El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha confirmado la incapacidad permanente absoluta de una auxiliar administrativa con fatiga crónica. La resolución reconoce además una pensión vitalicia del 100% de una base reguladora de 2.773,76 euros.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha ratificado la incapacidad permanente absoluta derivada de enfermedad común a una trabajadora de 37 años que padecía fatiga crónica. Con esta decisión, la mujer tendrá derecho a una pensión vitalicia equivalente al 100% de la base reguladora de 2.773,76 euros, además de las revalorizaciones que correspondan.
La demandante trabajaba como auxiliar administrativa con tareas informáticas y su situación clínica ya había sido analizada previamente por el Equipo de Valoración de Incapacidades. A pesar de ello, el Instituto Nacional de la Seguridad Social rechazó en un primer momento que sus dolencias tuvieran carácter invalidante.
El Equipo de Valoración de Incapacidades y el INSS marcaron el origen del conflicto judicial
El caso arrancó el 23 de marzo de 2023, cuando el Equipo de Valoración de Incapacidades determinó que la trabajadora sufría una encefalomielitis miálgica. Esta enfermedad le provocaba fatiga extrema, niebla mental, cefaleas y fotofobia, unas limitaciones que afectaban de forma considerable a su capacidad para desarrollar una actividad laboral.
Pese a ese diagnóstico, el INSS no reconoció que la situación fuera constitutiva de incapacidad permanente en grado absoluto. Por este motivo, el asunto terminó en los tribunales y fue un Juzgado de lo Social de Ciudad Real el que, en sentencia dictada el 23 de octubre de 2024, declaró a la demandante afecta a una incapacidad permanente absoluta.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha avala el criterio del perito
Ahora, la Sala de lo Social ha confirmado esa resolución y ha respaldado la valoración realizada en la instancia. En concreto, recuerda que el juzgador asumió las conclusiones expuestas por el perito durante la vista, dando por acreditado el alcance real de las secuelas que presentaba la mujer.
Según recoge la resolución, la afectación había llegado a un grado severo. La trabajadora no podía salir de casa ni conducir y sufría un «agotamiento físico y mental que le impedía realizar cualquier actividad diferente al propio autocuidado».
A partir de esa valoración, el tribunal concluye que la actora ha acreditado «sobradamente» que estaba impedida para el desempeño normal de una actividad profesional, al no poder asumirla con la dedicación, constancia y esfuerzo exigibles para su correcto y regular desarrollo.
La pensión vitalicia reconocida y la posibilidad de recurso ante el Tribunal Supremo
Con esta decisión judicial, queda confirmada la pensión vitalicia del 100% sobre la base reguladora de 2.773,76 euros. A esa cuantía se sumarán las revalorizaciones a las que tenga derecho.
No obstante, la sentencia todavía no es firme. El departamento de Prensa del Poder Judicial ha señalado que puede ser recurrida en casación ante el Tribunal Supremo.