La ayuda por cuidar a hijos con enfermedad grave tendrá prórrogas de ocho meses desde enero

El nuevo reglamento de la CUME entra en vigor el 5 de enero de 2027. Mantiene la acreditación médica y distingue el periodo inicial de las renovaciones.

Las familias que cobran la prestación por cuidar a hijos con cáncer u otra enfermedad grave tendrán periodos de reconocimiento más largos desde el 5 de enero de 2027. El Real Decreto 957/2026, publicado en el BOE el 5 de noviembre, establece cuatro meses iniciales, una primera prórroga de seis y las siguientes de ocho. La ampliación depende de que continúe la necesidad de cuidados. El reglamento también ordena la revisión médica y la adaptación de los expedientes en curso.

El primer reconocimiento será de cuatro meses y después llegarán las prórrogas

El artículo 12 del nuevo reglamento de la CUME fija esa secuencia. Si el informe médico acredita una necesidad de cuidado más breve, el reconocimiento se ajustará a ese periodo. La renovación podrá pedirse durante los tres meses anteriores al final del tramo reconocido o en su fecha de finalización. Los ocho meses no constituyen una duración automática para todos los solicitantes ni sustituyen el examen de las circunstancias médicas.

La CUME compensa los ingresos perdidos por reducir la jornada para atender directamente a la persona enferma. Exige una reducción de al menos el 50%. Es una protección específica dentro de las ayudas de la Seguridad Social, distinta de una baja médica del progenitor. El Ministerio contabilizaba 19.753 procesos vigentes en su nota del 3 de noviembre, con una duración media de 664,2 días. Son datos de esa publicación, anteriores a la aplicación del reglamento.

Los cambios de octubre permiten prolongar la protección más allá de los 26 años

Parte de la reforma ya procede del Real Decreto-ley 31/2026, cuyos cambios sobre CUME producen efectos desde el 23 de octubre. Permite prolongar excepcionalmente el derecho después de los 26 años con discapacidad igual o superior al 65% o dependencia de grado III. Debe mantenerse la convivencia y la necesidad acreditada de atención directa, continua y permanente. No basta con cumplir la edad o presentar un diagnóstico: deben subsistir los requisitos de esta prestación.

La reforma también admite el disfrute alternativo o simultáneo por ambos progenitores cuando reúnen las condiciones. Si los dos cobran por cuidar a la misma persona, cada subsidio equivale al 50% de su respectiva base reguladora de incapacidad temporal por contingencias profesionales. En el disfrute individual, se aplica el 100% de esa base en proporción a la reducción de jornada. Estos porcentajes explican por qué solicitar una reducción de jornada por cuidados y determinar cuánto corresponde de subsidio son decisiones relacionadas, pero diferentes.

La escolarización y determinados tratamientos serán compatibles con la prestación

El desarrollo reglamentario contempla situaciones asistenciales equivalentes al ingreso hospitalario, como hospitalización domiciliaria o tratamientos ambulatorios complejos. La necesidad de cuidados deberá quedar acreditada. También permite compatibilizar la prestación con la escolarización y determinadas prácticas formativas de la persona enferma. Asistir a un centro educativo no eliminará por sí solo el derecho, siempre que continúe la atención exigida. El listado de enfermedades incorpora, entre otras, el trastorno del espectro autista de nivel 3 de apoyo.

La supervisión médica seguirá formando parte del expediente. Después de los primeros 24 meses desde el reconocimiento inicial, y cada dos años a partir de entonces, la prórroga requerirá un informe vinculante de la Inspección Médica del servicio público de salud. Para prestaciones que ya estén en curso al entrar en vigor el reglamento, el cómputo se establece desde la última prórroga reconocida. La ampliación de los periodos, por tanto, cambia la frecuencia de renovación sin eliminar la comprobación del cuidado.

Los expedientes abiertos conservarán las actuaciones realizadas

Desde el 5 de enero, los procedimientos y prestaciones en curso pasarán a regirse por el nuevo texto, conservando la validez de las actuaciones realizadas. Las disposiciones más favorables tendrán aplicación preferente en los términos de su régimen transitorio. El plazo inicial correcto es el del BOE: cuatro meses. La nota ministerial del 3 de noviembre menciona seis meses, una cifra que no coincide con el artículo 12 publicado posteriormente.

Para tramitar la prestación, la Seguridad Social reúne los formularios y certificados necesarios, incluidos documentos de la empresa y el informe sanitario. La gestión corresponde a la entidad gestora o mutua competente en cada caso. Quien ya cobre la ayuda puede comprobar la fecha final de su periodo reconocido y preparar la documentación de continuidad. Quien solicite por primera vez deberá acreditar tanto la reducción laboral como la atención que requiere la persona enferma.

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