Un juez anula una multa de 200 euros de la DGT por usar el móvil por falta de pruebas: prima la presunción de inocencia

La Dirección General de Tráfico no aportó pruebas suficientes para respaldar la acusación de que un conductor usaba el móvil mientras conducía. El tribunal destaca la importancia de la presunción de inocencia.

Un importante empresario ha conseguido que la Justicia anule la multa de 200 euros que le impuso la Dirección General de Tráfico (DGT) por presuntamente hablar por el teléfono móvil mientras conducía. El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 15 de Madrid estimó el recurso interpuesto por el conductor, quien alegaba que no estaba utilizando su dispositivo en el momento de la denuncia. Además, el tribunal impuso a la DGT unas costas de 60 euros. La resolución es firme y no cabe recurso.

El conductor fue detenido por una patrulla de la DGT que alegó haberlo visto utilizando su móvil mientras circulaba. Aunque el empresario pagó inicialmente la multa, decidió impugnarla argumentando que no había cometido ninguna infracción.

La DGT no presenta pruebas suficientes

En el juicio, se cuestionó si existían pruebas suficientes que confirmaran la acusación de los agentes. Según la sentencia, los agentes que denunciaron al conductor no presentaron pruebas objetivas que corroboraran su versión. El tribunal, basándose en las manifestaciones del demandante, concluyó que en el momento de la denuncia, el conductor no estaba usando su dispositivo ni realizando ninguna llamada.

La sentencia del Juzgado subraya que, en estos casos, la carga de la prueba recae sobre la parte acusadora, en este caso, la DGT. La Administración no pudo presentar pruebas concluyentes que desvirtuaran la presunción de inocencia del conductor, lo que llevó a la anulación de la sanción.

El fallo judicial: La presunción de inocencia prevalece

El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo resaltó en su fallo la importancia de la presunción de inocencia en el derecho administrativo. El tribunal estableció que la DGT no había probado que el conductor estuviera utilizando el teléfono móvil mientras conducía. Según la sentencia, “la presunción de inocencia debe prevalecer y es responsabilidad de la Administración presentar pruebas claras que desvirtúen la versión del acusado”.

El juez argumentó que, en el ámbito administrativo, especialmente en sanciones de tráfico, se debe garantizar que las acusaciones se basen en pruebas objetivas. En este caso, las pruebas proporcionadas por la DGT no fueron suficientes para desvirtuar las manifestaciones del recurrente, quien reiteró que no usaba el móvil en el momento de la denuncia.

Reformas en la Ley de Tráfico de 2022

Este fallo cobra relevancia en el contexto de la reciente reforma de la Ley de Tráfico, aprobada en marzo de 2022, que endureció las sanciones por el uso del teléfono móvil mientras se conduce. Según la nueva normativa, cualquier interacción con el teléfono, incluso si el vehículo está detenido, puede conllevar una sanción económica de 200 euros y la pérdida de entre tres y seis puntos del carné de conducir. Esto incluye revisar notificaciones, cambiar canciones o incluso tocar la pantalla mientras el vehículo está detenido en un semáforo.

Sin embargo, la sentencia deja claro que, aunque la normativa sea más estricta, las sanciones deben estar respaldadas por pruebas claras y suficientes, respetando siempre los derechos fundamentales de los ciudadanos, como la presunción de inocencia.

La presunción de inocencia en el ámbito administrativo

Este fallo establece un importante precedente para futuros casos relacionados con sanciones de tráfico. Reafirma que, aunque la Ley de Tráfico haya endurecido las multas por el uso del teléfono móvil, la presunción de inocencia debe prevalecer en el ámbito administrativo.

A continuación, te mostramos los principales puntos de impacto de esta sentencia:

  • Mayor rigor en la presentación de pruebas: Las autoridades deben presentar pruebas concluyentes para sustentar cualquier sanción.
  • Fortalecimiento de la presunción de inocencia: Las multas no pueden basarse solo en la palabra de los agentes; debe haber pruebas que respalden las acusaciones.
  • Precedente para futuras sanciones: El fallo establece un precedente importante para todos los casos de multas relacionadas con el uso del teléfono móvil mientras se conduce.
  • Mayor transparencia en los procedimientos administrativos: Las decisiones sobre sanciones deben basarse en pruebas claras y objetivas para garantizar el respeto a los derechos de los ciudadanos.

Este caso podría influir en el comportamiento de los tribunales al evaluar futuras multas de tráfico basadas en acusaciones sin pruebas concluyentes.

La nueva normativa de tráfico y el fallo judicial

AspectoNormativa de Tráfico (2022)Fallo Judicial
Sanción económica200 euros por uso del teléfono móvil mientras se conduceLa multa de 200 euros fue anulada por falta de pruebas
Pérdida de puntosPérdida de entre 3 y 6 puntos del carnéNo se aplicó pérdida de puntos en este caso
Pruebas requeridasEl agente debe acreditar la infracción con pruebas clarasLa DGT no presentó pruebas suficientes
Presunción de inocenciaNo especifica, pero se presume en el derecho administrativoSe reafirma la presunción de inocencia como principio clave

Este caso refuerza el concepto de que, en un sistema legal justo, las sanciones deben estar siempre fundamentadas en pruebas irrefutables y no solo en las afirmaciones de los agentes, recordando la importancia de los derechos fundamentales en la administración de justicia.

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