El fallo, dictado en Francia el 5 de mayo de 2025, compensó la factura del cerrajero con 7.712,62 euros cobrados de más y por gastos injustificados. Le Figaro recuperó el caso el 4 de agosto de 2026.
El Tribunal de Proximidad de Courbevoie, dependiente del Tribunal Judicial de Nanterre, resolvió el 5 de mayo de 2025 un conflicto por una cerradura. Una pareja había descontado 1.045 euros del alquiler tras pagar al cerrajero, y el propietario intentó activar una cláusula para recuperar la vivienda. El juez atribuyó la factura a los inquilinos. Sin embargo, tras revisar el contrato y las cuentas, ordenó al casero abonarles 6.667,62 euros netos. Le Figaro volvió a difundir el caso el 4 de agosto de 2026.
La factura de 1.045 euros que abrió el conflicto por la cerradura
El alquiler comenzó el 5 de enero de 2022 en una vivienda de Levallois-Perret, en el departamento francés de Hauts-de-Seine. La renta mensual fue fijada en 1.468 euros, aunque el contrato indicaba que el anterior arrendatario pagaba 1.367 euros. El primer problema con la puerta surgió el 9 de abril de 2023. Un cerrajero enviado por la agencia examinó el mecanismo y concluyó que funcionaba correctamente.
El 4 de julio de 2023, la puerta volvió a bloquearse y otro profesional sustituyó la cerradura por 1.045 euros. Los inquilinos pidieron el reembolso y, ante la negativa, restaron esa cuantía del pago de agosto. Debían abonar 1.677 euros entre renta y provisión de gastos, pero ingresaron 632 euros. Tras fracasar la mediación, el casero emitió el 24 de enero de 2024 una orden de pago vinculada a la cláusula resolutoria. Este tipo de disputa recuerda al reparto de averías en una vivienda alquilada en España, aunque aquí se aplicó derecho francés.
El juez atribuyó la cerradura a los inquilinos por falta de pruebas
El tribunal rechazó que el propietario tuviera que asumir la factura. La pareja no acreditó que la cerradura fallara por antigüedad, defecto o falta de mantenimiento imputable al arrendador. La factura solo describía una apertura de puerta cerrada con llave. La legislación francesa obliga al inquilino a pagar la renta y las pequeñas reparaciones. Excluye, sin embargo, los daños provocados por vetustez, mala construcción, caso fortuito o fuerza mayor.
El decreto francés sobre reparaciones locativas incluye el engrase y la sustitución de pequeñas piezas o llaves deterioradas. Un cambio completo puede corresponder al propietario cuando exista desgaste acreditado, pero esa prueba faltó en este procedimiento. Por eso, el juez mantuvo la deuda de 1.045 euros y consideró válida la orden de pago. La comparación con España exige cautela. La información sobre cambiar la cerradura se rige aquí por la normativa española, no por este fallo francés.
El alquiler excesivo y los gastos sin justificar cambiaron el resultado
El conflicto cambió al examinarse la renta. En las zonas tensionadas francesas, el nuevo alquiler no puede superar el aplicado al anterior inquilino, salvo excepciones regladas. El contrato recogía una renta previa de 1.367 euros, pero la agencia fijó 1.468 euros para la pareja. El tribunal calculó un exceso acumulado de 3.758,62 euros entre enero de 2022 y diciembre de 2024. También fijó la renta aplicable en 1.367 euros, con las revisiones contractuales correspondientes.
El propietario tampoco aportó documentación suficiente sobre las provisiones de gastos pagadas desde 2022. La ley francesa exige regularizarlas cada año y mantener los justificantes disponibles durante seis meses. El tribunal ordenó devolver 3.954 euros por el periodo comprendido entre el 5 de enero de 2022 y el 30 de marzo de 2024. Sumados a la renta cobrada de más, los reintegros alcanzaron 7.712,62 euros. La agencia quedó obligada a garantizar al casero 3.758,62 euros por haber fijado la renta irregular. En España también existen litigios por alquileres superiores al máximo legal, pero sus reglas y consecuencias son distintas.
La compensación evitó la expulsión, pero el fallo no crea una regla general
Las cuentas finales dejaron a los inquilinos como acreedores. El tribunal compensó los 1.045 euros que ellos debían con los 7.712,62 euros adeudados por el propietario. El saldo resultante fue de 6.667,62 euros a favor de la pareja. Además, declaró satisfecha la deuda del alquiler, concluyó que la cláusula resolutoria no había surtido efecto y rechazó la expulsión. Los arrendatarios pudieron permanecer en la vivienda.
El fallo fue dictado en primera instancia y quedó sujeto a ejecución provisional. Las fuentes consultadas no permiten afirmar que sea firme ni que haya concluido un posible recurso. Tampoco autoriza a dejar de pagar el alquiler ante cualquier reparación discutida. El expediente muestra la importancia de conservar informes técnicos, comunicar la avería por escrito y reclamar por las vías previstas. Quien tenga un conflicto en España debe aplicar la normativa española y buscar asesoramiento sobre su contrato.