Yolanda Díaz insiste en que la vivienda es un derecho y no un regalo fiscal mientras la bonificación a caseros sigue en el aire

La vicepresidenta segunda rechaza la nueva ventaja fiscal para propietarios de vivienda, que necesita el aval del Congreso, y reabre el debate sobre a quién deben dirigirse primero las ayudas públicas.

La bonificación anunciada por el presidente del Gobierno prevé una deducción del 100% en el IRPF para los caseros que no suban el alquiler. Sumar ha adelantado que no apoyará el real decreto-ley. Díaz resume su postura en dos frases: “regalar dinero público a los rentistas es un grave error” y “en estos términos, la propuesta del PSOE no tendrá nuestro apoyo”.

Quién se beneficia de la bonificación fiscal propuesta y por qué genera rechazo político y social

La medida está pensada para propietarios que mantengan congelada la renta al renovar contrato. No se menciona a inquilinos vulnerables ni a una lista de espera para acceder a alquiler asequible, sino a quienes ya disponen de vivienda en propiedad y verán aliviada su factura con Hacienda. En la práctica, el esquema se resume en:

  • Bonificación del 100% en el IRPF para caseros que no suban el alquiler al renovar, aplicada a contratos que se revisan en los próximos meses y cuestionada por Sumar porque beneficia a propietarios con ingresos medios casi el doble que los de las familias inquilinas.

Díaz ha defendido que “la vivienda es un derecho constitucional, no un regalo fiscal”. Con ese mensaje intenta conectar con quienes sienten que siguen en la misma lista de espera de siempre para acceder a un alquiler estable y se preguntan, en tono muy directo: ¿y los inquilinos, qué ganan?

El Congreso se convierte en segundo plazo decisivo para esta ventaja fiscal del Gobierno

El presidente ha presentado la bonificación como parte de su respuesta a la subida de los alquileres, pero el texto necesitará el aval del Congreso. Ese trámite será un segundo plazo político en el que se verá si el real decreto-ley suma apoyos suficientes o si debe reformularse, con un socio minoritario que ya se ha desmarcado de las ventajas fiscales.

El ministro de Derechos Sociales, Pablo Bustinduy, ha resumido la discrepancia señalando que “la prórroga de los alquileres no puede ser una opción ni un premio a los caseros; tiene que ser un derecho de los inquilinos e inquilinas”. A su juicio, la fórmula elegida es “ineficaz, injusta y no es adecuada” y, por tanto, no contará con el apoyo de su grupo.

Inquilinos y mercado del alquiler siguen en lista de espera de soluciones más ambiciosas

Los ministros de Sumar habían propuesto un decreto-ley más amplio, con prórroga de contratos y congelación de precios, pensado para la avalancha de renovaciones de arrendamientos firmados en 2021, cuando los precios eran más bajos.

Desde este espacio se considera que la nueva ventaja fiscal vuelve a dejar a miles de inquilinos en la cola, en una especie de lista de espera permanente para acceder a un alquiler estable y a precios razonables. De ahí que defiendan intervenir de forma más directa el mercado del alquiler, frente a la apuesta socialista por el incentivo fiscal.

Otras voces a la izquierda del PSOE también se han pronunciado. La secretaria general de Podemos, Ione Belarra, ha llegado a afirmar que “es para que ardan las calles en movilización social”. La eurodiputada Irene Montero se ha mostrado “indignada” ante una política de vivienda que “no tiene perdón”.

ActorCargoPosición ante la bonificación fiscal
Yolanda DíazVicepresidenta segunda, SumarEn contra
Pedro SánchezPresidente del GobiernoA favor
Pablo BustinduyMinistro de Derechos SocialesEn contra
Ione BelarraSecretaria general de PodemosEn contra
Irene MonteroEurodiputadaEn contra

En plena crisis de alquiler, el debate definirá quién pasa al frente de la fila y quién sigue en la lista de espera de soluciones públicas.

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