Al menos dos municipios sevillanos han recibido advertencias formales por no mencionar a la administración autonómica en programas subvencionados
La tensión entre administraciones por la autoría de las ayudas públicas ha sumado un nuevo capítulo en Andalucía. Tras el enfrentamiento entre el Ministerio de Transportes y la Consejería de Fomento por no reconocer la financiación estatal en los bonos gratuitos para menores de 14 años, se ha conocido que la propia Junta de Andalucía emplea métodos similares cuando las subvenciones parten de fondos autonómicos. En los municipios sevillanos de La Algaba y Osuna, la Delegación Provincial ha enviado cartas advirtiendo de que podrían perder el acceso a subvenciones si no incluyen adecuadamente la autoría de la financiación.
El origen del conflicto sobre estas ayudas
En ambos casos, el origen del conflicto ha sido la omisión del papel de la Junta en la difusión pública de programas de formación y empleo. En La Algaba, tres programas destinados a mejorar la empleabilidad de 40 vecinos fueron presentados como una iniciativa municipal, sin mención a la Consejería de Empleo. La respuesta no tardó en llegar: una carta oficial advertía del posible reintegro de la subvención por incumplir los requisitos de visibilidad exigidos por la normativa autonómica.
El delegado de la Junta en Sevilla, Ricardo Sánchez, lamentó públicamente la falta de reconocimiento a la financiación andaluza y subrayó que la lealtad institucional “es vital para el bienestar ciudadano”. Para subsanar el error, el alcalde accidental de La Algaba remitió un escrito reconociendo el malentendido y, según el regidor titular, el delegado autonómico exigió incluso una explicación presencial ante los alumnos beneficiarios.
La situación en el municipio de Osuna
Algo similar ocurrió en Osuna, donde la Junta detectó que una publicación municipal sobre cursos de formación no hacía mención a su colaboración a través del Fondo Social Europeo. El Ayuntamiento sí destacaba la participación del Gobierno central y del propio consistorio, ambos gobernados por el PSOE. La advertencia fue clara: hasta 6,5 millones de euros en ayudas podrían quedar en suspenso si no se rectificaba.
El Consistorio corrigió la información en su web, aunque denunció el exceso de vigilancia y aseguró que los cursos sí contaban con recursos municipales. “Parece que hay alguien revisando a diario nuestras publicaciones”, ironizaban fuentes municipales, que añadieron haber presentado las alegaciones pertinentes.
Este tipo de avisos no son excepcionales. De hecho, la normativa autonómica exige que en todas las actividades financiadas total o parcialmente por la Junta, se indique de forma visible el origen de los fondos y se cite expresamente a la consejería correspondiente. Un requisito que, en estos dos casos, no se cumplió inicialmente.
La paradoja se vuelve evidente al comparar estas actuaciones con la disputa abierta entre la Junta y el Gobierno central. El conflicto por las ayudas al transporte público gratuitas para menores de 14 años, financiadas con fondos estatales, estalló tras la negativa de la Consejería de Fomento a mencionar su procedencia. El ministro Óscar Puente advirtió entonces de la posible retirada de la ayuda si no se cumplía con la normativa de visibilidad.
La postura del presidente Juanma Moreno
Sin embargo, la Junta no ha ofrecido una respuesta formal a esa advertencia. Juanma Moreno calificó la postura del Gobierno como un “acto de chulería y arrogancia”, mientras que desde la Consejería se insiste en que si el Estado no aporta el dinero, la Junta lo asumirá con fondos propios. La medida, prevista para entrar en vigor el próximo 1 de julio, sigue sin una resolución clara. Los servicios jurídicos de la Junta preparan ya un recurso, y el presidente andaluz ha asegurado que llevarán el asunto a los tribunales si fuera necesario.
Así, lo que en un principio parecía un desacuerdo puntual entre administraciones, refleja un conflicto más profundo sobre el uso político de las ayudas públicas y la importancia de su visibilidad. Y en este cruce de exigencias, los ciudadanos, los verdaderos beneficiarios de estos programas, quedan en segundo plano.