El Juzgado de lo Social n.º 5 de Vigo confirma la sanción propuesta por la Inspección de Trabajo al constatar que los supuestos “familiares y amigos” ejercían labores esenciales en la tapería durante la fiesta medieval de 2023.
La dueña de una conocida tapería del casco viejo de Baiona deberá pagar 33.750 euros tras la última resolución judicial que respalda la actuación de la Inspección de Trabajo. Los magistrados concluyen que las seis personas que atendían el puesto durante la Arribada de 2023 no prestaban “ayuda puntual”, sino un servicio laboral encubierto que requería alta en la Seguridad Social.
La Inspección de Trabajo destapa empleos encubiertos en plena fiesta medieval de Baiona
El origen del litigio se remonta a marzo de 2023, cuando la Arribada congregó a miles de visitantes. Atraídos por la afluencia, los subinspectores realizaron una visita sorpresa a la tapería. Su acta recoge a ocho personas desempeñando tareas de cocina, mostrador y atención al público; solo dos figuraban dadas de alta: el marido de la empresaria y un ayudante de camarero.
Cinco de los seis trabajadores sin contrato reconocieron de forma espontánea que estaban “cubriendo el fin de semana”, aportaron horarios concretos y vestían mandiles propios de hostelería. Una de ellas, de nacionalidad colombiana, carecía además de permiso de trabajo. Para la propietaria, en cambio, todo se debía a una “atmósfera festiva y de camaradería” en la que familiares y amigos “echaban una mano” sin percibir remuneración.
Los magistrados desmontan la tesis del voluntariado al valorar pruebas documentales y testimonios
La defensa mantuvo en juicio que la ayuda era altruista y puntual, alegando que la indumentaria se ajustaba a la estética medieval de la Arribada. Incluso se mencionó que uno de los implicados “solo preparó un choripán a modo de broma”. Sin embargo, el tribunal consideró más verosímiles las declaraciones recogidas in situ por los inspectores y la reiteración de tareas esenciales para el servicio.
El fallo recuerda que dos de las seis personas ya habían trabajado en el establecimiento en ocasiones anteriores con contrato y alta. Este dato, unido a la naturaleza “esencial e imprescindible” de las labores realizadas, apuntala la presunción de certeza de la Inspección y desmonta la versión de la hostelera sobre un supuesto voluntariado informal.
El Tribunal Superior y el Juzgado de lo Social refuerzan la doctrina contra los “falsos voluntarios” en hostelería
La sentencia del Juzgado de lo Social nº 5 de Vigo se suma a la dictada previamente por el Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), que ya había avalado el alta de oficio de los trabajadores. Ambos fallos consolidan la línea jurisprudencial que equipara estas colaboraciones “familiares” a verdaderas relaciones laborales cuando concurren habitualidad, ajenidad y dependencia.
Por el momento, la multa queda en suspenso hasta que la resolución sea firme, si bien la empresaria solo dispone de recurso extraordinario. Los jueces subrayan que no se ha aportado “mecanismo de prueba convincente” capaz de desvirtuar las actas inspectoras.
Impacto: advertencia a negocios estacionales que recurren a ayuda “informal” sin contrato de trabajo
Este caso envía un mensaje claro al sector hostelero, especialmente a los negocios que intensifican actividad durante ferias y fiestas populares: la figura del “amigo que echa una mano” no exime de cumplir la normativa laboral. De ratificarse la sanción, la propietaria no solo abonará la multa, sino también las cuotas impagadas a la Seguridad Social y, previsiblemente, recargos por infracotización.
La resolución refuerza además la doctrina administrativa que obliga a dar de alta incluso colaboraciones de corta duración cuando se desarrollan tareas fundamentales para la actividad económica. En definitiva, un precedente que invita a revisar plantillas y regularizar vínculos antes de que un inspector, tan anacrónico como imprescindible, irrumpa entre banderolas medievales y olor a choripán.