El BOE mejora las prestaciones de las víctimas de Urda y ordena aplicar la protección de oficio. También permite revisar pensiones reconocidas.
El BOE del 4 de noviembre de 2026 mejora la protección económica de los trabajadores afectados por el accidente ferroviario de Urda. El Real Decreto-ley 32/2026 asimila determinadas bajas a accidentes de trabajo, exclusivamente para calcular y reconocer la prestación económica. Deben haber comenzado antes del 30 de noviembre y derivar del siniestro del 28 de octubre. La norma entra en vigor el mismo día de su publicación y prevé aplicar la mejora de oficio, con efectos retroactivos.
Las bajas de Urda requieren relación con el accidente y alta laboral
La disposición adicional cuarta delimita quién puede recibir esta protección excepcional. Incluye a trabajadores por cuenta propia y ajena que estuvieran de alta en algún régimen de Seguridad Social al producirse el hecho causante. También exige que el proceso médico proceda del accidente ferroviario. La fecha límite afecta al inicio de la incapacidad temporal: debe ser anterior al 30 de noviembre. Por tanto, no es un plazo general para presentar una solicitud de ayuda ni permite incluir cualquier baja iniciada durante ese mes.
Los facultativos del Servicio Público de Salud deben identificar estos procesos con el código establecido por Sanidad en coordinación con el INSS. La asimilación elimina la exigencia de un periodo mínimo de cotización. Sin embargo, no elimina la necesidad de reunir las condiciones señaladas por la norma. Diferenciar el parte médico de los requisitos de la prestación ayuda a entender el alcance de la medida. El reconocimiento excepcional opera sobre la protección económica y no convierte automáticamente todos los efectos jurídicos del siniestro en laborales.
El 75% se aplica a la base reguladora y no equivale al sueldo íntegro
La Seguridad Social establece para los accidentes de trabajo un subsidio del 75% de la base reguladora desde el nacimiento del derecho. Para un asalariado, la regla general sitúa ese nacimiento al día siguiente de la baja. El salario del día de la baja corresponde íntegramente a la empresa. Esto permite explicar con precisión la cobertura desde el comienzo del proceso. No significa que el organismo público abone simultáneamente salario y subsidio durante ese primer día, ni garantiza cobrar el 100% del sueldo habitual.
Un ejemplo permite ver la diferencia entre porcentajes, manteniendo una base diaria hipotética de 60 euros en ambos casos. El 75% arroja 45 euros diarios; el 60%, 36 euros. La diferencia es de nueve euros por día cuando corresponde comparar esos dos tramos. En una contingencia común, el 60% se aplica del cuarto al vigésimo día y después pasa al 75%. Son importes ilustrativos antes de deducciones y sin complementos empresariales. La base real y la liquidación deben calcularse individualmente conforme al régimen aplicable.
Las pensiones pueden recalcularse si la nueva protección mejora su cuantía
El decreto también alcanza pensiones de incapacidad permanente, muerte y supervivencia, además de la prestación por incapacidad permanente parcial. El hecho causante debe ser consecuencia del accidente. En estos casos, el cálculo como accidente de trabajo solo se aplica cuando resulte más favorable. La condición de acceso difiere de la prevista para la baja temporal: se admite encontrarse de alta o en situación asimilada al alta. Esta diferencia impide trasladar sin matices los requisitos de una prestación a todas las demás incluidas en el decreto.
Para Clases Pasivas se contempla el tratamiento económico de las pensiones extraordinarias cuando beneficie a la persona afectada. La previsión comprende jubilación o retiro por incapacidad permanente, viudedad, orfandad y pensiones a favor de los padres. El decreto permite aplicar estas mejoras aunque la pensión ya estuviera reconocida al entrar en vigor. También contempla subsidios cuyo derecho hubiera terminado. Por eso, haber recibido una resolución anterior no excluye automáticamente la revisión económica. La comparación debe determinar si el régimen excepcional mejora el resultado de cada expediente.
La mejora se aplica de oficio y las oficinas ayudarán con los trámites
Las personas afectadas no necesitan solicitar específicamente esta asimilación para que pueda aplicarse. El texto ordena actuar de oficio y retrotraer los efectos a la fecha correspondiente al subsidio o pensión. Renfe e Iryo deben facilitar a los organismos competentes las listas de pasajeros y fallecidos en quince días desde la entrada en vigor. Esa información permitirá identificar a los posibles beneficiarios. La aplicación automática de la mejora tampoco elimina las obligaciones durante la baja, como atender los controles y requerimientos médicos que correspondan.
El decreto crea oficinas de atención integral en delegaciones, subdelegaciones del Gobierno y direcciones insulares de los territorios donde residan afectados. Facilitarán solicitudes y tramitación de las distintas ayudas y prestaciones. Quien reciba una resolución o liquidación puede comprobar la contingencia aplicada, la base y el periodo reconocido. La norma publicada en el BOE diferencia esta protección de las ayudas directas y anticipos de indemnizaciones. Son instrumentos distintos: el carácter automático de la revisión prestacional no debe extenderse a todos los pagos del decreto.