La restauración colectiva se moviliza por los salarios y la jornada. El acuerdo publicado en el BOE conserva sus condiciones hasta su sustitución.
Las plantillas de restauración colectiva volvieron a movilizarse el 3 de noviembre para reclamar un nuevo convenio con mejoras salariales y de jornada. UGT confirmó una concentración en Valladolid y situó entre 3.000 y 3.500 los trabajadores afectados en Castilla y León. El conflicto alcanza a servicios de comedores escolares, hospitales y residencias. El convenio terminó su vigencia inicial en diciembre de 2025. Su artículo 6 mantiene las condiciones pactadas durante la negociación hasta que otro lo sustituya.
El convenio vencido conserva las condiciones de las plantillas
La precisión tiene consecuencias directas sobre las nóminas y los calendarios de trabajo. El convenio estatal, publicado el 20 de junio de 2025, estableció inicialmente su aplicación durante ese año. Sin embargo, su artículo 6 dispuso la continuidad de las condiciones mientras se negociaba la renovación. El vencimiento no borra por sí solo las tablas, los descansos o las reglas de contratación. Las reclamaciones sobre conceptos concretos, como el plus de antigüedad, siguen requiriendo identificar la regulación y las cantidades debidas.
El artículo 31 permite distinguir esas condiciones mantenidas de una subida nueva todavía pendiente de acuerdo. El texto fijó un incremento del 2% para 2025 y contempló analizar un posible adelanto salarial para 2026. También previó tener en cuenta una eventual desviación respecto al IPC de 2025 al negociar el incremento siguiente. Ninguna de esas referencias permite anunciar una nueva subida cerrada tras la protesta del martes. El conflicto se centra precisamente en renovar las condiciones económicas y de trabajo de las plantillas.
Los sindicatos reclaman salarios y categorías que reconozcan las funciones
UGT atribuye el bloqueo a la falta de acuerdo con Food Service España y sitúa la ruptura negociadora en el 16 de septiembre. En su comunicado del 3 de noviembre reclama incrementos salariales, reconocimiento de categorías profesionales y reducción de jornada anual. También denuncia falta de sustituciones y sobrecarga de tareas. Son las reivindicaciones y valoraciones de la organización convocante. La protesta de Valladolid acredita una movilización concreta, pero no demuestra por sí sola una suspensión del servicio en todos los comedores.
Para saber si un puesto está cubierto hay que atender al ámbito del convenio, recogido en su artículo 2. Comprende empresas que prestan restauración para colectivos mediante contratos o concesiones, incluidas actividades auxiliares previstas en el texto. Excluye el catering aéreo y la hostelería tradicional de estaciones o aeropuertos. También exceptúa ámbitos específicos de gestión directa del País Vasco y monitores de Aragón. Por ello, trabajar en una cocina o atender un comedor no basta para atribuir automáticamente las mismas tablas a cualquier empleado.
La jornada anual cambia según el territorio y el contrato
El convenio establece una referencia general de 1.800 horas anuales de trabajo efectivo, junto con límites territoriales inferiores. Entre otros ejemplos, recoge 1.782 horas para Valladolid, 1.774 para Burgos y 1.750 para Bizkaia. La diferencia entre Valladolid y el máximo general asciende a 18 horas anuales. Comparar solamente una semana aislada puede ocultar esas reglas de cómputo anual. Las adaptaciones de jornada por conciliación son otra cuestión distinta, con sus propias condiciones y procedimiento.
La contratación parcial también exige leer las horas pactadas antes de comparar importes mensuales. El artículo 17 admite contratos fijos discontinuos a tiempo parcial y recoge mínimos para personal adscrito a comedores escolares. La referencia es de dos horas diarias y diez semanales, con remisión a la disposición adicional tercera. Un salario de una jornada reducida no equivale al de una persona a tiempo completo. Para valorar diferencias salariales resultan necesarios el puesto, la jornada, el territorio y los periodos de actividad de cada contrato.
Los fijos discontinuos tienen prioridad para determinadas vacantes
El convenio reconoce prioridad al personal fijo discontinuo para cubrir vacantes de su categoría, preferentemente en su centro, a tiempo completo y con contrato ordinario. También contempla preferencia para pasar de una jornada parcial a otra completa o superior dentro de la contratación fija discontinua. Además, exige un censo anual por centro comunicado a la representación laboral. Debe incluir los periodos de actividad de los tres años anteriores y otros datos profesionales. Estas previsiones permiten comprobar derechos concretos mientras continúa pendiente la negociación salarial.
La documentación útil para esa comprobación incluye contrato, nóminas, llamamientos y calendario laboral, junto con la tabla territorial correspondiente. El artículo 25 exige que el calendario identifique días laborales, festivos, libranzas, jornada y puesto asignado. Las diferencias detectadas pueden trasladarse a la representación laboral, con sus fechas e importes. La continuidad del convenio conserva una referencia verificable para hacerlo. El resultado de la negociación determinará las futuras mejoras, pero las obligaciones ya pactadas pueden examinarse ahora sin esperar a que finalice el conflicto.