La Audiencia Provincial de Gerona ratifica la sentencia que le obliga a pagar más de 10.000 euros por los daños ocasionados en el inmueble.
El caso gira en torno a un arrendatario que, en lugar de emplear la casa para los fines pactados en el contrato de alquiler, la destinó a la producción de marihuana. Esta actividad ilícita provocó un cortocircuito en una de las lámparas de cultivo y, en consecuencia, un incendio que dañó seriamente la vivienda.
Tras el siniestro, la aseguradora Ocaso, subrogándose en los derechos de la propietaria del inmueble, denunció al inquilino por los daños registrados. El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Figueres le dio la razón y consideró responsable al demandado, quien recurrió la decisión. Finalmente, la Audiencia Provincial de Gerona ha ratificado la sentencia y confirmado la indemnización de más de 10.000 euros.
Cómo la Audiencia Provincial de Gerona determinó la responsabilidad del inquilino en el incendio
La defensa del condenado argumentó que se encontraba en el extranjero cuando se produjo el fuego, alegando que no podía ser declarado culpable por un suceso del que supuestamente no tuvo constancia directa. Además, señaló que los bomberos no encontraron plantas de marihuana en el momento de la extinción, sino únicamente la instalación para su cultivo.
Sin embargo, los magistrados han recalcado la obligación del arrendatario de demostrar que el daño no se debió a su culpa, conforme al principio de presunción iuris tantum en materia de arrendamientos. La Sala concluye que la existencia de la infraestructura y la manipulación eléctrica necesaria para la plantación eran suficientes indicios de que el incendio se originó en una lámpara de cultivo, imputable al mal uso de la vivienda.
La investigación reveló la plantación de marihuana y el origen del fuego en la vivienda alquilada
La principal prueba de la aseguradora se basó en la inspección posterior al incidente, donde las autoridades constataron la presencia de lámparas y demás instrumental propio de un cultivo interior. Esta evidencia resultó determinante para establecer que el destino real de la vivienda no cumplía con lo pactado en el contrato, que prescribía un uso residencial.
Además, los peritos confirmaron que el incendio se inició precisamente en el circuito eléctrico que alimentaba las luces de la plantación. Estas lámparas, de alta potencia, suelen requerir una adaptación irregular o ilícita del suministro, lo cual eleva significativamente los riesgos de cortocircuitos e incendios.
Por qué la jurisprudencia sobre arrendamientos y daños es clave en este caso concreto
La jurisprudencia sostiene que el arrendatario debe velar por la adecuada conservación y uso del inmueble, respetando las condiciones pactadas. Cuando surgen daños relevantes en la vivienda, el inquilino ha de probar que no es responsable. Dado que el demandado no aportó pruebas suficientes y que la existencia de la instalación de cultivo ilícito se consideró clara, la Audiencia Provincial dictaminó la desestimación de su recurso.
El hecho de que no se encontraran plantas en el momento de la intervención de los bomberos no altera la responsabilidad, pues quedó acreditado el uso inadecuado de la propiedad y su relación directa con el origen del siniestro.
Consecuencias de la sentencia para futuros conflictos de uso indebido de inmuebles arrendados
La decisión de la Audiencia Provincial de Gerona refuerza la doctrina en la que el arrendatario asume la carga de probar su inocencia cuando el inmueble sufre daños, especialmente si existen indicios sólidos de un uso distinto al contratado. Este pronunciamiento puede servir de referencia en litigios similares, sobre todo cuando se alega la presencia de instalaciones peligrosas o manipulación ilegal de la red eléctrica.
Además, la sentencia pone de manifiesto la importancia de un control responsable por parte de los propietarios y de las compañías de seguros, que suelen incluir cláusulas específicas en los contratos para evitar este tipo de siniestros. Con el fallo, se consolida la obligación de los inquilinos de mantener el uso correcto de la vivienda y se alerta sobre las implicaciones civiles y penales de emprender actividades ilícitas en un inmueble arrendado.