La Comisión Europea ha trasladado al Gobierno español que la rebaja del IVA de los combustibles vulnera la normativa comunitaria. Hacienda, por su parte, sostiene que se trata de una medida temporal para aliviar a familias, autónomos y empresas por el impacto de la guerra de Irán.
La rebaja al 10% del IVA en los carburantes, aprobada por el Congreso, ha chocado con un aviso formal de Bruselas. La Comisión Europea remitió una carta a España a finales de marzo en la que advierte de que esta reducción no está contemplada en la Directiva del IVA de la UE y, por tanto, no encaja en las excepciones permitidas.
Bruselas avisa de que reducir el IVA de los carburantes vulnera la normativa europea
Según las fuentes europeas citadas, la Comisión recuerda en su escrito que «la Directiva del IVA de la UE no prevé la posibilidad de aplicar un tipo reducido a los suministros de combustible». Es decir, el Ejecutivo comunitario considera que la medida aprobada por el Gobierno español no se ajusta al marco legal vigente.
¿Significa eso que España se enfrenta ya a sanciones? De momento, no. Fuentes comunitarias explican que esta advertencia no supone por ahora la apertura de un procedimiento de infracción, aunque sí representa un toque de atención formal para que el Ejecutivo corrija la medida o la adapte a la normativa europea.
Además, Bruselas plantea una alternativa. En lugar de actuar sobre el IVA, la Comisión señala que los Estados miembros sí tienen margen para intervenir en los impuestos especiales y, de hecho, «recomienda reducir los impuestos especiales» para abaratar el precio final de los carburantes.
Hacienda defiende que la rebaja es temporal y busca aliviar la crisis
Desde el Ministerio de Hacienda enmarcan esta decisión en una situación excepcional. Según estas fuentes, la rebaja del IVA sobre los carburantes «es una medida temporal y no estructural», aprobada por el contexto geopolítico y económico derivado de la guerra de Irán.
El departamento insiste en que el objetivo pasa por contener el golpe del encarecimiento energético y de la inflación. No es un asunto menor. De ahí que defienda que «la prioridad del Gobierno es y será apoyar a familias, autónomos y empresas para mitigar los efectos» de esta crisis.
Por tanto, el choque entre Bruselas y el Gobierno español queda abierto. La Comisión reclama ajustar la medida al marco comunitario, mientras Hacienda mantiene que responde a una necesidad urgente y extraordinaria. Si no hay cambios, el conflicto podría ir a más y derivar en nuevas exigencias de explicaciones al Ejecutivo.