El economista relaciona la reducción de la oferta de alquiler con el temor de los propietarios, mientras las rentas siguen tensionando los ingresos de muchas familias.
Gonzalo Bernardos vuelve a poner el foco sobre uno de los asuntos más delicados del mercado del alquiler. El economista sostiene que “una persona que cobra 1.600 euros puede ser considerada como vulnerable” y relaciona la reducción de viviendas disponibles con el temor de los propietarios a afrontar un impago y tener dificultades para recuperar el inmueble.
Su afirmación necesita, sin embargo, una precisión importante. Cobrar 1.600 euros no convierte automáticamente a una persona en vulnerable a efectos legales. La normativa establece condiciones económicas concretas y exige que concurran conjuntamente varios requisitos.
Cobrar 1.600 euros no convierte automáticamente al inquilino en vulnerable
Bernardos lleva meses defendiendo que parte de los propietarios está endureciendo la selección de sus inquilinos. En intervenciones anteriores ya ha señalado que en ciudades como Madrid o Barcelona algunos caseros pueden exigir unos ingresos elevados antes de aceptar a un nuevo arrendatario.
El economista atribuye este comportamiento al temor de los arrendadores ante una eventual situación de vulnerabilidad del inquilino. Una preocupación que, según su interpretación, termina provocando que algunos propietarios retiren viviendas del alquiler o sean mucho más exigentes con la solvencia.
La normativa ofrece una imagen más compleja. El Real Decreto-ley 11/2020 establece, con carácter general, determinados límites de ingresos vinculados al IPREM, que pueden aumentar dependiendo de las circunstancias familiares. También contempla el peso que tienen el alquiler y los suministros básicos sobre los ingresos del hogar.
Por tanto, no existe una regla general según la cual cualquier trabajador que gane 1.600 euros mensuales pueda declararse vulnerable por el mero hecho de tener ese salario.
Los hogares vulnerables mantienen determinadas protecciones frente al desahucio
La preocupación expresada por Bernardos coincide con una regulación que contempla medidas específicas para determinados hogares vulnerables. La normativa permite solicitar la suspensión extraordinaria de algunos procedimientos de desahucio cuando el arrendatario acredita una situación de vulnerabilidad económica y no dispone de alternativa habitacional.
Esto tampoco significa que cualquier inquilino pueda paralizar automáticamente un procedimiento con solo declararse vulnerable. Es necesario acreditar las circunstancias correspondientes y cumplir los requisitos previstos legalmente.
Las dificultades para acceder a una vivienda tampoco afectan únicamente a quienes buscan alquilar un piso completo. El coste de alquilar una habitación también se ha convertido en una alternativa cada vez más cara en muchas ciudades españolas.
La regulación contempla además las circunstancias del propietario en determinados procedimientos. Por este motivo, la situación jurídica puede variar dependiendo del número de viviendas que posea, de su propia situación económica y de las características concretas del caso.
El alquiler absorbe una parte cada vez mayor de algunos salarios
Las declaraciones de Bernardos llegan en un mercado en el que los precios del alquiler mantienen una fuerte presión sobre los hogares. La diferencia entre determinados salarios y las rentas que se piden en las grandes ciudades permite entender por qué el economista pone el foco precisamente sobre quienes perciben alrededor de 1.600 euros mensuales.
Si una vivienda costara alrededor de 1.000 euros al mes, una persona con unos ingresos netos de 1.600 euros tendría que destinar más del 60% de su salario únicamente al alquiler. A esa cantidad habría que añadir electricidad, agua, alimentación, transporte y el resto de gastos habituales.
El ejemplo no determina legalmente que esa persona sea vulnerable, ya que la normativa analiza otros factores. Sí refleja hasta qué punto un alquiler elevado puede comprometer las finanzas de alguien que, por su nivel salarial, no siempre se identificaría inicialmente con un hogar de bajos ingresos.
La presión también alcanza a quienes optan por compartir piso. El precio de las habitaciones muestra que esta opción tampoco garantiza ya un alojamiento económico en los mercados más tensionados.
Bernardos relaciona la falta de pisos con el miedo de los propietarios
Para Gonzalo Bernardos, uno de los principales problemas se encuentra precisamente en la oferta. Su tesis es que algunos propietarios prefieren no sacar sus inmuebles al mercado tradicional ante el riesgo que perciben de impago y las dificultades que creen que pueden encontrar posteriormente para recuperar la vivienda.
No es la primera vez que el profesor de Economía de la Universidad de Barcelona apunta en esta dirección. Bernardos ha relacionado anteriormente el aumento de las exigencias para acceder a un alquiler con la inseguridad que, a su juicio, sienten determinados propietarios.
El economista también ha insistido en otro elemento de la crisis residencial, la insuficiente construcción de nuevas viviendas. La escasez de vivienda protegida forma parte de su diagnóstico sobre los problemas estructurales que afectan actualmente al mercado inmobiliario español.
Los datos permiten constatar las dificultades de acceso a la vivienda y el elevado esfuerzo económico que afrontan determinados hogares. Lo que no puede establecerse únicamente a partir de esas cifras es que la protección de los arrendatarios vulnerables sea la principal causa de la reducción de la oferta. Esa relación corresponde a la interpretación defendida por Bernardos.