Una sentencia anula el lanzamiento de la vecina, que sufrió un cambio de cerradura y presiones constantes para abandonar su alquiler de renta antigua.
Carmen Débora, de 89 años, acaba de ganar una batalla legal que se prolongaba desde 2021. La Audiencia Provincial de Valencia ha dictaminado que el desahucio que había sufrido era nulo y ha obligado al propietario del edificio a restablecerle el contrato de alquiler de renta antigua del que disfrutaba desde 1974. El caso, impulsado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), incluye también una denuncia por acoso inmobiliario ante la Conselleria de Vivienda.
Un proceso marcado por el acoso inmobiliario y la renta antigua en el barrio de Patraix
Según la versión de Débora, el propietario heredó el edificio en 2016 y desde entonces comenzó a explotar la finca mediante alquiler de habitaciones y apartamentos turísticos. Sin embargo, ella mantenía un contrato de renta antigua y pagaba 200 euros al mes. “La situación se volvió insostenible”, explica la mujer, que asegura haber recibido amenazas anónimas y presiones constantes para marcharse.
En noviembre de 2021, un juzgado emitió una orden de desalojo, alegando que Débora incumplía su contrato por la tenencia de animales. Pese a que el lanzamiento no se llevó a cabo de forma convencional, finalmente la anciana se encontró con la cerradura cambiada y la mayor parte de sus pertenencias dentro de la vivienda.
Las investigaciones de la PAH y la Conselleria de Vivienda revelan más casos de acoso
Con el apoyo de la PAH de Valencia, la familia de Débora interpuso una denuncia por lo que consideran un episodio de acoso inmobiliario. Explican que, desde la fecha del desahucio, ha recibido anónimos con alusiones personales y amenazas de denuncia, así como continuos golpes en la puerta en horas intempestivas.
La Conselleria de Vivienda ha abierto un expediente tras recibir la denuncia formal de la PAH. Este organismo está acumulando testimonios similares de personas con contratos de renta antigua o alquileres a bajo coste, a fin de averiguar si se trata de una práctica habitual para presionar a los inquilinos vulnerables.
La Audiencia Provincial de Valencia devuelve la vivienda a Carmen Débora con el mismo contrato
Tras el recurso interpuesto, la Audiencia Provincial concluyó que el lanzamiento efectuado carecía de validez por no haberse cumplido todos los requisitos procesales. Dicha decisión obligó al arrendador a devolverle las llaves a Débora y a restablecer el contrato con las mismas condiciones, lo que sucedió finalmente en julio de 2022.
Sin embargo, la familia comenta que ha sido un período muy complicado, con constantes traslados a casas de amigos y parientes. Dolores, hija de Débora, señala que la policía incluso llegó a personarse en el domicilio en varias ocasiones para confirmar las denuncias sobre ruidos, sin encontrar evidencias de molestias reales.
Comparativa con otros casos de acoso inmobiliario en la Comunidad Valenciana
Este episodio no es el único que investiga la PAH. Desde la aprobación del decreto contra el acoso inmobiliario, impulsado al final de la anterior legislatura del Gobierno autonómico, se han registrado al menos seis denuncias similares. En su mayoría, responden a situaciones en las que se busca forzar la salida de inquilinos con contratos antiguos.
La nueva normativa sanciona hasta con un millón de euros a quienes ejerzan estas prácticas intimidatorias, ya sean grandes empresas o particulares que buscan deshacerse de alquileres poco rentables para explotar de otro modo los inmuebles.
El triunfo judicial de Carmen Débora sienta un precedente para otros inquilinos en situaciones parecidas. Según los expertos, la resolución de la Audiencia Provincial refuerza la figura del inquilino vulnerable y da más margen de actuación a la Administración en su lucha contra el acoso inmobiliario.
Por lo pronto, la PAH celebra la victoria y exige un mayor control a propietarios que, con diferentes tácticas, tratan de obligar a los arrendatarios a abandonar sus viviendas. Para la familia de Débora, la prioridad ahora es recuperar la tranquilidad y el derecho a disfrutar de la vivienda en la que ha vivido desde hace casi medio siglo.