La Audiencia de Pontevedra le suspende la prisión si devuelve el dinero, realiza 45 días de trabajos comunitarios y no delinque en dos años.
Una pareja de Vigo verá resarcido, al menos sobre el papel, el calvario sufrido tras adelantar 18.000 euros para la construcción de su vivienda de madera. El operario contratado, que en seis meses únicamente les montó un pequeño vallado y una caseta para el perro, ha sido condenado a seis meses de prisión por un delito de apropiación indebida.
El tribunal ha acordado suspenderle la entrada en la cárcel siempre que restituya lo defraudado, pague 13.900 euros adicionales y cumpla 45 días de trabajos en beneficio de la comunidad.
La Audiencia de Pontevedra desgrana el engaño y los 18.000 € pagados por la pareja viguesa
Según la sentencia, los hechos se remontan a 2022, cuando los demandantes firmaron con el acusado —empleado entonces de una pequeña empresa de construcciones de madera, la edificación de su vivienda en una parcela del área metropolitana de Vigo. Tras abonar por adelantado 18.000 €, confiando en que la obra avanzaría con normalidad, la pareja solo vio aparecer una valla provisional y, como único “inmueble”, una caseta canina.
Ante la parálisis de los trabajos y tras múltiples excusas del constructor, los perjudicados reclamaron la devolución del dinero. Al no obtener respuesta, interpusieron denuncia en el Juzgado de lo Penal, que derivó finalmente en la vista celebrada el 17 de marzo en la Quinta Sección de la Audiencia provincial.
Argumentos de la defensa, reconocimiento de culpa y atenuante de reparación parcial del daño
En sala, el acusado reconoció los hechos y se declaró culpable para acogerse a la rebaja de pena prevista en el artículo 801 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Aportó un justificante de consignación de 4.500 euros y se comprometió a ingresar 400 euros mensuales durante dos años hasta cubrir la diferencia.
Este gesto permitió al tribunal aplicar la atenuante de reparación parcial, reduciendo la pena inicialmente solicitada de dos años a seis meses de cárcel. La suspensión de la condena exige que el condenado no cometa ningún nuevo delito en un plazo de 24 meses. De incumplirlo, ingresará en prisión y perderá el beneficio concedido.
La administradora de la empresa resulta absuelta y se deslindan responsabilidades societarias
La acusación particular incluyó a la administradora de la mercantil para la que trabajaba el obrero, pero el tribunal la absolvió al no apreciarse “intervención ni ánimo de lucro” por su parte. Los magistrados subrayan que el procesado actuó “al margen de las directrices societarias”, apropiándose del anticipo y destinándolo a fines ajenos a la obra.
Precedentes en el sector de la construcción y repercusión para futuros contratos particulares similares
No es la primera vez que un tribunal gallego aplica la figura de la apropiación indebida a contratistas que cobran anticipos y paralizan la obra. Sin embargo, fuentes jurídicas consultadas destacan la severidad con la que se fija la devolución íntegra del anticipo más una indemnización adicional, así como la advertencia clara: el incumplimiento de los plazos pactados reactivará el ingreso efectivo en prisión.
En este sentido, la resolución refuerza la doctrina que protege a los consumidores frente a adelantos no justificados. Además, envía un mensaje disuasorio al pequeño empresario autónomo que opera sin la solvencia necesaria para asumir proyectos de envergadura.
Garantías de pago fraccionado y seguimiento contractual más estricto en Galicia
Para asociaciones de consumidores, el fallo incentivará la adopción de fórmulas de pago fraccionado y la exigencia de avales en futuras contrataciones domésticas. También se espera que los colegios profesionales recomienden a los particulares firmar contratos más detallados y registrar las entregas en notaría o plataformas de custodia.
Por este motivo, la pareja viguesa no solo recuperará su dinero, sino que contribuye a visibilizar los riesgos de adelantar grandes sumas sin garantías. La Audiencia de Pontevedra deja claro que retener fondos ajenos sin contraprestación, aunque aparezca camuflado bajo un contrato civil, puede terminar en condena penal.