La COP11 del Convenio Marco del Tabaco se celebrará en Ginebra del 17 al 22 de noviembre de 2025. Sobre la mesa, propuestas para limitar la densidad de puntos de venta, prohibir incentivos a detallistas y retirar cigarrillos con filtro; el sector alerta de cierres, empleo en riesgo y menos recaudación.
España mira a Ginebra con preocupación. Para un país donde la venta minorista de tabaco se apoya en una red concesional de estancos, el paquete que se discute supondría un golpe directo. Ahora bien, lo que se acuerde no cambia por sí solo la legislación española: harían falta decisiones posteriores en la Unión Europea y, en su caso, cambios normativos internos.
Quiénes se verían afectados en España: estancos, venta de tabaco y empleo
La red ronda los 13.000 estancos, explotados en régimen concesional y bajo control del Estado. Abrir uno exige una licencia específica, mediante subasta o traspaso, cuyo coste oscila, en función de ubicación y local, entre 100.000 y 150.000 euros. ¿El temor del sector? Que una reducción administrativa de la capilaridad de la red deprima el valor de esas inversiones y comprometa plantillas y viabilidad, sobre todo en zonas rurales.
Antes de seguir, conviene aclarar qué se debate exactamente. Se pretende reducir la disponibilidad física del tabaco y recortar apoyos comerciales en un mercado intervenido. ¿Te afecta si trabajas o inviertes en un estanco? Probablemente sí, si avanzan los textos que se discuten.
Estas son las medidas que se barajan en la COP11 del tratado antitabaco:
- Limitar la densidad de puntos de venta minorista por zona, habitantes o distancias a centros sensibles.
- Prohibir incentivos comerciales a detallistas que hoy sostienen márgenes en un negocio de precios regulados.
- Retirar del mercado los cigarrillos con filtro por su impacto ambiental, con dudas sanitarias y regulatorias añadidas.
En resumen, se busca menos accesibilidad al producto y menos estímulos comerciales. El sector, por su parte, subraya su papel de control (verificación de edad y trazabilidad) y teme que una red legal más débil favorezca circuitos ilícitos.
Fechas de la COP11 de la OMS y alcance real en España
La cita es del 17 al 22 de noviembre de 2025 en Ginebra. La Unión Europea acudirá con posición común, una “sola voz” que marcará el alcance real de cualquier compromiso. ¿Significa esto cierres inmediatos? No: lo acordado en la COP no modifica automáticamente la normativa nacional; harían falta decisiones posteriores en la UE y, si procede, ajustes internos en España.
Para visualizar el impacto que advierte el sector, este cuadro resume los tres frentes principales:
| Efecto señalado por el sector | Qué podría pasar en términos prácticos |
|---|---|
| Empleo (plantillas y autoempleo) | Riesgo de cierres y pérdida de puestos si disminuye la red |
| Recaudación pública | Menores ingresos por impuestos especiales y canon del mercado |
| Comercio ilícito | Aumento de ventas no reguladas si se debilita el canal legal |
Por lo tanto, el desenlace dependerá del mandato que cierre el Consejo de la UE y de cómo se traslade después a los ordenamientos internos.
Cómo sería el procedimiento, estancos implicados y qué organismos públicos intervendrían
Primero, la UE debería fijar un mandato común; después, su delegación defendería esa línea en Ginebra. Si se asumen compromisos, vendrían decisiones formales en la UE y, en su caso, cambios normativos internos en España para ajustar densidades de estancos, incentivos comerciales y la posible retirada de filtros. ¿Y el día a día? Se traduciría en nuevos criterios territoriales y comerciales que afecten a las concesiones existentes y futuras.
Además, cualquier implementación requeriría coordinación administrativa: el Estado regula la red concesional y controla el mercado, de ahí que el aterrizaje de cambios precise normativa concreta y plazos definidos. Nada de eso está aún aprobado.
Debate en la Unión Europea: consenso o mayoría cualificada y transparencia
No solo se discute el fondo, también el procedimiento. Bruselas ha reabierto el melón: ¿posición común por consenso, que protege más el margen nacional, o por mayoría cualificada, que podría arrastrar a Estados reticentes hacia posturas más duras? La diferencia es sustantiva para España. La transparencia tampoco ayuda: parte de las sesiones de la COP son a puerta cerrada y los documentos detallados suelen publicarse tras las decisiones. En el corto plazo, el Consejo de la UE debe cerrar su mandato y, después, la delegación europea lo defenderá en la cumbre.
En definitiva, el guion está escrito pero el final no. ¿Qué ocurrirá ahora? Todo dependerá del mandato europeo y de cómo se traslade a la normativa española. Mientras tanto, el sector pide seguridad jurídica para inversiones familiares que, a menudo, sostienen empleo local.