El Ayuntamiento ha pedido a la Junta adquirir el inmueble que ocupa la compañía mientras sigue abierto el ERE para toda la plantilla.
Unos 80 trabajadores de AEMSA Santana siguen pendientes del expediente de regulación de empleo que amenaza con acabar con toda la plantilla de la fábrica de Linares. Ante el posible cierre, el Ayuntamiento ha dado un nuevo paso y ha solicitado a la Junta de Andalucía poder adquirir la nave donde funciona la planta para intentar facilitar la continuidad de la actividad. Por ahora, la operación no está cerrada y la empresa mantiene su proceso de despido colectivo.
AEMSA plantea cerrar la planta de Linares y despedir a toda la plantilla
La dirección de AEMSA Santana comunicó a comienzos de septiembre su intención de cerrar la planta que mantiene en Linares. La compañía, dedicada a la fabricación y mantenimiento de torres para aerogeneradores, planteó además un ERE que inicialmente afectaría a unos 80 trabajadores, es decir, a la totalidad de la plantilla.
La empresa ha alegado causas organizativas, técnicas y productivas. Entre los factores señalados figura el final del contrato de arrendamiento de las instalaciones después de un proceso judicial relacionado con la antigua Agencia IDEA. También se han señalado las dificultades para trasladar la actividad a otro espacio adecuado y la falta de carga de trabajo.
La situación todavía no equivale a 80 despidos consumados. La propia comunicación empresarial condiciona el resultado al proceso de consultas que debe desarrollarse antes de una decisión definitiva.
Si finalmente se producen las extinciones, la cuantía dependerá de cómo termine el procedimiento y de las circunstancias de cada empleado. Puedes conocer cómo se calcula la indemnización por despido en 2026 según el tipo de cese y la antigüedad del trabajador.
Linares propone comprar la nave para facilitar la continuidad de AEMSA
La alternativa que ha puesto sobre la mesa el Ayuntamiento pasa por hacerse con la nave que ocupa AEMSA en el Parque Científico y Tecnológico Santana. El Consistorio planteó esta opción el 4 de septiembre durante una reunión con la Junta de Andalucía para estudiar posibles soluciones que permitieran mantener la actividad industrial.
La intención municipal sería adquirir el inmueble y ofrecer posteriormente a la compañía unas condiciones de arrendamiento que faciliten su permanencia. El Ayuntamiento presentó después una petición a la Junta y la alcaldesa, Auxi del Olmo, informó de estas gestiones al comité de empresa durante una reunión celebrada el 8 de septiembre.
Este movimiento supone una novedad respecto al anuncio inicial del ERE, pero todavía no existe una compraventa cerrada ni un acuerdo con AEMSA que retire el despido colectivo. La continuidad de la planta depende de que las negociaciones permitan encontrar una solución aceptable para la empresa, los trabajadores y las administraciones implicadas.
Además, resolver la situación del inmueble no elimina por sí solo el resto de las causas alegadas por la compañía. AEMSA también ha hecho referencia a la carga de trabajo y a factores productivos, por lo que mantener la fábrica requeriría solucionar esas cuestiones.
El ERE debe negociarse antes de que puedan ejecutarse los despidos
El artículo 51 del Estatuto de los Trabajadores establece que un despido colectivo debe ir precedido de un periodo de consultas con los representantes de los trabajadores. Durante esa negociación deben estudiarse las posibilidades de evitar o reducir los despidos y las medidas que puedan aliviar sus consecuencias.
Las partes deben negociar de buena fe. La autoridad laboral recibe la comunicación del procedimiento y la Inspección de Trabajo emite el correspondiente informe, pero la Administración no concede una autorización previa que sustituya la decisión y la negociación entre empresa y plantilla.
Una vez alcanzado un acuerdo o comunicada la decisión empresarial tras el periodo de consultas, pueden notificarse individualmente las extinciones. La ley establece además que deben transcurrir al menos 30 días entre la apertura del periodo de consultas ante la autoridad laboral y la fecha de efectos de los despidos.
En las extinciones por causas objetivas, el Estatuto fija con carácter general una indemnización de 20 días de salario por año trabajado, con un máximo de 12 mensualidades, sin perjuicio de que durante la negociación puedan alcanzarse condiciones mejores.
Si finalmente un empleado recibe una comunicación de despido y no está conforme, los plazos laborales para reaccionar son especialmente breves. Estos son los principales errores que pueden cometerse tras un despido y que pueden dificultar posteriormente una reclamación.
El futuro de AEMSA Santana continúa, por tanto, abierto. La petición para comprar la nave añade una posible salida al conflicto, pero los 80 puestos de trabajo no pueden considerarse salvados mientras no exista un acuerdo que garantice la continuidad de la actividad y modifique el ERE planteado por la empresa.