El tribunal castellanoleonés confirma la incapacidad permanente absoluta de una diseñadora gráfica con covid persistente y sordera bilateral, obligando al Instituto Nacional de la Seguridad Social a abonar el 100 % de su base reguladora.
Una diseñadora gráfica de 57 años recibirá finalmente una pensión de incapacidad permanente absoluta de 1.889,92 euros mensuales después de que la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León (TSJCL) anulará la negativa inicial del Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS). Los magistrados estiman que las secuelas de la covid‑19, sumadas a su sordera bilateral de larga data, le impiden ejercer cualquier profesión de forma estable.
Antecedentes del conflicto laboral entre la diseñadora gráfica y la Seguridad Social
La afectada acumulaba más de 36 años de cotización cuando, tras contraer coronavirus, empezó a sufrir cefaleas tensionales diarias, déficit cognitivo y problemas de memoria. Estos síntomas se superponían a una discapacidad auditiva reconocida desde la infancia. A la vista de su deterioro, solicitó la incapacidad permanente absoluta en cuanto cumplió los 57 años, convencida de no poder seguir trabajando con normalidad.
Sin embargo, el INSS denegó la petición al entender que todavía podía desempeñar otras ocupaciones de menor exigencia y, sobre todo, porque no alcanzaba (según su interpretación) los años mínimos de cotización para acceder a la prestación anticipada.
Pruebas médicas post‑Covid que sustentaron la solicitud de incapacidad permanente absoluta
Durante el proceso administrativo y posterior demanda judicial, la defensa de la trabajadora aportó informes neurológicos que describían una cefalea crónica refractaria a cualquier tratamiento, un trastorno adaptativo con estrés continuado y dificultades para la concentración. El cuadro clínico, frecuente en casos de covid persistente, se consideró incompatible con tareas que requiriesen pantallas, precisión gráfica o altos niveles de atención, como las propias del diseño multimedia.
Además, los peritos subrayaron que la sordera bilateral obligaba a la profesional a sustentarse casi exclusivamente en la vista y la concentración para comunicarse y ejecutar su labor, agravando el impacto de las cefaleas y el cansancio mental.
Argumentos del Tribunal Superior de Justicia para desestimar al INSS
En la sentencia STSJ CL 3067/2024, los magistrados concluyen que la situación clínica “hace ilusorio un desempeño ordinario, con rendimiento adecuado y sin sacrificios extraordinarios”. Recuerdan que la ley exige valorar la aptitud para cualquier trabajo, no solo para la profesión habitual, y que las dolencias diarias limitan la actividad productiva en cualquier entorno laboral.
Por este motivo, el tribunal reconoce el derecho de la demandante a la incapacidad permanente absoluta y condena al INSS a pagar la pensión íntegra, calculada sobre el 100 % de su base reguladora, además de abonar los atrasos devengados desde la fecha de solicitud.
Resolución en la política de reconocimiento de pensiones anticipadas
La sentencia del TSJCL puede influir en futuros expedientes de incapacidad vinculados a covid persistente, obligando al INSS a revisar con mayor detalle las limitaciones cognitivas y sensoriales acumulativas. Además, envía un mensaje claro a las empresas: los ajustes razonables no siempre bastan cuando las dolencias son permanentes y polifactoriales.
En este sentido, los expertos apuntan a que el fallo podría acelerar cambios internos en los criterios médicos del organismo y animar a otros afectados a recurrir. Mientras tanto, la trabajadora percibirá su pensión sin recortes y con efectos retroactivos, cerrando un litigio que comenzó con la negativa administrativa y terminó afianzando su derecho a una protección social plena.