Una empleada de 39 años perdió la última falange de un dedo cuando la lápida que manipulaba se desplomó sobre su mano. El responsable municipal de los cementerios de Langreo se sentará en el banquillo de la sala de lo Penal número 1 por presunta imprudencia grave y un delito contra la salud de los trabajadores.
Los hechos se remontan al 26 de abril de 2019. Aquel día, el encargado ordenó a tres operarios (dos hombres y una mujer) exhumar restos mortales en el cementerio de Riaño. Según la acusación, no comprobó la seguridad de la superficie donde debían trabajar. Sin un andamiaje estable ni un análisis previo del terreno, la cuadrilla comenzó a desatornillar la losa de 140 kilos.
En cuestión de segundos, la placa cayó sobre un falso techo. Al hundirse, dos trabajadores se precipitaron al interior de la tumba. Durante la caída, el mármol atrapó el quinto dedo de la mano derecha de la empleada y le seccionó la falange distal. El siniestro obligó a evacuarla de urgencia y derivó después en una incapacidad temporal prolongada.
La investigación y la calificación fiscal por grave imprudencia en materia de prevención laboral
A raíz del suceso, la Inspección de Trabajo levantó acta por ausencia de medidas de seguridad básicas: falta de apuntalamiento, inexistencia de informe técnico sobre la estabilidad del nicho y carencia de formación específica para maniobrar lápidas pesadas. Sobre esta base, la Fiscalía considera que el encargado desatendió sus obligaciones de prevención de riesgos.
El ministerio público imputa un delito contra la salud de los trabajadores en concurso ideal con otro de lesiones por imprudencia grave. Solicita dos penas de nueve meses de prisión (que suman año y medio), una multa de 2.160 € y una indemnización a la víctima de 34.731 €. La vista oral fijará si hubo temeridad consciente o mera negligencia, extremo que condicionará la eventual condena.
Posibles consecuencias judiciales y comparación con otros siniestros en camposantos municipales asturianos
Aunque todavía no existe sentencia, el caso podría sentar un precedente relevante para los servicios funerarios públicos. En procedimientos similares, como el dictado por el Juzgado de lo Penal de Avilés en 2021 por caída de una tapia funeraria, las penas oscilaron entre multas y suspensión de empleo, pero no llegaron a la prisión efectiva. La Fiscalía, sin embargo, subraya la gravedad del riesgo asumido y la lesividad del resultado.
Expertos en derecho laboral recuerdan que los responsables jerárquicos del Ayuntamiento son garantes directos de la seguridad de sus subordinados. Cuando la omisión preventiva es palmaria (falta de inspección, medios o formación), los tribunales asturianos vienen avalando la vía penal para depurar responsabilidades.
La gestión de riesgos laborales dentro de las corporaciones locales españolas
Si la condena prospera, los consistorios estarán obligados a revisar protocolos en camposantos y otros servicios con tareas manuales de alto riesgo. Se espera un refuerzo de las auditorías preventivas, la contratación de planes específicos para manipulación de cargas pesadas y la actualización de la formación en emergencias.
Para la trabajadora afectada, la indemnización propuesta serviría para cubrir las secuelas funcionales y estéticas derivadas de la amputación. Más allá del resarcimiento individual, el proceso envía un mensaje claro: la eliminación de riesgos evidentes no es opcional, y omitirla puede costar la libertad al responsable directo.