El Parlamento Europeo avala una reforma que permitirá trasladar a terceros países a personas con orden de expulsión. El texto aún debe recibir la adopción formal del Consejo antes de entrar en vigor.
El Parlamento Europeo ha aprobado el nuevo Reglamento de Retornos, una reforma migratoria que abre la puerta a crear centros de retorno en países ajenos a la Unión Europea para personas migrantes en situación irregular que tengan una orden de salida. La votación salió adelante con 418 votos a favor, 218 en contra y 30 abstenciones, después del acuerdo político alcanzado el 1 de junio entre el Consejo y la Eurocámara.
La medida busca acelerar las deportaciones y reforzar la cooperación entre Estados miembros. No obstante, ha generado un fuerte rechazo entre organizaciones de derechos humanos y parte de la izquierda europea, que advierten del riesgo de ampliar la detención y debilitar las garantías de las personas afectadas.
Qué son los centros de retorno fuera de la UE y a quién afectan
Los llamados centros de retorno serán instalaciones situadas en terceros países a las que podrán ser trasladadas personas que no tengan derecho a permanecer en la Unión Europea y sobre las que pese una decisión de retorno. Según el Consejo de la UE, estos centros podrán funcionar como destino final o como lugares de transferencia para facilitar la salida posterior hacia el país de origen u otro tercer país.
El Reglamento excluye de estos acuerdos a los menores no acompañados. Además, los pactos solo podrán cerrarse con países que respeten el derecho internacional, los derechos humanos y el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde pueda sufrir persecución, tortura u otros daños graves.
Bruselas defiende que la reforma permitirá un sistema común más rápido y eficaz. La Comisión Europea sostiene que la tasa de retornos efectivos llegó al 28% en 2025, el dato más alto de la última década, aunque considera que sigue siendo insuficiente.
Las nuevas medidas para acelerar deportaciones y ampliar la detención
El texto obliga a las personas con una decisión de retorno a cooperar con las autoridades y abandonar el territorio europeo. Si no lo hacen, los Estados podrán aplicar consecuencias como la reducción de prestaciones, la retirada de incentivos al retorno voluntario o sanciones penales cuando lo permita la legislación nacional.
La reforma también permite la detención tras una evaluación individual, por ejemplo, si existe riesgo de fuga, falta de cooperación o una amenaza para la seguridad. El Parlamento Europeo señala que la privación de libertad podrá durar hasta 24 meses, con una posible prórroga de seis meses en determinados supuestos.
Las autoridades nacionales podrán realizar registros personales, de domicilios u otros espacios relevantes, además de incautar pertenencias y dispositivos electrónicos, siempre con autorización administrativa o judicial y con las garantías previstas por el Derecho de la UE y las normas nacionales.
Críticas de ONG y próximos pasos para que entre en vigor
La reforma llega en un momento de endurecimiento de la política migratoria europea. Frontex calcula que las detecciones de cruces irregulares en las fronteras exteriores de la UE bajaron un 26% en 2025, hasta casi 178.000, el nivel más bajo desde 2021.
España ha mostrado su rechazo a la norma y cuestionó ante la UE la legalidad y proporcionalidad de algunas medidas, según RTVE. Otros países, como Alemania, Austria, Dinamarca, Países Bajos y Grecia, negocian con terceros países para desarrollar estos centros, aunque todavía no se han hecho públicos los destinos.
El Reglamento todavía debe ser adoptado formalmente por el Consejo y publicarse en el Diario Oficial de la Unión Europea. Algunas disposiciones, entre ellas las relativas a los centros de retorno, se aplicarán de inmediato tras la entrada en vigor, mientras que otras tendrán un plazo de 12 meses.