La cuestión plantea si el sistema tasado español permite reparar adecuadamente determinados ceses, pero todavía no existe una decisión definitiva.
El Tribunal Constitucional deberá pronunciarse sobre el sistema español de indemnización por despido improcedente tras admitirse un nuevo debate constitucional. La novedad, difundida a comienzos de septiembre de 2026, no eleva ahora las compensaciones ni cambia los 33 días por año aplicables con carácter general. El tribunal analizará si la cuantía tasada puede resultar insuficiente en determinados casos y cómo se relaciona con la tutela judicial y los compromisos internacionales.
La indemnización sigue calculándose con las reglas vigentes
La declaración de improcedencia permite a la empresa elegir, con las excepciones legales, entre readmitir al trabajador o indemnizarlo. Para los periodos posteriores al 12 de febrero de 2012 se aplican 33 días de salario por año, con un máximo de 24 mensualidades. El tiempo anterior puede calcularse a 45 días, conforme al régimen transitorio y sus límites. La opción empresarial debe ejercerse dentro del plazo previsto tras la sentencia.
La admisión del debate constitucional no suspende estas reglas. Tampoco concede una cantidad adicional a todas las personas despedidas. Quien reciba una carta debe calcular primero la compensación ordinaria y actuar dentro de veinte días hábiles. La guía sobre indemnizaciones por cada despido ayuda a distinguir la indemnización del finiquito.
El debate se centra en la reparación del daño sufrido
La controversia jurídica pregunta si una indemnización fijada únicamente por salario y antigüedad puede reparar todas las consecuencias de un cese injustificado. Algunos litigios alegan perjuicios adicionales que no quedarían cubiertos por la tabla general. Entre ellos figuran oportunidades profesionales perdidas, situaciones especialmente difíciles o daños acreditados.
El Tribunal Supremo ha rechazado incrementar judicialmente la indemnización ordinaria basándose de forma directa en normas internacionales. Su doctrina defiende la certeza del sistema legal. El debate constitucional deberá examinar los derechos fundamentales invocados y el marco normativo aplicable. Hasta que exista sentencia, no puede afirmarse que el modelo español haya sido anulado o modificado.
Una compensación adicional exige actualmente otro fundamento
Los tribunales sí pueden reconocer daños cuando el despido vulnera un derecho fundamental. Un cese discriminatorio, una represalia o una lesión de la libertad sindical puede ser declarado nulo. En esos casos pueden acordarse la readmisión y los salarios de tramitación. También puede fijarse una indemnización por daño moral o material relacionado con la vulneración.
Esa vía es diferente de aumentar automáticamente la indemnización de cualquier despido improcedente. La persona demandante debe identificar los indicios y aportar los hechos disponibles. La empresa tendrá que justificar que su decisión obedece a razones ajenas a la vulneración alegada. Talent24h explica también qué ocurre cuando una empresa afronta un despido declarado improcedente.
Qué debe hacer ahora una persona despedida
El trabajador no debe esperar al pronunciamiento constitucional para reclamar. El plazo de veinte días hábiles continúa corriendo desde la fecha de efectos del cese. La papeleta de conciliación suspende el cómputo en los términos legales. Deben conservarse la carta, contrato, nóminas, comunicaciones y cualquier prueba relacionada con la causa utilizada por la empresa.
La demanda puede discutir la causa, la antigüedad, el salario regulador y una posible vulneración de derechos fundamentales. Si posteriormente cambia la doctrina, los efectos dependerán del contenido de la sentencia y de la situación de cada procedimiento. Una expectativa de cambio no permite dar por segura una indemnización superior ni reabrir automáticamente casos firmes.