El trabajador municipal fue condenado a dos años y seis meses de prisión por falsedad en documento oficial tras inscribir como empleadas a su pareja, su expareja y su antigua cuñada sin existir relación laboral real.
Un funcionario de un Ayuntamiento de una localidad de Ciudad Real aprovechó su acceso al sistema de la Seguridad Social para dar de alta como trabajadoras a tres familiares directas sin contrato alguno. La maniobra acabó en los tribunales y terminó con una condena de prisión, inhabilitación especial para cargo público y una multa económica.
Este funcionario del Ayuntamiento inscribió a su pareja, expareja y cuñada en la Seguridad Social
Según la resolución, el funcionario utilizó en 2016 los privilegios derivados de su puesto en el Ayuntamiento para registrar en el sistema a su pareja, su expareja y su antigua cuñada como si trabajaran para una empresa, a pesar de que nunca fueron contratadas.
La situación se prolongó aproximadamente un año. Fue entonces cuando la Seguridad Social detectó las irregularidades y anuló esas altas al comprobar que se trataba de contrataciones ficticias, sin ningún respaldo contractual que justificara su presencia en el sistema.
Acusación por delito continuado de falsedad en documento oficial y resultado para los implicados
Tanto el funcionario como las tres mujeres fueron inicialmente acusados de un delito continuado de falsedad en documento oficial por estas inscripciones inexistentes. Sin embargo, las acusadas terminaron absueltas al no poder probarse que conocieran o hubieran colaborado en las actuaciones del trabajador municipal.
El funcionario, en cambio, fue declarado culpable. La sentencia le impone dos años y seis meses de prisión, una inhabilitación especial para ejercer su cargo público durante ese mismo tiempo y el pago de una multa de 3.000 euros, al considerar acreditado que introdujo los datos de forma consciente y sin soporte laboral real.
Recursos ante la Audiencia Provincial, el TSJ de Castilla-La Mancha y actuación de la Sala Penal
El condenado recurrió primero ante la Audiencia Provincial en apelación y posteriormente acudió en casación frente a la resolución del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha. Ninguna de estas impugnaciones modificó el resultado: las resoluciones confirmaron que fue autor de un delito de falsedad en documento oficial.
En sus recursos, el funcionario sostuvo que no actuó con intención de cometer un delito, sino que las altas se produjeron mientras probaba el sistema RED de la Seguridad Social. La Sala Penal rechazó estos argumentos, al descartar que se tratara de un simple error en el manejo de la aplicación informática.
Los magistrados tuvieron en cuenta que el trabajador llevaba utilizando ese mismo programa desde 2008, por lo que entendieron que conocía perfectamente su funcionamiento y el alcance de las gestiones que realizaba. Este dato resultó determinante para desmontar la tesis de la falta de dolo.
Impacto de la condena por falsedad en documento oficial para empleados públicos con acceso a la Seguridad Social
Dado lo anterior, la sentencia lanza un mensaje claro sobre el uso indebido de los sistemas de la Seguridad Social por parte de empleados públicos con acceso privilegiado. La introducción de datos falsos, aunque se pretenda justificar como una prueba o simulación interna, puede derivar en responsabilidad penal.
En este sentido, el caso refuerza la idea de que el acceso a aplicaciones como el sistema RED no es una mera herramienta técnica, sino una función de especial responsabilidad. Manipularla para beneficiar a familiares o terceros, sin respaldo contractual, se considera una vulneración grave que los tribunales sancionan con penas de prisión, multas e inhabilitación para ejercer el cargo público.