Cuando aprieta el mes y el banco dice que no, los mini créditos se venden como salvavidas. El VI Barómetro de mini créditos de Asufin alerta de su crecimiento en España y de que empujan a personas vulnerables expulsadas del sistema financiero normal. Hablamos de importes desde 92 hasta 990 euros y plazos de 17,2 a 40,5 días que, sobre el papel, parecen manejables.
En la práctica, ese “fácil y sencillo” de la publicidad se convierte en un bucle de sobreendeudamiento. Casos como el de Ángel, jubilado, o el de Jorge, empresario con inversiones fallidas, muestran cómo se encadenan hasta siete mini créditos para pagar los anteriores. Y, para rematar, los costes se disparan con TAE por encima del 1.000% (tasa anual equivalente: el cálculo anual que permite comparar el coste real de un préstamo).
¿Qué está pasando con los mini créditos en España ahora mismo?
Asufin (Asociación de usuarios financieros) describe “un momento netamente expansivo para los préstamos personales”, impulsado por las bajadas de tipos del Banco Central Europeo (BCE). Sin embargo, una parte de la población queda fuera del mercado regulado y cruza a los mini créditos de prestamistas que escapan a la supervisión del Banco de España. El resultado: más demanda, más precios y más plazos.
En el último ejercicio, el barómetro detecta subidas en importes mínimo y máximo ofrecidos por 11 empresas analizadas, entre ellas Vivus.es, ¡québueno!, Reddo, Moneyman o cashper, además de alargamiento de plazos y encarecimiento del coste a corto y medio plazo.
A modo de foto rápida, aquí están los parámetros que recoge el propio estudio para el último año:
| Indicador (VI Barómetro Asufin) | Valor |
|---|---|
| Importe mínimo medio | 92 euros |
| Importe máximo medio | 990 euros |
| Plazo mínimo de devolución | 17,2 días |
| Plazo máximo de devolución | 40,5 días |
| Fórmula más repetida | 300 euros a 30 días |
| Encarecimiento frente a tarjeta de crédito | Hasta 170 veces |
| Coste potencial (TAE) | Por encima del 1.000% |
La “fórmula” de 300 euros a 30 días sigue siendo la reina, pero las empresas elevan cuantías y plazos para clientes que ya han devuelto a tiempo, o incluso de forma general. Y, con la demanda al alza, el sector aprovecha para subir tipos y ajustarse a peticiones de mayores cantidades.
¿Por qué un 10% o un 20% de interés no es lo que parece?
La clave está en el plazo. Aunque el tipo anunciado sea del 10%, 15% o 20%, si hay que devolver en pocos días o semanas, el coste anual equivalente se dispara. La TAE (tasa anual equivalente) convierte ese interés corto en un equivalente anual comparable: ahí aparecen cifras por encima del 1.000%.
Además, SinComisiones, un despacho que atiende unas 300 reclamaciones al mes por intereses considerados usura, ve casos de intereses del 3.000%. El mecanismo es sencillo y peligroso: se devuelve el primer mini crédito y, como no se llega, se pide otro en otra entidad. Cada intento por salir termina hundiendo un poco más.
¿Quién concede estos préstamos y cómo captan clientes?
No son bancos, ni entidades sujetas a la regulación financiera ordinaria. Según Asufin, operan empresas consolidadas, con “mayor experiencia” y capacidad para ofrecer préstamos de mayor cuantía, compitiendo con otras fuentes de financiación. Algunas están domiciliadas en España y otras vienen de países del Este o de Malta, lo que complica las reclamaciones ante el Banco de España.
La captación ha migrado de la tele a Internet. Los anuncios masivos ya son marginales y puntuales; el foco está en redes como TikTok, Instagram o Facebook. El gancho es de clic rápido: DNI, número de cuenta y dinero ingresado. Para colmo, a menudo el primer mini crédito se ofrece “gratis”, un marketing que Asufin compara con casinos o casas de apuestas.
¿Qué riesgos vienen y qué huecos legales hay?
Asufin señala dos riesgos claros. Primero, la entrada de empresas sólidas que amplían importes y compiten directamente con otras fuentes de financiación. Segundo, que el acceso de clientes expulsados del sistema tradicional eleve la morosidad (impagos), con el consiguiente deterioro para los propios deudores y el entorno.
El marco legal es otro problema. Los mini créditos se mueven en un vacío: para frenar intereses abusivos hay que tirar de la Ley Azcárate de 1908 (nulidad de préstamos usurarios con intereses “superiores a los normales o desproporcionados”). Como muchas de estas firmas no están bajo el paraguas del Banco de España, “lo único que se puede hacer es demandar judicialmente”. Asufin pide que “todo prestamista que vaya a un público general pase a estar regulado”, algo que debería incorporarse en la transposición de la directiva europea sobre créditos, tras una consulta pública en 2024 y hoy todavía atascada en el Congreso de los Diputados.
¿Qué puedo hacer si ya estoy atrapado? Pasos concretos para cortar la espiral
Los testimonios lo dejan claro. Jorge encadenó hasta siete mini créditos; tras presentar denuncias, en dos casos las empresas se allanaron (aceptaron la reclamación antes de sentencia) y le devolvieron intereses. Ángel, jubilado, asegura que con el apoyo de Asufin pudo frenar la bola y que “se ganan el 90% de las demandas”, aunque advierte de que, para demostrar la usura y cancelar el exceso de intereses, hay que pasar por un juzgado.
- Contacta con asociaciones especializadas como Asufin para analizar tu caso y coordinar la reclamación.
- Busca asesoría jurídica con experiencia en usura, como SinComisiones, que tramita unas 300 reclamaciones al mes por estos intereses.
- Valora pedir la nulidad por la Ley Azcárate de 1908 si el tipo es “superior a los normales o desproporcionado”.
- Presenta la denuncia: algunas empresas se allanan y devuelven intereses; en otras, el proceso se alarga hasta que se pronuncia la justicia.
- No encadenes nuevos mini créditos para pagar los anteriores: el propio estudio y los casos narrados muestran que se entra en un bucle de sobreendeudamiento.
Por tanto, no hay atajos: hoy por hoy, el camino pasa por la vía judicial y por el asesoramiento. Y, en paralelo, queda pendiente que la directiva europea se incorpore a la ley española para que todo prestamista al público general esté regulado y el consumidor no dependa de un salvavidas que, con demasiada frecuencia, sale carísimo.