Octavio Granado, exsecretario de Estado de Seguridad Social, propone revisar la compatibilidad de la viudedad con los ingresos laborales. También plantea garantizar un incremento mínimo de renta al llegar la jubilación.
La pensión de viudedad podría cambiar de funcionamiento si prosperasen las propuestas planteadas por Octavio Granado en un nuevo informe. El exsecretario de Estado propone limitarla cuando el beneficiario perciba ingresos del trabajo y reforzar su efecto económico cuando llegue la jubilación. El documento se presentará el 25 de septiembre en una jornada organizada por Fedea. Se trata de una propuesta de reforma, no de un cambio normativo ya aprobado.
La pensión de viudedad podría reducirse mientras se cobra un salario
La primera propuesta plantea establecer incompatibilidades entre la pensión de viudedad y los ingresos procedentes del trabajo o de actividades económicas. La cuantía podría ajustarse según las rentas del beneficiario durante su vida activa. Granado toma como referencia sistemas existentes en otros países de la Unión Europea. El cambio afectaría a la compatibilidad, no a las cuantías de las pensiones en 2026 de forma general.
Actualmente, según explica el informe citado, la viudedad mantiene una elevada compatibilidad con los ingresos laborales, incluso cuando estos son altos. Granado considera que esta situación ha perdido parte de la justificación existente cuando se diseñó la prestación. Su propuesta introduce una diferencia importante entre quienes necesitan la pensión como protección económica y quienes mantienen rentas elevadas procedentes del trabajo.
| Situación | Sistema descrito actualmente | Propuesta de Granado |
|---|---|---|
| Beneficiario trabajando | Amplia compatibilidad entre salario y viudedad | Reducir la prestación según los ingresos |
| Acceso posterior a jubilación | Puede actuar el tope máximo de las pensiones | Garantizar un incremento mínimo de renta |
| Pensiones con complemento a mínimos | Parte del efecto de la viudedad puede quedar absorbido | Evitar que desaparezca buena parte del incremento |
| Orfandad | Gasto muy inferior al destinado a viudedad | Reforzar su protección económica |
El tope máximo puede reducir el efecto de la viudedad al jubilarse
El informe señala una situación que puede resultar paradójica. Una persona puede compatibilizar durante años su salario con la pensión de viudedad. Sin embargo, al dejar de trabajar y acceder a su propia jubilación, entra en juego el límite máximo aplicable a las pensiones públicas. El resultado puede ser que parte del aumento esperado de ingresos quede absorbido por ese límite.
También aparecen problemas entre quienes necesitan un complemento a mínimos en la viudedad. El documento utiliza como ejemplo un matrimonio dedicado a la agricultura. Ambos percibían una pensión mínima anual de 12.441,80 euros, incluyendo el complemento correspondiente. Tras el fallecimiento de uno de ellos, se generaba una viudedad de 4.732 euros anuales. Sin embargo, la mejora real de renta quedaba reducida a 99,35 euros mensuales por el funcionamiento del complemento.
Granado propone corregir estas situaciones mediante una garantía de incremento mínimo de renta cuando el beneficiario llegue a la jubilación. La finalidad sería impedir que el reconocimiento de la viudedad pierda buena parte de su efecto por el tope máximo o por los complementos.
El debate no es nuevo. El informe recuerda que en la reforma de 2007 ya se estudió un modelo inspirado en Alemania. La propuesta contemplaba reducir la pensión de viudedad según los ingresos adicionales. La medida fue planteada a propuesta de la CEOE, pero no prosperó por la oposición sindical durante el diálogo social.
El peso de la viudedad ha caído 4,9 puntos en veinte años
La transformación social es otro de los argumentos utilizados para plantear la reforma. La pensión de viudedad nació en un contexto con muchas más dificultades para que las mujeres accedieran al empleo. También tenían menos posibilidades de generar derechos propios de jubilación. Actualmente, las mujeres representan el 47% de la afiliación al sistema, según los datos recogidos por Granado.
El peso económico de la prestación también se ha reducido. Las pensiones de viudedad suponían hace veinte años el 20,3% del gasto total en pensiones. Ahora representan el 15,4%. Son 4,9 puntos porcentuales menos. Tomando como referencia el peso inicial, el descenso relativo ronda el 24%, aunque la prestación mantiene una presencia relevante dentro del sistema.
Granado vincula esta evolución con otros cambios sociales, como una mayor esperanza de vida y un menor peso del matrimonio tradicional. Su planteamiento no pasa por eliminar la protección, sino por redistribuirla según la situación económica del beneficiario.
El informe también abre el debate sobre la financiación futura. Una de las opciones planteadas sería que determinadas prestaciones de viudedad pasasen a financiarse parcialmente mediante impuestos. Actualmente, su financiación se vincula al sistema de Seguridad Social.
El informe plantea reforzar la orfandad y crear un seguro para parejas
Otra propuesta consiste en aumentar la protección económica destinada a los huérfanos. Granado considera que existe un desequilibrio entre ambas prestaciones. En 2005, el gasto en viudedad era 14 veces superior al destinado a orfandad. En 2025 todavía fue 13,17 veces mayor, pese a las mejoras introducidas durante estos años.
La pensión de orfandad puede mantenerse de por vida en determinados supuestos de incapacidad. Granado sostiene que debe reforzarse especialmente la cobertura durante las edades en las que el beneficiario todavía no puede incorporarse al mercado laboral.
La cuarta medida consiste en desarrollar progresivamente un régimen de seguro para las parejas. Serviría para quienes quisieran conservar parte de las mejoras de renta asociadas al modelo actual de viudedad. El documento plantea así separar progresivamente determinadas coberturas de la protección pública general.
Ninguna de estas medidas supone actualmente una reforma aprobada. Son propuestas que Granado presentará el 25 de septiembre y que abren nuevamente el debate sobre una prestación cuya reforma integral ya ha sido planteada anteriormente en el Pacto de Toledo.