El juicio por los despidos en Rockstar reúne a 23 demandantes. La empresa alega filtraciones y rechaza represalias por actividad sindical.
Los despidos en Rockstar han llevado a 23 exempleados ante un tribunal laboral de Glasgow por supuestas represalias sindicales. Entre ellos figura Dayne Oram, que declaró el 11 de septiembre de 2026 sobre una posible vigilancia tras una petición sobre teletrabajo. El proceso sumó nuevas declaraciones empresariales el 14 y 15 de octubre, según The Times. La creadora de Grand Theft Auto sostiene que sancionó la divulgación de información confidencial. La controversia exige distinguir una sospecha de vigilancia de una lista sindical prohibida.
Los despidos en Rockstar afectaron a 34 trabajadores y 23 participan en este juicio
Rockstar despidió a 34 trabajadores en octubre de 2025, repartidos entre Reino Unido y Canadá. De ellos, 31 estaban destinados en Escocia y tres trabajaban en Canadá. Sin embargo, participan en este procedimiento 23 exempleados escoceses, representados por el Sindicato Independiente de Trabajadores de Gran Bretaña, IWGB. Los empleados canadienses quedan fuera de este litigio. Los trabajadores habían colaborado en Grand Theft Auto VI. Como en otros litigios británicos por quejas en chats laborales, los mensajes intercambiados entre compañeros forman parte del conflicto.
Oram relacionó su salida con una petición sobre teletrabajo remitida a la dirección en 2023. El abogado de Rockstar, Thomas Cordrey, contrapuso un dato concreto: 141 de sus 154 firmantes no fueron despedidos. Por diferencia, 13 sí perdieron su empleo, aproximadamente el 8,4 % de quienes suscribieron aquella petición. Este cálculo describe únicamente al grupo de firmantes. No demuestra por sí mismo una represalia ni permite descartar otras pruebas sobre cómo se seleccionó a los despedidos.
Qué se discutía en el grupo de Discord
Buena parte del procedimiento gira alrededor de un foro de Discord utilizado por unos 300 empleados para hablar sobre la compañía. Oram participó en su creación y moderación. Según el comunicado publicado por IWGB el 13 de septiembre, defendió que las conversaciones sobre condiciones laborales estaban vinculadas a la organización sindical. El sindicato sostiene que el espacio servía para captar afiliados y preparar actuaciones colectivas. Esa es la interpretación de una parte del litigio, discutida por Rockstar.
La empresa afirma que allí se compartió información confidencial, conducta que considera una falta grave. Durante el interrogatorio, Cordrey también presentó comentarios despectivos dirigidos contra la compañía y sus responsables. Recordó que las normas del foro exigían mantener un comportamiento profesional y constructivo. Oram admitió que reconsideraría algunas decisiones de moderación, aunque defendió evitar un control excesivo. Esos intercambios explican la disputa sobre el funcionamiento del canal, pero no equivalen a una conclusión judicial sobre los despidos.
Cuándo una lista de empleados puede ser ilegal
La normativa británica sobre listas negras exige algo más que una relación de nombres. El artículo 3 del reglamento de 2010 contempla listas con datos sobre afiliación o actividad sindical elaboradas para discriminar laboralmente. La discriminación puede afectar a la contratación o al trato recibido por los trabajadores. Por tanto, hablar de vigilancia no acredita automáticamente la existencia de una lista prohibida. Hay que determinar qué información se reunió y con qué finalidad se pretendía utilizar.
El artículo 152 de la ley sindical británica de 1992 protege frente al despido cuyo motivo principal sea la afiliación a un sindicato independiente. La norma considera injustificado ese motivo de despido. También ampara determinadas actividades sindicales realizadas fuera del horario laboral o dentro de él con acuerdo empresarial. Esto obliga a examinar la causa principal del cese, no solamente la pertenencia al sindicato. Aunque existen otros despidos con contexto sindical analizados en España, sus categorías jurídicas no deben trasladarse automáticamente a este procedimiento británico.
Las declaraciones de octubre y las cuestiones pendientes
El 14 de octubre, Rob Spampinato, vicepresidente de recursos humanos, negó haber encargado un seguimiento de la afiliación sindical, según The Times. Al día siguiente, Jennifer Kolbe, responsable de publicación, asumió la decisión de despedir a los 34 trabajadores. La crónica del 15 situaba todavía el procedimiento ante la jueza Lucy Wiseman. Estas declaraciones actualizan el testimonio de septiembre, pero no constituyen un fallo. Las informaciones consultadas no recogen una sentencia definitiva sobre las reclamaciones.
El reconocimiento sindical constituye otra cuestión. La guía del Gobierno británico explica que permite negociar colectivamente salarios y condiciones laborales. Ese acuerdo regula la interlocución entre empresa y plantilla; no decide si un despido anterior fue lícito. Por eso, las conversaciones sobre reconocimiento mencionadas en septiembre no sustituyen la valoración judicial de lo ocurrido en 2025. Tampoco permiten anticipar readmisiones ni fijar indemnizaciones. La protección frente a represalias debe examinarse conforme a la normativa británica sobre actividad sindical.