La cuantía del Ingreso Mínimo Vital para dos adultos y dos menores roza los 1.400 euros y se acerca al salario de 5,5 millones de trabajadores, mientras los expertos alertan de desincentivos al empleo y de la poca eficacia de las ayudas para reducir la pobreza.
El incremento del Ingreso Mínimo Vital (IMV), que este año ha subido un 11,4 por ciento tras su validación en el Congreso, sitúa la prestación de una familia formada por dos adultos y dos menores en 1.393 euros al mes. Al mismo tiempo, una cuarta parte de los asalariados cobra un sueldo medio que no supera los 1.400 euros, y en los dos deciles salariales más bajos las remuneraciones apenas llegan a 1.280 euros. La brecha entre salario y ayudas se estrecha tanto que, para muchos, la diferencia real es mínima.
Un 25% de asalariados cobra menos que familias con Ingreso Mínimo Vital
Según la estadística del INE, un 25 por ciento de los empleados percibe sueldos por debajo de esos 1.400 euros, muy cerca de lo que recibe una unidad familiar con el IMV actualizado. Aunque se comparan realidades distintas, renta familiar frente a salario individual, el resultado es claro: las ayudas públicas se aproximan cada vez más a lo que cobran 5,5 millones de trabajadores. Para verlo con más claridad, basta con repasar algunas cifras clave que se recogen en el análisis original.
- IMV para una familia de dos adultos y dos menores: 1.393 euros al mes
- Subida del IMV este año: 11,4 por ciento
- Un 25 por ciento de trabajadores: salario medio inferior a 1.400 euros
- Dos deciles salariales más bajos: remuneraciones en torno a 1.280 euros
Estos datos ponen sobre la mesa la distorsión que señalan distintos expertos: las subvenciones son imprescindibles para los hogares vulnerables, pero se sitúan en niveles muy próximos a los sueldos de quienes trabajan a tiempo completo. La pregunta es inevitable: si el esfuerzo adicional apenas se nota en el bolsillo, ¿cómo se incentiva de verdad el empleo?
Nuestro país reduce menos la pobreza con ayudas públicas familiares
La protección social tampoco está logrando todo el efecto esperado en la lucha contra la pobreza. Una estimación del Instituto de Estudios Económicos (IEE) a partir de los datos de Eurostat concluye que la tasa de hogares vulnerables apenas se reduce un poco más de 6 puntos porcentuales tras recibir ayudas públicas. La media del área del euro recorta 8,5 puntos y otros socios europeos logran descensos mucho mayores.
El siguiente cuadro resume la diferencia que se recoge en el estudio entre varios países europeos, tomando como referencia la reducción del riesgo de pobreza después de las ayudas.
| País | Reducción del riesgo de pobreza tras ayudas (puntos) |
|---|---|
| España | -6,2 |
| Eurozona | -8,5 |
| Francia | -10,1 |
| Irlanda | -13,1 |
Mientras tanto, el presidente de Economistas Asesores Laborales del Consejo General de Economistas, Jesús Fernández-Bravo, recuerda que «el objetivo no es solo proteger renta, sino facilitar transiciones efectivas al empleo». Es decir, no basta con sostener los ingresos; hace falta que el sistema sirva de puente hacia un trabajo estable.
Desincentivos al empleo por el diseño del Ingreso Mínimo Vital
El director general del IEE, Gregorio Izquierdo, señala como problema principal «la ausencia de un buen diseño». Las prestaciones se solapan, no están coordinadas y pueden llegar a generar una renta social superior a la que ofrece el propio mercado laboral, con el consiguiente riesgo de desincentivo para aceptar un empleo.
El IMV está vinculado sobre el papel a un compromiso de empleo, con itinerarios de inclusión y medidas para mejorar la empleabilidad. Además, en 2023 se modificó su diseño para que determinados ingresos de trabajo no supongan una reducción inmediata de la ayuda. Sin embargo, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (Airef) estima que el IMV reduce la probabilidad de trabajar en un 12 por ciento y que ese desincentivo supera el 20 por ciento en menores de 30 años, hogares monoparentales y beneficiarios con cuantías más altas. No es precisamente una cifra menor.
Subsidio de desempleo para mayores de 52 años y decisión laboral
A la complejidad se suma el entramado de subvenciones de distintos niveles: estatales, autonómicas, provinciales y locales. Se configura así un auténtico puzle en el que se pueden combinar un subsidio por desempleo con otras ayudas, sin una coordinación clara entre quien paga la prestación y quien gestiona las políticas activas de empleo. Lo recuerda Miguel Ángel García, de Fedea, al subrayar que el Estado abona la ayuda, pero son los servicios públicos de empleo autonómicos los que deben facilitar la vuelta al trabajo.
El subsidio para mayores de 52 años, de 480 euros al mes con una cotización del 125 por ciento sobre el salario mínimo, se ha convertido en un caso paradigmático. Según este experto, puede resultar más atractivo seguir percibiéndolo hasta la jubilación que aceptar una oferta de empleo por debajo de 1.350 euros mensuales e incluso, en algunos casos, de hasta 1.450 euros.
Por su parte, Valentín Bote, director de Randstad Research, apunta que el desincentivo se dispara cuando la suma de ayudas cubre en torno al 80 por ciento del salario que la persona espera. A partir de ahí muchos se plantean, con toda lógica, si les compensa trabajar, sobre todo en zonas con menor coste de vida. Y es que, como se suele decir, los números tienen que salir.
Este año, el aumento del salario mínimo hasta 1.221 euros brutos mensuales eleva también el límite de rentas para acceder al subsidio hasta 915,75 euros y la base mínima de cotización ligada a esta ayuda hasta 1.780 euros. El problema aparece cuando la ayuda se pierde de forma brusca al aceptar un empleo y no existe una retirada gradual compatible con el salario, lo que puede dejar una mejora real de ingresos muy limitada. De ahí que los expertos insistan en que el sistema debe garantizar siempre una ganancia neta clara al trabajar y facilitar el paso de la ayuda al empleo en un contexto en el que la tasa de paro baja pero muchas vacantes siguen sin cubrirse.