El convenio de Seguridad Social ya estaba vigente desde 2012. La firma afecta a su aplicación administrativa, no concede pensiones automáticamente.
España y Filipinas han firmado un acuerdo para coordinar los trámites de quienes cotizaron en ambos países. El Ministerio de Inclusión anunció la firma el 11 de septiembre de 2026, en un acto presidido por Borja Suárez. El convenio de Seguridad Social que regula estos derechos ya entró en vigor el 1 de agosto de 2012. Ahora se impulsa su aplicación administrativa, sin reconocer prestaciones de forma automática.
Qué cambia con el convenio de Seguridad Social y qué sigue igual
El acuerdo busca mejorar la cooperación entre las instituciones españolas y filipinas para gestionar pensiones y desplazamientos de trabajadores. Las delegaciones han previsto una próxima reunión técnica para intercambiar documentación y avanzar en los formularios. Por parte española participarán el INSS, el Instituto Social de la Marina y la Tesorería General de la Seguridad Social. La comunicación ministerial no concreta la fecha de ese encuentro ni anuncia que todos los nuevos formularios estén disponibles.
Este paso no convierte los años vividos en otro país en cotizaciones reconocidas. El convenio permite sumar periodos asegurados en ambos sistemas, siempre que no se superpongan. Acreditar periodos suficientes no equivale a cobrar una pensión completa: acceder al derecho y calcular el importe de la pensión son cuestiones diferentes. La resolución dependerá de los periodos acreditados y de los requisitos exigidos por cada legislación, no de la firma del acuerdo administrativo.
A quién protege el convenio y qué prestaciones contempla
El convenio ampara a trabajadores españoles y filipinos sujetos a la legislación de Seguridad Social de uno o ambos países. También alcanza a sus familiares y derechohabientes, es decir, personas que pueden adquirir un derecho derivado, como una pensión de supervivencia. Su ámbito incluye además a refugiados y apátridas que residan habitualmente en cualquiera de los dos territorios, junto a sus familiares y derechohabientes.
La protección no se limita a la jubilación. Comprende prestaciones de incapacidad, muerte y supervivencia, así como determinados supuestos de maternidad, riesgo durante el embarazo y accidentes laborales. Sin embargo, no todas las ayudas pueden mantenerse al cambiar de residencia. El convenio excluye del pago en el otro país las prestaciones no contributivas y las de incapacidad temporal. Por tanto, no puede interpretarse como una autorización general para trasladar cualquier prestación española a Filipinas.
Cómo calcula cada país la pensión y por qué no se mezclan los salarios
Cada administración examina primero si existe derecho a pensión contando únicamente sus propios periodos. Después realiza el cálculo con los periodos acreditados en ambos países y determina una pensión teórica. Sobre esa cantidad aplica la proporción correspondiente al tiempo asegurado en su sistema. Finalmente, cada país reconoce la opción más favorable entre los cálculos que procedan. Para la pensión española totalizada se utilizan las bases reales de cotización españolas previstas por el convenio, no los salarios filipinos.
Un ejemplo hipotético ayuda a entender la proporción. Con 12 años asegurados en España y ocho en Filipinas, sin solapamientos, el total sería de 20 años. La parte española representaría el 60% de su pensión teórica. Si esta fuera de 1.000 euros mensuales, la prorrata sería de 600 euros, antes de posibles ajustes legales. No es una cuantía garantizada: presupone cumplir los requisitos aplicables y no determina lo que pagaría Filipinas.
Dónde se solicita la pensión y qué trámite vence este septiembre
La solicitud se presenta ante la institución competente del país de residencia. En España, la Seguridad Social señala los centros de atención del INSS o las direcciones provinciales del ISM para trabajadores del mar. En Filipinas corresponde al Social Security System. Además, debe declararse expresamente el trabajo desarrollado en el otro Estado para que la petición tenga efectos ante ambas administraciones. Esta condición figura en el artículo 25 del convenio.
Quienes ya cobran una pensión española del INSS o del ISM y viven en Filipinas tienen otra obligación independiente. Deben acreditar la vivencia antes de que termine el 30 de septiembre de 2026. La campaña se dirige a pensionistas residentes fuera de España y puede completarse mediante VIVESS o las alternativas oficiales admitidas. Este trámite no nace del acuerdo bilateral: sirve para mantener el pago de una pensión ya reconocida.