El TSJ de Canarias reconoce el daño causado a una auxiliar administrativa. La falta del proceso de estabilización eleva la indemnización.
Una auxiliar administrativa del Ayuntamiento de Firgas ha conseguido una indemnización de 7.501 euros después de permanecer más de 27 años en temporalidad abusiva. El TSJ de Canarias ha revocado la sentencia que rechazó su reclamación y ha reconocido el perjuicio de esa incertidumbre prolongada. El fallo, fechado el 16 de octubre y difundido oficialmente el 5 de noviembre, incorpora un importe adicional por la ausencia del proceso de estabilización.
El TSJ de Canarias suma 2.500 euros por la inacción del ayuntamiento
La resolución separa dos razones para calcular la cantidad que debe recibir la empleada. La duración del abuso justifica una base de 5.001 euros. A esa cifra añade 2.500 euros por una circunstancia propia del caso. El Ayuntamiento de Firgas no había puesto en marcha el procedimiento extraordinario de estabilización cuando se celebró el juicio. La Sala considera que esa falta de actuación produjo un daño añadido. La trabajadora siguió sin oportunidad de estabilizar su plaza mediante aquel procedimiento, cuyo plazo debía haber concluido en 2024.
La empleada había solicitado 10.000 euros y su recurso prospera parcialmente. La cantidad reconocida repara el abuso de temporalidad, sin utilizar una fórmula de días de salario por año trabajado. Esta distinción también aparece en otros litigios sobre compensaciones. Obtener o conservar una relación laboral no resuelve necesariamente qué daño causó su mantenimiento irregular. En Firgas, el tribunal aprecia que la incertidumbre tuvo consecuencias profesionales y personales. Para valorar su intensidad utiliza principalmente cuánto tiempo se prolongó aquella situación, además del comportamiento municipal acreditado.
La relación comenzó en 1997 y ya hubo una sentencia en 2014
Los hechos probados sitúan el inicio de la prestación de servicios el 1 de octubre de 1997. Otra sentencia, dictada el 3 de abril de 2014, había reconocido a la auxiliar la condición de personal laboral indefinido no fijo. Por tanto, el conflicto actual no parte de una primera declaración sobre su vínculo con el ayuntamiento. Se centra en reparar económicamente el abuso que persistía. El reconocimiento judicial anterior no cerró por sí mismo el problema que después dio origen a esta reclamación indemnizatoria.
La primera respuesta a esa reclamación fue desfavorable. El órgano social que conoció el asunto rechazó la demanda el 4 de febrero de 2025. La trabajadora recurrió y pidió incorporar documentos relevantes para explicar la situación de la plantilla municipal. Entre ellos figuraba una respuesta del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública. Aquel documento, fechado el 23 de diciembre de 2024, abordaba los plazos y las consecuencias de no convocar la estabilización. La Sala considera que demostraba el conocimiento municipal de esas consecuencias.
La indemnización atiende al daño moral y puede variar en otros casos
El tribunal explica que el perjuicio no necesita traducirse exclusivamente en una pérdida económica concreta. Mantener durante años una relación abusivamente temporal puede provocar un daño moral ligado a la precariedad y a la incertidumbre. Su criterio busca evitar respuestas arbitrarias ante situaciones semejantes, utilizando la duración como referencia objetiva. Los importes orientativos funcionan como mínimos presuntivos, según la propia sentencia. La persona afectada conserva la posibilidad de demostrar daños materiales o morales superiores. En ese supuesto, la valoración deberá atender al perjuicio efectivamente acreditado.
Esta resolución tampoco convierte los 7.501 euros en una indemnización universal para empleados públicos temporales. La cifra depende de los hechos de Firgas y de la valoración judicial de este procedimiento. También debe distinguirse de una indemnización por cese, vinculada a la terminación efectiva de otra relación laboral. Aquí se examina el abuso prolongado y la falta de estabilización. Confundir ambos conceptos puede llevar a multiplicar cantidades o aplicar fórmulas que el tribunal no ha empleado. La antigüedad importa, pero no describe por sí sola todo el caso.
La Sala remite el fallo a Inspección y permite recurrirlo
El tribunal acuerda enviar testimonio de la sentencia a la Inspección de Trabajo y Seguridad Social. Lo hace por la transgresión de las normas sobre contratos de duración determinada. Esa remisión no equivale a una sanción administrativa ya impuesta al ayuntamiento. Tampoco concede automáticamente una plaza fija a la trabajadora. La Sala recuerda las exigencias de igualdad, mérito y capacidad en el acceso al empleo público. Su respuesta en este procedimiento es una reparación económica, junto con la comunicación del incumplimiento a la autoridad laboral competente.
La sentencia admite recurso de casación para la unificación de doctrina ante el Tribunal Supremo. Su preparación debe realizarse dentro de los diez días siguientes a la notificación, conforme a la advertencia legal del fallo. Ese plazo se cuenta desde la comunicación procesal a las partes, no desde la publicación de la noticia. La resolución difundida permite conocer la condena, pero no acredita que ya se haya pagado. Para trabajadores con situaciones parecidas, los contratos, las sentencias previas y los documentos sobre estabilización serán elementos relevantes para valorar su propio expediente.