La reforma crea el arraigo extraordinario, fija nuevas vías de acceso a residencia y trabajo y abre las solicitudes desde abril. El Ejecutivo defiende que la medida responde a una urgencia social, económica y demográfica.
El Consejo de Ministros aprobó el pasado martes el Real Decreto que modifica el Reglamento de Extranjería y abre la puerta a la regularización de unas 500.000 personas en situación administrativa irregular. La tramitación podrá iniciarse desde el 16 de abril por vía telemática y desde el 20 de abril de forma presencial, con plazo abierto hasta el 30 de junio de 2026.
Quién podrá pedir la regularización de inmigrantes y qué requisitos fija el nuevo reglamento
La principal novedad es la creación del arraigo extraordinario y de una vía específica para solicitantes de protección internacional pendientes de resolución o recurso presentado antes del 1 de enero de 2026. Además, el reglamento se dirige a extranjeros que ya estuvieran en España antes de esa fecha y cumplan los requisitos exigidos.
Entre las condiciones figuran acreditar una permanencia ininterrumpida de al menos cinco meses antes de la solicitud, carecer de antecedentes penales en España y en el país de origen y no suponer una amenaza para el orden o la seguridad públicos. Una vez comunicada la apertura de la tramitación, el solicitante podrá trabajar provisionalmente por cuenta ajena o propia hasta la resolución definitiva.
El texto también prevé medidas de protección en casos de enfermedad grave, discapacidad o jubilación, con prórrogas de hasta cuatro años. En el caso de los menores, la autorización tendrá una vigencia de cinco años. Así, la norma busca dar cobertura a situaciones muy distintas dentro del mismo proceso.
Cómo será el trámite de regularización con Correos, Tragsa y nuevas oficinas de atención
El Gobierno ha preparado un operativo específico para evitar el colapso administrativo. Correos asumirá funciones de información y recepción de solicitudes a través de su red, mientras que Tragsa y Tragsatec prestarán apoyo material y técnico en la gestión documental. Eso sí, la resolución jurídica seguirá en manos de la administración competente.
El plan incluye 450 oficinas de atención presencial y un refuerzo de más de 600 personas, además de horarios concretos para no interferir en servicios habituales como la Seguridad Social. La administración tendrá un máximo de tres meses para resolver cada expediente y, si no responde en ese plazo, la solicitud se entenderá desestimada por silencio administrativo.
Desde Pekín, Pedro Sánchez defendió la medida como un acto de justicia y de economía, al entender que reconoce derechos a personas que ya viven y trabajan en España. El Ejecutivo sostiene, además, que esta regularización ayudará a reforzar la Seguridad Social, aumentar la recaudación y combatir la economía sumergida. No obstante, PP y Vox han cargado contra la fórmula del decreto y contra sus posibles efectos políticos.