¿Quién no ha sentido un ligero mareo al intentar descifrar un decreto autonómico un viernes por la tarde? Ese momento en que las “acampadas en edificaciones rurales aisladas” suenan a plan idílico… hasta que aparece el artículo 3 con su jerga enrevesada. En Canarias, la cosa no es distinta: el borrador que regulará los alojamientos turísticos al aire libre ha soltado más de una ceja en alto.
Y no, no solo entre hoteleros; también en el sector agrario, donde cada palabra puede significar perder o salvar hectáreas de terreno fértil. Por eso, el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos de Centro y Canarias, nada menos que 1.600 profesionales, ha decidido pasar del murmullo al documento oficial y presentar alegaciones. Porque cuando la norma es ambigua, la cosecha se resiente y, por extensión, el bolsillo de todos.
¿Por qué “acampadas en edificaciones rurales” siembra dudas?
Primero, el concepto: el artículo 3 describe unas acampadas que, según los ingenieros agrónomos, parecen sacadas de un catálogo turístico más que de una realidad agraria. Su redacción mezcla patrimonio cultural con alojamiento efímero y deja en el limbo qué se entiende por construcción integrada en el territorio.
Además, la ubicación en “suelo rústico” suena bien en el PowerPoint, pero sin criterios nítidos puede abrir la puerta a improvisaciones urbanísticas. Aquí el riesgo es doble: se desdibuja la función productiva del campo y se banaliza la conservación del paisaje canario, ese que todos presumimos en Instagram.
¿Qué cambios propone el Colegio Oficial de Ingenieros Agrónomos?
Antes de que el decreto se imprima en papel timbrado, los agrónomos plantean meter bisturí fino en dos artículos clave y pedir, por favor pero con firmeza, objetividad negra sobre blanco.
- Nuevo texto para el artículo 3: exigir que las edificaciones estén dentro de explotaciones agrarias activas, inscritas en los registros REAC y REGAC, y que conserven el patrimonio cultural canario.
- Cirugía al artículo 79: vincular de verdad (y no de boquilla) cada alojamiento con una explotación registrada cuyo titular sea agricultor profesional o entidad dedicada, principalmente, a la actividad agraria.
Con estos ajustes, la norma pasaría de “folleto turístico ambiguo” a “herramienta clara que protege el campo”.
Un suelo agrario que vale oro, y no solo por los tomates
El suelo rústico canario no es un simple escenario volcánico para selfies: es estratégico. Produce alimentos que reducen la dependencia exterior, protege frente a incendios y riadas, genera hábitats naturales y, de propina, ayuda a enfriar el planeta. Si el decreto olvida ese detalle, el turismo ganará camas pero la isla perderá su colchón ecológico.
De ahí que los agrónomos insistan en blindar cada metro cultivable. Porque cuando la tierra fértil escasea, no se trata solo de romanticismo rural; se trata de soberanía alimentaria y, qué demonios, de que un kilo de papas no acabe costando lo que un billete a Madrid.
Pasos prácticos para no perderse en el nuevo decreto
Quienes gestionen explotaciones o planeen ofertar alojamiento deben, en primer lugar, confirmar que su finca figura en REAC y REGAC; sin esos sellos, el artículo 79 les cerrará la puerta. En segundo lugar, conviene revisar si la edificación realmente forma parte del patrimonio cultural canario o, como mínimo, se integra en el paisaje sin agredirlo. Y, finalmente, todo proyecto turístico debe ir acompañado de un plan agrario: demostrará que la parcela seguirá produciendo y no se convertirá en simple decorado para fotos con sombrero de paja.
Así, la norma podrá armonizar turismo y conservación sin que la burocracia (artículos, registros y demás) se convierta en otro monstruo que devore terreno fértil. Porque, al final, lo que se juega Canarias no es una simple parcela más en el mapa, sino su futuro agrícola y el de quienes vivimos de sus frutos.