Los avales estatales también bajan de 2.000 a 375 millones tras la revisión del Plan de Recuperación.
El BOE ha publicado dos adendas que reducen de forma notable los límites de financiación previstos para promover vivienda social y asequible. La facilidad gestionada por el ICO pasa de un máximo de 4.000 a 750 millones de euros, mientras que los avales estatales bajan de 2.000 a 375 millones. Las modificaciones producen efectos desde el 31 de julio de 2026 y se enmarcan en la revisión del Plan de Recuperación.
La financiación del ICO se destina a construir y rehabilitar vivienda social
El instrumento está dirigido a promotores públicos y privados que construyan o rehabiliten viviendas destinadas al alquiler social o asequible. El ICO puede conceder directamente la financiación o canalizarla a través de entidades financieras.
No se trata de una ayuda individual para pagar el alquiler ni de un aval destinado a la compra de una primera vivienda. Su finalidad es financiar proyectos de promoción y rehabilitación dentro de este segmento residencial.
La nueva distribución concentra los 750 millones de euros en la anualidad de 2025 y deja sin desembolsos asignados a 2024 y 2026. La adenda también reduce la comisión prevista para el ICO por la gestión de las operaciones, que pasa de diez millones a 1,875 millones de euros.
Los avales estatales quedan limitados a 375 millones de euros
La segunda adenda modifica el importe máximo de las garantías aportadas por el Estado para estas operaciones. El nuevo límite queda fijado en 375 millones de euros, en línea con la reducción del volumen total de financiación.
También disminuye la comisión de administración asociada a estos avales, que pasa de 31 a 6,9 millones de euros hasta 2056.
El texto introduce además una mayor flexibilidad cuando cambia el titular de un préstamo avalado. El nuevo titular podrá conservar la garantía si obtiene las autorizaciones necesarias y recibe la aprobación del ICO, una posibilidad que puede facilitar la entrada posterior de una entidad encargada de gestionar o explotar las viviendas.
La reducción está vinculada a la revisión del Plan de Recuperación
El BOE relaciona estos cambios con la adenda de simplificación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, aprobada en diciembre de 2025. La revisión adaptó varias inversiones al calendario de cierre del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia.
Esta modificación no debe confundirse con el nuevo Plan Estatal de Vivienda ni supone un recorte automático de las ayudas individuales al alquiler. Se trata de instrumentos diferentes, con beneficiarios y mecanismos de financiación propios.
La adenda no permite saber cuántas viviendas quedarán afectadas
Los promotores que tengan operaciones pendientes deberán comprobar con el ICO si sus proyectos continúan dentro del nuevo límite de financiación y de las condiciones aplicables tras la modificación.
La adenda no publica una relación de promociones excluidas ni especifica cuántas viviendas podrían verse afectadas por la reducción. Por ello, no puede afirmarse cuántas dejarán de construirse o rehabilitarse únicamente a partir de las nuevas cifras presupuestarias.
Cualquier estimación requeriría conocer el importe, el estado de tramitación y las características concretas de cada proyecto.