Las tarjetas prepago requieren valoración de Servicios Sociales y se gestionan con Cruz Roja. La periodicidad depende de cada expediente.
Las Palmas de Gran Canaria ha destinado 287.500 euros a sus tarjetas prepago para alimentación e higiene durante las primeras semanas del programa. El balance municipal del 6 de noviembre recoge 256 familias derivadas a Cruz Roja entre el 3 y el 30 de octubre. El sistema permite cantidades de hasta 900 euros según el tamaño del hogar. La intervención comienza en Servicios Sociales, que decide la modalidad y el importe tras valorar cada situación.
Las tarjetas prepago pueden entregarse una vez o cada mes
La escala establece 400 euros para una persona, 500 para dos, 600 para tres y 800 para cuatro. Los hogares de cinco o más integrantes pueden alcanzar 900 euros. La concesión puede ser única o mensual, según determine la valoración social. Por ello, tener cinco miembros no supone recibir automáticamente 900 euros todos los meses. El programa incluye una modalidad para personas sin hogar, dotada con 250 euros mensuales. Son importes municipales propios, diferentes de las tarjetas para alimentos reguladas por otras administraciones.
También existen tarjetas no nominativas de 100 euros para urgencias, con un máximo de dos por persona beneficiaria. Cuando las dificultades de movilidad o autonomía lo justifiquen, se contempla comprar y entregar los productos en el domicilio. La escala familiar tiene incrementos distintos: pasar de tres a cuatro integrantes añade 200 euros, mientras pasar de cuatro a cinco añade 100. Un sexto miembro mantiene el mismo máximo del tramo. Estos cálculos ayudan a interpretar las cantidades sin convertirlas en una prestación individual por cada miembro del hogar.
La cita con el centro del barrio es la puerta de entrada
El Ayuntamiento indica que la cita en Servicios Sociales se solicita mediante el teléfono gratuito 010. La atención se organiza según el domicilio y no exige que el vecino conozca previamente qué oficina le corresponde. La red dispone de cinco centros municipales y cuatro unidades de trabajo social de zona. Su directorio distribuye expresamente los barrios entre esos equipos. Por ejemplo, Ciudad Alta atiende Escaleritas y Siete Palmas, mientras la unidad de Guanarteme cubre Santa Catalina, Guanarteme y Las Canteras. El portal incluye ubicación y transporte público.
Las preguntas frecuentes municipales explican que, al pedir cita, se comunica el centro, su dirección y el profesional asignado. También contemplan situaciones como el agotamiento del subsidio de desempleo o una pensión de jubilación insuficiente. En esos casos puede estudiarse una prestación económica si se cumplen los requisitos. La necesidad debe valorarse individualmente y no garantiza una tarjeta por el simple hecho de estar desempleado o jubilado. Esa primera atención permite identificar el recurso pertinente y evita tramitar una ayuda que no responda a las circunstancias del hogar.
Cruz Roja entrega las tarjetas después de la valoración municipal
Una vez derivada la familia, Cruz Roja contacta con ella, comprueba sus datos y organiza la emisión y entrega. La entidad informa sobre el funcionamiento y los productos admitidos cuando se recoge la tarjeta. La financiación municipal del sistema asciende a 423.893,49 euros. El balance describe el programa iniciado el 3 de octubre y no anuncia una nueva apertura de solicitudes en noviembre. Tampoco permite calcular la prestación individual dividiendo los 287.500 euros entre las 256 derivaciones: el importe y la modalidad se deciden en cada expediente.
Los centros municipales ofrecen información, orientación y valoración sobre los recursos disponibles, además de tramitar prestaciones propias y de otras instituciones. Su catálogo incluye ayudas de especial necesidad, emergencia social y apoyos para mayores o personas con discapacidad. La atención puede abarcar varias necesidades de una misma familia, no únicamente la compra de alimentos. También sirve para orientar sobre prestaciones con procedimientos distintos, como la Renta Canaria de Ciudadanía. La decisión sobre cada recurso depende de su regulación y de la situación acreditada.
Las necesidades que quedan fuera de la compra tienen otras vías
La ordenanza municipal de prestaciones de especial necesidad y emergencia social regula una vía adicional de atención económica. Su finalidad incluye afrontar situaciones sobrevenidas, desequilibrios familiares y necesidades básicas valoradas por el personal técnico. Entre los conceptos que define figuran alimentación, higiene, vestido, calzado y equipamiento básico del hogar. Esa relación pertenece a las prestaciones reguladas por la ordenanza. No amplía automáticamente los productos que pueden adquirirse con las tarjetas. Cada recurso conserva su finalidad y la valoración correspondiente, aunque ambos formen parte de la atención social municipal.
La misma ordenanza configura esas prestaciones como ayudas extraordinarias y no periódicas, concedidas directamente mediante valoración social. También prevé su carácter complementario cuando otro apoyo no cubre completamente la necesidad. Para una familia con dificultades simultáneas de alimentación y equipamiento doméstico, la atención puede estudiar ambos problemas mediante las vías correspondientes. La normativa vincula las prestaciones a procesos de intervención y comprobación. Por eso, describir todas las necesidades ante el equipo municipal resulta más útil que reducir la consulta a la cifra máxima de una tarjeta concreta.