La reducción del horario en la Administración General del Estado arrancará en abril de 2026 tras retrasarse la negociación entre el Gobierno y los sindicatos. Beneficiará a buena parte del empleo público, aunque no se aplicará igual en todos los sectores.
La vuelta a las 35 horas semanales en la Administración General del Estado no empezará en marzo. Finalmente, será en abril de 2026 cuando comience esta reducción de jornada, una medida ligada a la modernización del empleo público y a la mejora de la conciliación sin recorte salarial.
Cuándo entra en vigor la jornada de 35 horas para funcionarios en 2026
El acuerdo formal entre el Gobierno y los sindicatos se firmará este viernes. Después, el Ministerio de Función Pública elaborará una instrucción técnica que fijará el momento exacto de aplicación.
Todo apunta a que el cambio se activará pocos días después de esa firma, ya dentro de abril. Eso sí, no llegará de golpe para todos. ¿Qué implica esto? Que el nuevo horario será general, pero con ritmos distintos según el área y el tipo de jornada.
Qué requisitos y condiciones marcarán la aplicación de la nueva jornada laboral
La reducción no será automática ni idéntica en todos los casos. Cada sector tendrá que concretar cómo la aplica en sus propias mesas de negociación y algunos colectivos con horarios superiores deberán adaptar sus turnos de forma progresiva. Entre las claves de la medida destacan estas condiciones:
- Negociación sectorial en sanidad, educación o administración general
- Adaptación paulatina de jornadas especiales, como las de 40 horas
- Reorganización de turnos, servicios y cargas de trabajo sin pérdida salarial
- Aplicación progresiva en sectores con características específicas
Además, el acuerdo incluye cambios en las jubilaciones parciales. Esto permitirá incorporar personal de relevo con más agilidad y sostener la reducción de jornada sin afectar al funcionamiento de los servicios.
A qué funcionarios se aplica la reducción de jornada y qué excepciones existen
La medida alcanzará a la mayoría del personal del sector público estatal: empleados de ministerios y organismos dependientes, secretarías de Estado, subsecretarías, direcciones generales, delegaciones y subdelegaciones del Gobierno, además del personal destinado en el exterior.
No obstante, hay matices importantes. Instituciones penitenciarias, personal sanitario y docentes, especialmente en Ceuta y Melilla, necesitarán acuerdos específicos. Vamos, que abril será el arranque, pero no el final del proceso.
La reforma también se enmarca en una estrategia más amplia, con nuevas ofertas de empleo público, refuerzo de plantillas en el SEPE y la Seguridad Social, revisión de los límites de reposición e impulso al teletrabajo y a la carrera profesional.