Bruselas pacta una reforma de la Seguridad Social europea para aclarar qué país debe pagar el desempleo en los casos transfronterizos.
Cambian las normas para miles de trabajadores que viven en un país y trabajan en otro dentro de la Unión Europea. El Consejo y el Parlamento Europeo han alcanzado un acuerdo para modificar la coordinación de las prestaciones sociales y dejar más claro qué administración debe asumir ayudas como el paro, las prestaciones familiares o los cuidados de larga duración.
La medida busca dar más seguridad a quienes se mueven entre países por motivos laborales. ¿Qué pasa si una persona trabaja en un Estado miembro, vive en otro y pierde su empleo? Hasta ahora, esta situación generaba dudas y tensiones entre administraciones. Con la nueva reforma, Bruselas quiere ordenar el sistema y repartir mejor los costes.
El país donde se cotice deberá asumir el pago del paro
Uno de los cambios principales afecta directamente a la prestación por desempleo. La nueva normativa establece criterios más claros para que, en determinados casos, sea el país donde el trabajador ha desarrollado su actividad el responsable de pagar el paro.
Para que esto ocurra, será necesario haber cotizado al menos 22 semanas en ese Estado. De esta forma, la Unión Europea pretende evitar que el coste recaiga sobre países en los que el trabajador no ha contribuido al sistema.
Esto quiere decir que la prestación se vinculará más a las cotizaciones realizadas. Una medida que, sobre el papel, refuerza la lógica contributiva: quien cotiza en un territorio genera derechos en ese territorio.
Los trabajadores podrán cobrar más tiempo el paro al buscar empleo
La reforma también introduce una mejora para quienes deciden trasladarse a otro país de la UE para buscar trabajo. Hasta ahora, era posible seguir cobrando el paro durante tres meses al desplazarse a otro Estado miembro.
Con el nuevo acuerdo, ese periodo se ampliará hasta los seis meses. Es decir, el trabajador tendrá más margen para encontrar empleo fuera de su país sin perder de golpe la protección económica. Y, la verdad, no es un detalle menor para quienes se plantean dar el salto laboral al extranjero.
Las ayudas familiares y los cuidados tendrán reglas comunes entre países
El acuerdo no se limita al desempleo. Bruselas también quiere aclarar cómo se coordinan otras prestaciones cuando una persona o su familia tienen vínculos con varios países.
Entre ellas están las ayudas familiares, los cuidados de larga duración y otras prestaciones sociales en situaciones transfronterizas. El objetivo es evitar duplicidades, conflictos entre administraciones y desigualdades entre ciudadanos que se encuentran en circunstancias parecidas.
Por tanto, si los miembros de una familia viven o trabajan en distintos Estados, las reglas deberán ser más claras sobre qué país interviene y cómo se reparte la responsabilidad.
Bruselas reforzará los controles sobre empresas y trabajadores desplazados en Europa
Otro punto importante es el aumento del control sobre las empresas y los trabajadores desplazados. La reforma busca frenar prácticas abusivas, como el uso de empresas pantalla, y mejorar la supervisión en sectores sensibles como la construcción.
Las obligaciones de notificación se mantienen cuando una empresa envía a un empleado a otro país, aunque habrá excepciones para desplazamientos muy breves.
Ahora, el acuerdo deberá aprobarse formalmente antes de entrar en vigor, pero ya marca un cambio relevante en la gestión del paro y las prestaciones sociales dentro de la Unión Europea.
