El Reglamento europeo de Baterías aplicará su regla general desde febrero de 2027. Los smartphones, sin embargo, ya tienen exigencias específicas sobre sustitución y durabilidad.
La Unión Europea aplicará desde el 18 de febrero de 2027 el artículo 11 del Reglamento (UE) 2023/1542. Su regla general exige que las baterías portátiles incorporadas en productos puedan retirarse y sustituirse por el usuario. Sin embargo, los smartphones están sometidos a un marco más específico. Las directrices de la Comisión indican que prevalece el Reglamento de Ecodiseño 2023/1670 cuando fija requisitos más concretos para estos dispositivos.
Qué cambia el 18 de febrero de 2027 con el Reglamento de Baterías
El Reglamento de Baterías considera fácilmente extraíble una batería cuando puede retirarse utilizando herramientas disponibles comercialmente. No podrá exigirse una herramienta especializada, salvo que esta se entregue gratuitamente con el producto. Tampoco podrán ser imprescindibles herramientas exclusivas del fabricante, fuentes de calor o disolventes. La norma exige además instrucciones de sustitución e información de seguridad accesibles para los usuarios.
El reglamento también protege la posibilidad de instalar una batería compatible sin perjudicar el funcionamiento o la seguridad del dispositivo. Los repuestos deberán mantenerse durante al menos cinco años después de comercializarse la última unidad del modelo. Además, el software no podrá impedir injustificadamente el uso de una batería compatible. La obligación general no se aplica a productos introducidos en el mercado antes del 18 de febrero de 2027.
Los móviles ya tienen reglas específicas desde junio de 2025
Los smartphones vendidos en la UE están sujetos desde el 20 de junio de 2025 al Reglamento de Ecodiseño 2023/1670. La normativa exige que sus baterías alcancen al menos 800 ciclos de carga conservando el 80% de su capacidad. También regula durante varios años la disponibilidad de determinadas piezas y el acceso a información necesaria para efectuar reparaciones. Las actualizaciones del sistema operativo quedan igualmente sometidas a obligaciones durante al menos cinco años desde el final de comercialización del modelo.
Este punto introduce un matiz relevante frente a la idea de que todos los móviles tendrán una batería extraíble directamente por cualquier usuario en 2027. El ecodiseño contempla una primera opción que permite cambiarla con herramientas básicas y por una persona no especializada. Existe una alternativa para modelos cuya sustitución requiera conocimientos técnicos. En ese supuesto, la batería debe conservar al menos el 83% tras 500 ciclos y el 80% después de 1.000 ciclos. El dispositivo también debe cumplir mayores condiciones frente al polvo y el agua.
Una batería reemplazable no obliga a recuperar las antiguas tapas desmontables
Las nuevas reglas no significan que todos los fabricantes tengan que recuperar las tapas traseras que permitían sacar la batería con la mano. El componente puede continuar instalado dentro del terminal. Lo determinante es el procedimiento necesario para acceder a él y sustituirlo. Este marco se añade a otras normas europeas para móviles que buscan aumentar la interoperabilidad y alargar la utilización de los dispositivos.
La normativa de ecodiseño también aborda las piezas serializadas y el acceso a herramientas de software o firmware necesarias para determinadas reparaciones. Esto busca impedir que una sustitución técnicamente posible quede bloqueada únicamente por el sistema del fabricante. Una mayor duración del teléfono también reduce la necesidad de fabricar nuevos terminales y conecta con las políticas europeas de reciclaje de residuos electrónicos.
Los 20.000 millones de ahorro no proceden solo de la regla de 2027
La Comisión Europea calcula un ahorro de 20.000 millones de euros en costes de adquisición en la UE durante 2030. La cifra procede de las medidas de ecodiseño y etiquetado energético aprobadas en 2023 para smartphones y tabletas. Al sumar el menor gasto energético y descontar mayores costes de reparación, Bruselas estima un ahorro neto de 19.800 millones. La proyección equivale a unos 98 euros por hogar y una reducción del gasto del 22%.
Por tanto, esos 20.000 millones no pueden atribuirse exclusivamente a la obligación general sobre baterías que empezará a aplicarse en febrero de 2027. La estimación se basa en un conjunto más amplio de medidas destinadas a prolongar la vida útil de los dispositivos. Para los consumidores españoles, el efecto buscado es poder conservar el móvil durante más tiempo antes de necesitar un terminal nuevo. La sustitución de una batería degradada es solo una de las medidas contempladas.
A fecha de 14 de agosto de 2026, la regulación continúa desarrollándose. La Comisión adoptó el 14 de julio un acto delegado que amplía determinadas excepciones a la sustitución por el usuario por motivos de seguridad. EUR-Lex fija el 14 de octubre de 2026 como final previsto del periodo de objeción. Este desarrollo confirma que no resulta preciso afirmar que todos los dispositivos tendrán exactamente el mismo sistema de sustitución.