La nueva normativa europea obliga a reducir el consumo energético del parque residencial y a concentrar las actuaciones en los edificios con peor rendimiento. La medida no impone una reforma automática a todos los propietarios.
La Unión Europea ha reforzado las normas sobre eficiencia energética de los edificios, un cambio que obligará a España a impulsar nuevas medidas de rehabilitación. Las viviendas antiguas, con un aislamiento deficiente o instalaciones de calefacción poco eficientes estarán entre las principales candidatas, aunque la antigüedad no será el único criterio utilizado.
España deberá reducir un 16% el consumo energético de las viviendas en 2030
La Directiva (UE) 2024/1275 establece que los Estados miembros deberán reducir al menos un 16% el uso medio de energía primaria de su parque residencial antes de 2030, tomando como referencia los niveles de 2020. Para 2035, el descenso tendrá que situarse entre el 20% y el 22%.
Esto no significa que todas las viviendas españolas tengan que ser reformadas antes de 2030. La obligación recae sobre el Estado, que deberá aprobar políticas nacionales capaces de alcanzar esos porcentajes y decidir qué edificios, actuaciones y programas tendrán prioridad.
La directiva entró en vigor el 28 de mayo de 2024 y fijó el 29 de mayo de 2026 como plazo general para su incorporación a las legislaciones nacionales. Por tanto, 2030 representa el primer gran objetivo de reducción del consumo, no el inicio de una obligación general para los propietarios.
Las viviendas menos eficientes concentrarán buena parte de las futuras reformas energéticas
Bruselas exige que, como mínimo, el 55% de la reducción del consumo residencial se consiga mediante actuaciones sobre el 43% de los edificios con peor eficiencia energética. Los países deberán identificar este grupo utilizando datos del parque inmobiliario y certificados energéticos.
Entre las intervenciones que pueden mejorar el rendimiento de una vivienda se encuentran el aislamiento de fachadas y cubiertas, la sustitución de ventanas, la modernización de los sistemas de climatización o la incorporación de energías renovables.
Los edificios antiguos serán uno de los principales focos por sus mayores pérdidas térmicas. Sin embargo, una vivienda construida hace décadas no quedará obligada a realizar obras únicamente por su edad. Su consumo, características y calificación energética serán factores determinantes.
El certificado energético ganará peso en las ventas, alquileres y rehabilitaciones
El certificado de eficiencia energética ya debe ponerse a disposición de compradores y arrendatarios en España. También debe aparecer su etiqueta en las ofertas y anuncios destinados a la venta o al alquiler de un inmueble.
El Gobierno está adaptando este sistema al nuevo marco europeo. Entre los cambios planteados se encuentran la actualización de la escala de calificación, la incorporación de nuevos indicadores y la creación de un pasaporte de renovación vinculado al certificado energético.
La directiva europea no establece por sí sola una prohibición general para vender o alquilar viviendas con una letra energética baja. Cualquier requisito de este tipo tendría que quedar recogido expresamente en la normativa española.
España deberá definir ayudas y protección para los hogares más vulnerables
Los Estados deberán acompañar las reformas con financiación, incentivos y asistencia técnica, prestando una atención especial a los hogares vulnerables, las personas afectadas por la pobreza energética y los residentes en viviendas sociales. La normativa también contempla medidas de protección para los inquilinos.
España tendrá que presentar su plan nacional definitivo de renovación de edificios antes del 31 de diciembre de 2026. Ese documento deberá concretar las políticas, inversiones y actuaciones previstas para cumplir los objetivos de 2030, 2035 y 2050.