El juez anula la decisión del Ministerio del Interior al considerar que vulneró el deber de proteger el interés superior del niño, de 9 años y nacido en Reino Unido.
Un niño de 9 años, nacido y criado en el Reino Unido, ha logrado frenar en los tribunales su expulsión del país después de que el Ministerio del Interior le negara la residencia indefinida por no abonar la tasa de 2.500 libras (unos 2.900 euros). El magistrado entiende que la Administración no ponderó adecuadamente el interés superior del menor y declara ilegal la resolución que obligaba al pequeño a marcharse.
Los antecedentes del caso reflejan cómo la tasa para la residencia indefinida dejó sin protección al niño y a su madre keniana
La madre del menor, de nacionalidad keniana, llegó al Reino Unido en 2007. En octubre de 2022 ambos solicitaron la residencia indefinida, requisito imprescindible para asentarse sin restricciones. La imposibilidad de reunir la elevada tarifa provocó que el Ministerio rechazara la petición. En noviembre de ese mismo año el niño solo obtuvo un permiso limitado de 30 meses y, finalmente, en enero de 2024 se le denegó de forma definitiva la residencia permanente.
Ante la amenaza de deportación, la familia llevó el caso a los tribunales argumentando que las autoridades habían ignorado que el menor jamás había vivido fuera del país y que su arraigo debía primar sobre consideraciones puramente económicas.
La investigación judicial concluye que el Ministerio del Interior británico incumplió su deber de salvaguardar el interés superior del menor
Durante las vistas celebradas este año en Londres, la defensa subrayó que el Ministerio del Interior está obligado por ley a situar el bienestar infantil como consideración primordial. Para el juez, ni en la fase administrativa ni en la resolución final se analizó el perjuicio que supondría apartar al niño de su entorno escolar, social y sanitario, por lo que la decisión resultaba “inherentemente desproporcionada”.
El Ministerio, por su parte, defendió que el pago de tasas es ineludible salvo circunstancias excepcionales que, en su opinión, no concurrían. Sin embargo, el tribunal estimó que la Administración no demostró haber valorado alternativas menos lesivas, como la exención parcial o diferida del abono.
El fallo judicial sienta un precedente sobre el costo de los trámites migratorios y la protección de la infancia extranjera residente en Reino Unido
La sentencia declara nulo el proceso administrativo y obliga al Ministerio a reconsiderar la solicitud desde cero, esta vez ponderando de forma prioritaria el interés del menor. Aunque el magistrado descarta otros argumentos esgrimidos por la defensa, recalca que la decisión impugnada “no puede sostenerse porque descuida la obligación de proteger al niño”.
Organizaciones de derechos humanos celebran el veredicto y recuerdan que la tasa de residencia indefinida, una de las más altas de Europa, supone una barrera insuperable para familias de bajos ingresos. En los últimos años, medios como The Guardian han cuestionado el impacto de estos costes en la infancia migrante, mientras que despachos especializados advierten de un aumento de litigios similares.
La resolución puede obligar al Gobierno a replantear sus políticas de tasas migratorias para familias vulnerables
Este pronunciamiento judicial podría abrir la puerta a que otros menores en situación análoga pidan exenciones o reducciones de la tarifa. Además, coloca bajo escrutinio el equilibrio entre la recaudación de tasas y el deber estatal de proteger a la infancia, lo que podría derivar en cambios normativos o en nuevas directrices internas del Ministerio del Interior.
Por ahora, el departamento no ha confirmado si recurrirá el fallo. Mientras tanto, la familia mantiene su vida en Reino Unido a la espera de que la Administración dicte una nueva resolución conforme al criterio de interés superior del menor, principio que, según el juez, nunca debió pasar a un segundo plano.