La Xunta frenó temporalmente las entradas el 21 de julio al coincidir una gran afluencia con la única bajamar diurna. El episodio ha reactivado la discusión sobre aforos, tasas y gestión privada.
El acceso a la Praia das Catedrais, en Ribadeo (Lugo), quedó temporalmente restringido el 21 de julio de 2026 cuando una gran concentración de visitantes coincidió con la única bajamar diurna y con dificultades para atravesar uno de los pasos del arenal. La Xunta frenó las entradas alrededor de las 16:30 horas hasta que saliera parte del público que ya se encontraba dentro. Las informaciones disponibles atribuyeron la medida a razones de seguridad y no señalaron que se hubiese rebasado el cupo diario de visitantes.
Las imágenes de las colas reactivaron la discusión sobre cómo gestionar los espacios costeros más demandados. En el programa «Herrera en COPE», Sofía Buera y Ángel Correas abordaron alternativas como ordenar mejor las visitas, aplicar tasas o estudiar fórmulas de gestión privada inspiradas en Italia. Se trata de una conversación radiofónica surgida a raíz del episodio gallego, no de una propuesta oficial para modificar el régimen de las playas españolas.
La restricción no se atribuyó a superar el cupo diario de 4.812 personas
El Plan de conservación de la playa de las Catedrales fija un máximo de 4.812 accesos diarios durante julio, agosto, septiembre y Semana Santa. En esos periodos es necesario obtener una autorización y acudir con el documento de identidad utilizado en la solicitud. La limitación protege el monumento natural, distribuye las visitas y reduce la presión sobre un enclave cuyo acceso al arenal depende de las mareas.
El 21 de julio solo hubo una bajamar en horario diurno, por lo que muchas personas autorizadas acudieron en la misma franja. La Xunta explicó que uno de los pasos se volvió difícil y decidió detener temporalmente las entradas mientras se despejaba la zona. El caso muestra que un límite diario puede no bastar cuando la demanda se concentra en pocas horas. La conversación de COPE también relacionó la afluencia con la búsqueda de playas del norte durante los episodios de calor.
El modelo italiano cobra servicios en arenales públicos gestionados por concesionarios
Buera describió los lidos italianos como zonas organizadas con filas de tumbonas, sombrillas y servicios explotados por empresas concesionarias. Según su intervención, quienes no contratan esos servicios pueden encontrarse con menos espacio libre o con tramos públicos alejados. Las concesiones no suponen que la costa se venda a las empresas: el conflicto gira alrededor de la ocupación comercial de arenales públicos, el acceso al mar y la superficie que permanece libre de pago.
La cifra del 45% citada en el programa necesita contexto. Un documento de Mare Libero de 2026 sitúa en torno al 43% la superficie de las playas arenosas italianas ocupada por establecimientos balnearios. El porcentaje no se refiere a toda la línea costera del país y mide ocupación mediante concesiones, no propiedad privada. Presentarlo como si casi media costa italiana perteneciera a empresas alteraría el alcance real del dato.
Las concesiones italianas arrastran protestas y un conflicto jurídico
La presencia de establecimientos de pago ha alimentado campañas que reclaman más playas libres y mejores condiciones en las zonas gratuitas. Quienes defienden los lidos destacan servicios como limpieza, vigilancia, aseos y equipamientos. Sus críticos denuncian precios elevados, escasez de espacio sin coste y una desigualdad que perjudica especialmente a los residentes que no desean alquilar una sombrilla o una tumbona para pasar el día junto al mar.
La discusión también está condicionada por la aplicación de la Directiva 2006/123/CE y por la exigencia de procedimientos transparentes y competitivos para adjudicar concesiones escasas. El informe Spiagge 2026 de Legambiente recoge retrasos, litigios y respuestas diferentes entre regiones y municipios. Las organizaciones citadas en el documento proponen reservar al menos la mitad de cada ámbito costero homogéneo para playas libres con servicios esenciales, una posición alejada de ampliar sin límites la explotación privada.
España no puede convertir el baño común en un acceso general de pago
En España, el artículo 31 de la Ley de Costas establece que el uso común del mar y de su ribera debe ser libre, público y gratuito para actividades como pasear, permanecer o bañarse. Esto no impide autorizar chiringuitos, hamacas, sombrillas o actividades náuticas, pero sí impide convertir el acceso ordinario a una playa en un servicio sometido de forma general a pago. Los negocios autorizados deben convivir con el derecho de uso público y no sustituirlo.
Una respuesta compatible con ese marco pasaría por reforzar las reservas por franjas horarias en espacios protegidos, informar en tiempo real sobre mareas y ocupación, suspender entradas cuando exista riesgo y derivar visitantes hacia otros arenales. También puede ayudar la promoción de alternativas sin masificaciones para repartir la demanda. El caso de As Catedrais no demuestra que España necesite playas privadas, pero sí muestra que los permisos diarios deben adaptarse a la franja real en la que el arenal puede visitarse.