Ver bebidas energéticas o cigarrillos electrónicos cerca de adolescentes es, para muchas familias, algo cada vez más habitual. Precisamente por ahí va el cambio que entró en vigor este sábado, 7 de marzo, en Galicia. La comunidad se convertirá en la primera de España en prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de edad.
Además, la nueva ley gallega contra las adicciones equipara estas bebidas al alcohol y los cigarrillos electrónicos al tabaco en todo lo relativo a su venta y consumo por parte de menores. El objetivo es reforzar la protección de la salud juvenil y afrontar este problema desde una perspectiva preventiva. De hecho, Galicia se sitúa así entre los territorios europeos más avanzados en la regulación de estos productos, en línea con países como Polonia o Letonia.
¿Qué cambia desde este sábado con las bebidas energéticas y los cigarrillos electrónicos en Galicia?
La entrada en vigor de la norma cambia de forma clara el acceso de los menores a dos productos cada vez más presentes en su día a día. Aquí no hay demasiada vuelta: las bebidas energéticas pasan a tener, para los menores, un tratamiento equiparable al del alcohol, mientras que los cigarrillos electrónicos se equiparan al tabaco en lo que respecta a su venta y consumo. Para no perderse con la nueva regulación desde este sábado, conviene quedarse con estas claves:
- Galicia prohíbe la venta de bebidas energéticas a menores de edad.
- Las bebidas energéticas se equiparan al alcohol en lo relativo a la venta y al consumo por parte de menores.
- Los cigarrillos electrónicos se equiparan al tabaco en lo que afecta a la venta y al consumo por parte de menores.
Por tanto, la ley no se queda en una advertencia genérica, sino que fija un marco concreto para reducir la exposición de la juventud a productos que pueden generar dependencia y problemas de salud. Es un cambio importante porque afecta a artículos que ya forman parte del entorno cotidiano de muchos menores y de sus familias.
¿Por qué la Xunta presenta esta ley como un antes y un después?
El conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, destacó durante una visita a la Unidad de Atención a la Drogodependencia de Santiago de Compostela que esta legislación marcará un antes y un después en la protección de la salud de los menores en la comunidad. Según explicó, el objetivo no se limita a prohibir determinados productos, sino a promover una estrategia integral para prevenir las adicciones desde edades tempranas.
Esa estrategia se basa en educación, concienciación y prevención. Dicho de forma sencilla, la idea es actuar antes de que el problema vaya a más. De ahí que el Gobierno gallego ponga el foco en reducir la exposición de la juventud a sustancias o productos que pueden generar dependencia y otros problemas de salud.
Cómo queda la red gallega de atención a las drogodependencias tras su integración en el Sergas
Durante la misma visita, Gómez Caamaño también puso el acento en otro cambio de fondo. El pasado 1 de enero culminó la integración de las 13 Unidades de Atención a la Drogodependencia de Galicia en el Servizo Galego de Saúde, el sistema sanitario público gallego. Hasta ahora, estos dispositivos dependían de los ayuntamientos, así que el movimiento tiene bastante miga aunque suene a trámite administrativo.
La Xunta destina 4,8 millones de euros a la red gallega de atención a las drogodependencias, que cada año presta asistencia a más de 7.100 pacientes en toda la comunidad. Según se trasladó durante la visita, esta integración busca mejorar la coordinación y garantizar una atención más completa, además de poner a disposición de los usuarios todos los recursos humanos y materiales del sistema sanitario público. La burocracia no suele levantar pasiones, pero aquí la intención es que se note en la atención diaria.
¿Qué papel tiene la Unidad de Atención a la Drogodependencia de Santiago de Compostela?
La Unidad de Atención a la Drogodependencia de Santiago de Compostela es uno de los ejemplos más claros de esa red asistencial. El dispositivo presta servicio a una población de cerca de 352.000 habitantes procedentes de 40 ayuntamientos y atiende anualmente a alrededor de 1.000 personas. Son cifras que ayudan a entender el alcance real de un recurso muy pegado al territorio.
Su estructura se organiza en tres áreas principales: atención ambulatoria, unidad de día y un taller ocupacional orientado a la reinserción social, es decir, a facilitar que la persona recupere su autonomía y su vida cotidiana. El equipo está formado por profesionales de medicina, enfermería, psicología y trabajo social, que trabajan de forma coordinada para ofrecer una atención multidisciplinar. Durante la visita, el conselleiro agradeció la labor de estos profesionales y subrayó la importancia de implicar al conjunto de la sociedad en la lucha contra las adicciones, un reto que debe abordarse como una prioridad de salud pública.