El anteproyecto, en audiencia e información pública hasta el 10 de diciembre, declara nulo de forma automática el despido de informantes y amplía la protección a extrabajadores y candidatos.
El Ministerio de Trabajo y Economía Social ha puesto a consulta un anteproyecto con dos artículos y tres disposiciones finales para reforzar la protección de quienes informan de irregularidades en sus empresas. Su objetivo es claro: que no haya represalias y que, si las hay, el despido sea nulo, modificando incluso el Estatuto de los Trabajadores. ¿Qué cambia con esta reforma? No es poca cosa.
Nulidad automática del despido para informantes y cambios en periodo de prueba
La novedad central es la nulidad del despido de quienes hayan comunicado actividades ilegales. Hasta ahora, lo habitual era la improcedencia, que no impedía la salida del trabajador. Con el nuevo marco, serán nulos los despidos disciplinarios y los objetivos por causas económicas, organizativas, técnicas o de producción cuando se produzcan tras la comunicación y haya indicios de relación entre ambos hechos. Además, se cierra la puerta a represalias amparadas en el poder de dirección. También al periodo de prueba: la extinción será nula si afecta a una trabajadora por embarazo o maternidad o si se produce “con ocasión de una revelación o presentación de información o comunicación” vinculada a infracciones o corrupción.
Para verlo de un vistazo, estos son los cambios principales:
| Medida | Qué cambia | Ámbito |
|---|---|---|
| Despido tras comunicar irregularidades | Pasa de considerarse improcedente a nulo | Trabajadores informantes |
| Despido disciplinario u objetivo posterior | Nulo cuando existan indicios de relación con la denuncia | Todas las empresas |
| Extinción en periodo de prueba | Nula por embarazo, maternidad o por comunicación de infracciones | Contratos en prueba |
En consecuencia, el ministerio asienta la protección en la jurisprudencia que exige un elemento específico para declarar la nulidad: aquí, salvaguardar el derecho a informar sin miedo.
Prohibido discriminar: medidas para impedir represalias y usos encubiertos del ERE
El texto declara nulas no solo las decisiones de despido, también las órdenes que impliquen trato desfavorable contra informantes: cambios injustificados de puesto, reducción de responsabilidades o modificaciones sustanciales susceptibles de interpretarse como reacción a la denuncia. De hecho, se permite fundamentar la impugnación de un despido colectivo cuando se sospeche que encubre una represalia, algo clave para plantillas o departamentos enteros. Se recuerda un caso reciente en el que un juez obligó a Acciona a readmitir a un trabajador despedido tras denunciar amaños de contratos en un prostíbulo. ¿La idea de fondo? Evitar que cualquier vía empresarial sirva para castigar a quien comunica irregularidades.
Trabajo sostiene que el marco resultante refuerza la seguridad jurídica, aporta certidumbre y coherencia, y soluciona la falta de eficacia práctica detectada en la aplicación anterior.
Quiénes están protegidos y cómo se ampliará la cobertura frente a represalias
La ley de 2023 ya extendía la “laboralidad” más allá de la plantilla, y el anteproyecto mantiene y refuerza esa filosofía. ¿Quién queda exactamente bajo el paraguas de protección? Por tanto, no solo la persona que denuncia puede acogerse, sino también quienes puedan verse afectados por su comunicación.
- Trabajadores con relación laboral vigente.
Tras la lista anterior, la cobertura también alcanza a extrabajadores y candidatos en selección, personas vinculadas a empresas subcontratadas, familiares, cónyuges o parejas de los informantes, y voluntarios o colaboradores que hayan participado en la comunicación. En paralelo, se recuerda que la ley de 2023 obliga a todas las entidades públicas y a las empresas privadas de más de 50 personas a disponer de canales internos de denuncia. Para empresas con menos de 50, la protección del informante es la misma mediante canales externos, con amparo de la Autoridad Independiente de Protección del Informante.
El trámite de Audiencia e Información Pública admite aportaciones hasta el 10 de diciembre. Posteriormente, el Ejecutivo busca un marco estable y predecible que elimine el miedo a denunciar dentro de las empresas y fortalezca la lucha contra la corrupción.