectivos y otras medidas | Evitar ERE, extinciones objetivas, cambios sustanciales e inaplicaciones de convenio vinculadas al traslado | Si la empresa traslada su actividad industrial o productiva fuera de la UE o del EEE |
| Reintegro de ayudas públicas | Devolver ayudas si se deslocaliza tras haber recibido medidas asociadas a ERTE o Mecanismo RED | Si la empresa fue beneficiaria en los cuatro años previos y luego traslada la actividad fuera del espacio comunitario |
| Transparencia en ventas o transmisiones | Aportar información detallada a la plantilla y permitir participación sindical | En procesos de venta o transmisión de empresas y unidades productivas |
Devolver ayudas de ERTE y Mecanismo RED si se traslada la actividad fuera del espacio comunitario
Otro punto relevante es el relativo a ayudas públicas. El texto contempla que las compañías que hayan sido beneficiarias en los cuatro años previos de medidas asociadas a expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) o al Mecanismo RED deban reembolsar las ayudas recibidas si finalmente trasladan su actividad fuera de la Unión Europea o del Espacio Económico Europeo.
¿Qué ocurre ahora tras la votación de ayer en el Pleno del Congreso? La votación de ayer no suponía, por sí misma, la entrada en vigor de la norma. En caso de prosperar la toma en consideración, el texto iniciaría su tramitación parlamentaria, con apertura del plazo de enmiendas por parte de los distintos grupos.
En ese debate, previsiblemente, aflorarán discrepancias jurídicas y económicas sobre el alcance de la limitación propuesta y su encaje en el marco europeo de libertad de establecimiento. Vamos, que aunque el debate ya arrancó, el recorrido puede ser largo.