El caso del aparcamiento de Waitrose se conoció en marzo. Su gestor exige reclamar cada aviso por separado y establece 28 días de plazo.
Varios vecinos de Christchurch, en Dorset, recibieron cargos de 100 libras por cruzar el aparcamiento de Waitrose para acceder a sus viviendas. The Independent publicó el caso el 10 de marzo de 2026. Una guía de POPLA, difundida el 4 de septiembre, permite aclarar cómo se recurren estos cobros privados. El detalle relevante para los afectados es que Britannia exige presentar una reclamación por cada aviso recibido.
El aparcamiento de Waitrose ofrecía 90 minutos gratis con control de matrículas
El cambio de gestión se anunció en septiembre de 2025, cuando Christchurch Town Council adquirió el recinto a BCP Council. El terreno siguió siendo público, pero quedó arrendado a Waitrose, con Britannia encargada del control mediante lectura de matrículas. El acuerdo ofrecía hasta 90 minutos gratuitos a cualquier usuario, también para visitar el centro urbano. Para estancias superiores, la información publicada entonces remitía a otros aparcamientos cercanos con opciones de mayor duración.
El conflicto afectó a residentes de Beaconsfield Road que utilizaban el recinto como acceso a sus propiedades. Waitrose ofreció cancelar los avisos comunicados por los vecinos afectados, según el relato original. No se ha localizado una confirmación posterior de la anulación de todos los cargos. Como en otros conflictos por acceder al garaje, distinguir la zona de paso de las plazas resulta esencial. Aquí, además, deben separarse el recorrido hacia la vivienda y el estacionamiento sujeto al límite.
Los cargos privados y las multas municipales se recurren por vías diferentes
POPLA, el servicio independiente de reclamaciones de aparcamiento, explica que los avisos privados se basan en un supuesto incumplimiento contractual. Las condiciones deben figurar claramente en la señalización del recinto. Las sanciones municipales, en cambio, proceden de una autoridad pública y tienen otra base jurídica. Ambas pueden identificarse en inglés con las siglas PCN, aunque designan documentos diferentes. Por eso, antes de recurrir, hay que identificar quién reclama el dinero y qué procedimiento aparece en la notificación.
La diferencia también separa este asunto de las multas de aparcamiento en Hounslow impuestas por una administración. La titularidad pública del terreno no basta para identificar el tipo de aviso: hay que comprobar quién lo emite. Tampoco debe darse por inválido solo por proceder de una empresa. POPLA advierte de que una reclamación impagada puede terminar ante un tribunal civil. Su guía de septiembre aporta esta precisión al caso, sin acreditar por sí misma si los avisos concretos estaban justificados.
Britannia fija 28 días y exige reclamar cada aviso por separado
La política de Britannia establece 28 días desde la fecha de emisión del aviso para presentar alegaciones. Si se utiliza su web, cada notificación debe recurrirse por separado. Una persona con varios cargos debe identificar y tramitar cada expediente, aunque alegue el mismo motivo. La empresa recomienda su portal, porque registra la impugnación y deja el cobro en suspenso. Los recursos postales quedan suspendidos cuando los recibe. No admite presentar alegaciones por teléfono.
El escrito debe incorporar nombre, dirección, matrícula, referencia del cargo y explicación del desacuerdo. Britannia pide copias de las pruebas, sin necesidad de entregar originales. En un conflicto de acceso, puede resultar útil aportar documentación del recorrido y del derecho invocado, si se dispone de ella. La compañía advierte de que pagar impide continuar su procedimiento de recurso. También señala que no recibir respuesta en 28 días no equivale a una cancelación: el interesado debe comprobar el estado del expediente.
POPLA permite una revisión independiente después del rechazo
Si Britannia rechaza las alegaciones, el afectado puede acudir a POPLA con el código de verificación facilitado por el operador. Este servicio es gratuito y establece otros 28 días desde el rechazo para presentar el recurso. Es un plazo distinto del inicial ante la empresa. El conductor debe aportar desde el principio los motivos y las pruebas que quiera someter a revisión. POPLA no recopila documentos ni contacta con testigos en nombre del reclamante, según sus preguntas frecuentes.
Durante la revisión de POPLA, el operador no debe perseguir el pago del cargo recurrido. Sin embargo, Britannia advierte de que acudir a esta segunda instancia supone perder el descuento que pudiera haberse ofrecido. Si el recurso prospera, el aviso queda cancelado; si se rechaza, el operador espera el pago. Estas reglas corresponden al procedimiento británico y no deben trasladarse automáticamente a España. Los canales y condiciones pueden consultarse en la información oficial de Britannia y la guía de POPLA.