La trabajadora transfirió dinero de la caja tras una llamada de un supuesto repartidor. El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha confirmado la condena dictada por el Juzgado de lo Social de Zaragoza.
El Tribunal Superior de Justicia de Aragón ha ratificado la condena a una trabajadora para que abone a su antigua empresa 3.800 euros, cantidad que retiró de la caja de recaudación y transfirió a una cuenta bancaria después de ser víctima de una estafa telefónica.
El caso de la estafa telefónica con recaudación y transferencias en Zaragoza
Según consta en la sentencia, los hechos ocurrieron cuando la empleada llevaba poco más de un mes prestando servicios para la mercantil. En su incorporación, la empresa había advertido a la plantilla de la proliferación de llamadas fraudulentas solicitando pagos, y le dio formación sobre cómo actuar ante este tipo de situaciones.
En concreto, la trabajadora tenía la indicación expresa de no atender órdenes de ingreso, no proceder al cierre del local, no facilitar datos de nombres ni teléfonos y, para comprobar el origen de la llamada, colgar y llamar a su encargada.
Además, por su escasa antigüedad, la empleada no estaba autorizada a disponer de la recaudación ni a realizar ingresos en el banco. Pese a ello, un día en el que se encontraba sola en el local recibió una llamada de una persona que dijo ser repartidor y le indicó que debía entregar un pedido de la empresa, pero que estaba sin pagar. Ante esa situación, la trabajadora cogió 3.800 euros de la caja e ingresó el dinero en una cuenta bancaria señalada por el supuesto repartidor.
La denuncia ante la Policía Nacional y el recorrido hasta el cajero
La propia trabajadora relató a la Policía Nacional, al presentar la denuncia el mismo día de los hechos, que recibió en el teléfono fijo de la empresa una llamada de un hombre que se identificó como repartidor. Según su declaración, este sujeto le solicitó su teléfono personal, ella se lo facilitó y la conversación continuó después a través de su móvil.
En ese intercambio, siempre según lo manifestado ante la Policía, el supuesto estafador le preguntó cuánta recaudación había en la caja porque la mercantil debía hacer un pago de 5.938 euros. También le indicó que debía acudir al Carrefour situado en el Actur de Zaragoza y que durante todo el trayecto siguió en conversación con él, mientras le iba marcando instrucciones para buscar un cajero con la letra B. Una vez localizado, la trabajadora realizó cuatro ingresos de 950 euros cada uno.
La empresa, el periodo de prueba y las sospechas tras las versiones
Por su parte, la encargada de la mercantil, al comparecer ante la Policía Nacional, manifestó que sospechaba del comportamiento de la trabajadora. En su declaración, señaló que la empleada había dado explicaciones contradictorias sobre lo sucedido y que la cuenta de destino de los ingresos bancarios era una cuenta del país de origen de la empleada.
A los pocos días, la empresa comunicó la extinción de la relación laboral por no superación del periodo de prueba. Además, presentó una demanda reclamando a la trabajadora los 3.800 euros que, según se recoge en el procedimiento, retiró de la caja y transfirió.
El fallo del Juzgado de lo Social y la confirmación del TSJ de Aragón
El Juzgado de lo Social número 6 de Zaragoza estimó la demanda de reclamación de cantidad y condenó a la exempleada a abonar a la empresa los 3.800 euros.
Esa condena fue confirmada posteriormente por la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, que mantuvo la obligación de reintegrar a la mercantil la cantidad reclamada.
Impacto de la sentencia en la gestión de fraudes y recaudación en empresas
El caso pone el foco en la importancia de las pautas internas frente a fraudes telefónicos y en la relevancia de respetar los límites de autorización para manejar recaudación o realizar ingresos bancarios.
En este sentido, la resolución refuerza el papel de la formación y de los protocolos de verificación ante llamadas sospechosas, especialmente cuando el trabajador se encuentra solo en el puesto y recibe instrucciones de pago por parte de terceros.